A pesar de magistrados seguirá persecución de funcionarios corruptos
Aguascalientes, Ags.- El secretario general de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes y el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, Alberto Solís Farías condenaron la notificación hecha por el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alfonso Román Quiroz, de declarar la nulidad de los procedimientos administrativos de responsabilidad en los procesos que se siguen a ex funcionarios estatales.
En conferencia de prensa que ofrecieron de manera conjunta, Solís Farías, se manifestó respetuoso tanto del Poder Judicial como de los jueces que lo integran, sin embargo rechazó de manera contundente los criterios emitidos por el magistrado del TCA en el sentido mencionado, pues éstos ponen en duda la imparcialidad y objetividad de este Tribunal, donde existe una sospechosa premura por eximir de responsabilidad administrativa a estos ex funcionarios.
“No coincidimos con esta postura, contraria a la instrucción del señor Gobernador de abatir por todos los frentes las acciones de corrupción y de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y menos aun cuando por Ministerio de Ley ha nacido a la Vida Jurídica la Sala Administrativa y Electoral por virtud del Decreto Número 205 publicado el 25 de junio del presente año, por lo que es cuestionable que el magistrado siga actuando como Tribunal Unitario, cuando debe ser integrada de forma colegiada, es decir, por tres magistrados, dos de los cuales están próximos a elegirse”.
Advirtió sin embargo, que esta actitud no incide en el ánimo de la Secretaría de Fiscalización a su cargo, pues las expresiones de este funcionario tendrían repercusión únicamente en el plano administrativo y no impedirán que se continúe con el procedimiento, incluso penal en contra de Armando Jiménez Sanvicente, Jaime Santos Landín, Pedro Carneado García, Ventura Vilchis Huerta, Florentino Reyes Berlié y Alejandro Albarrán Castañeda, a quienes se les investiga por desviaciones de recursos públicos que en su conjunto alcanzan al momento los 25 millones de pesos.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes responsabilizó de manera individual a los jueces o magistrados que emitan resoluciones que no se apeguen estrictamente a derecho. Se dijo extrañado porque de manera atropellada se trata de liberar administrativamente de responsabilidad a ex funcionarios públicos implicados en desvíos y faltantes de recursos.
Advirtió que se habrá de acudir ante el Consejo de la Judicatura para combatir las resoluciones tomadas en base a falsas interpretaciones, pues la sociedad ha estado exigente y el Gobierno del Estado atento a que estos procedimientos se sigan por los cauces legales, de ahí que se promoverán todas las acciones, por todos los medios posibles, para exigir el resarcimiento del daño causado a las arcas de los estados.
