A propósito de bonos y privilegios
En agosto del 2009, el ex diputado federal del PAN, Gerardo Priego, devolvió más de un millón de pesos en boletos de avión que no utilizó durante su gestión como legislador.
Apenas hizo la denuncia, fue acusado de corrupto y de haber pedido, en el año 2000, un soborno de 100 mil dólares a cambio de aceptar ser el candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco. Otros lo tacharon de incongruente: “debería devolver toda la dieta”, lo retaban.
Se enlodó el ambiente con descalificaciones que hicieron que olvidáramos lo sustancial: si un diputado federal regresa más de un millón de pesos por concepto de boletos de avión “no canjeados”, ¿Cuánto gasta el Poder Legislativo en los 500 diputados?
En diciembre pasado, renuncié públicamente a la prestación del seguro de gastos médicos mayores que me asignaron. Prestación que, en 3 años de Legislatura, costará más de 7 millones de pesos y bien podríamos destinar a políticas sociales.
No hay que ser un genio para saber que la respuesta que obtuve de mis compañeros fue muy similar a la que en su momento obtuvo Gerardo Priego: “incongruente”, “que renuncie a la dieta” y una cantaleta de pretextos, con tal de no enfrentar el tema y perder un solo privilegio, tratando de sembrar la idea de que “todos son iguales” y que no importan los matices.
El jueves pasado, con una sola abstención (la mía) y la unanimidad de mis compañeros, fueron castigados ex regidores de Tepetongo por haberse otorgado, cada uno, un bono injustificado y no presupuestado de 11 mil pesos en el 2006.
No me pronuncié en tribuna contra la decisión, sino contra la hipocresía de sancionar con dureza a estos ex funcionarios, cuando nosotros autorizamos en diciembre pasado una ampliación presupuestal tampoco justificada ni presupuestada.
Acusé que la clase política reproduce una especie de circo romano, castigando con severidad a ciertos chivos expiatorios mientras las graves irregularidades pasan desapercibidas. ¿Muestras?: las luminarias, el palacio de convenciones, Ciudad Gobierno y los bonos y liquidaciones de funcionarios de primer nivel.
Otra vez he recibido la misma cantaleta de la “congruencia”: “como Jorge también lo recibió, que ni hable de bonos”.
En principio, quiero decir que eso es absurdo. La congruencia no puede ser sinónimo de complicidad y silencio. Jamás avalaré aquella premisa en la que “lo malo no es lo que hagas, sino que te descubran”.
Asimismo, decir que varios diputados, no solo yo, dimos una pelea pública por la reducción del presupuesto del Poder Legislativo y la perdimos. Y que una vez perdida la batalla, hice el compromiso público de no ejercer de forma directa esos recursos.
Firmé un convenio con la UAZ, en el que comprometí más de 350 mil pesos en distintos proyectos: Escuelas Populares de Artes en Guadalupe, “Espacios del cuidado de sí mismo” (con psicólogos, nutriólogos y activadores físicos), Agencias para la generación de proyectos productivos (con el compromiso de generar 160 empleos) y Comunidades de Aprendizaje (talleres arísticos para jóvenes y niños).
Con la UTEZ he pactado más de 40 mil pesos en actividades diversas: cursos de computación, computadoras para estudiantes de bajos recursos, becas y cursos a emprendedores.
En festivales realizados en el mes de diciembre y los meses de abril y mayo invertimos más de 100 mil pesos en obras teatrales, espectáculos de danza, juguetes, y una campaña de salud bucal. Más de 21 mil pesos donamos al Twestival para financiar el programa Segunda Oportunidad, de ODISEA, A.C. y más de 40,000 pesos en uniformes deportivos para 35 equipos. También hicimos convenios para mejoramiento de infraestructura con una docena de escuelas.
Pero a pesar de ese ejercicio y demás apoyos de gestión me pregunto: ¿Es esa la labor de un diputado? ¿Jugarle al “Santa Claus” con los recursos de gestión en diciembre, el 10 de mayo y el día del niño?
Yo creo que no, y así lo he defendido en el Congreso. Si mi posición no es avalada por la mayoría, trato de disponer de la mejor forma posible de los recursos que se me asignan, y mezclarlos con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Hacerlo no me hace cómplice de nadie, ni aval de ningún ejercicio indebido de recursos.
¿Cuál sería la otra opción? “Regresar el dinero”, dicen algunos; ¿A quién?, ¿A los mismos que lo administran en la Legislatura? ¿A los mismos que han administrado más de 700 mil pesos no ejercidos por falta de secretario general? No, gracias. Prefiero establecer convenios y desplegar las políticas mencionadas que “regresarlo” a quienes lo dilapidan en gasto corriente y privilegios.
Seguiré insistiendo: nuestro deber es legislar, generar derechos sociales y círculos virtuosos que permitan reconstruir el tejido social. Intentaré que se haga de forma colectiva, si se permite, y lo haré de forma individual, si es la única vía posible.
Siempre será mejor hablar con la verdad. Estoy listo para informar a cualquier ciudadano que así lo demande sobre la política de gestión que desplegamos. Y también estoy listo a que esas acciones y “ayudas” sean sustituidas por verdaderas políticas públicas que generen derechos a las personas.
Pero jugar bajo las reglas establecidas jamás me hará cómplice ni me obligará a guardar silencio ante situación alguna.
*Diputado local
