Reforma educativa y crisis estructural de la UAZ: ¿Hacia una nueva gobernabilidad?
MANUEL IBARRA SANTOS
La reforma educativa integral en el país, con dos de tres leyes secundarias aprobadas ya por el Congreso de la Unión, en los hechos busca – no sin complicaciones y ajustes traumáticos-, sentar las bases de un nuevo modelo de enseñanza y de racionalidad académica que ayuden a fortalecer los procesos de calidad y a superar de raíz la endémica mediocridad, la indolencia y la corrupción, factores que han dominado, por años, al sistema educativo mexicano. Bien vale la pena afrontar los riesgos, en aras de forjar una mejor Nación, teniendo a la educación como palanca del cambio.
La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, cuya discusión y aprobación se ha pospuesto para inicios del mes de septiembre próximo- quizá después del primer informe presidencial de Enrique Peña Nieto, para no contaminarlo-, propone en su contenido, junto con las otras normas secundarias, una serie de transformaciones en materia educativa que involucra simultáneamente en su dinámica de reforma las dimensiones jurídica, política, pedagógica, laboral y administrativa.
1).-Esta es, ni duda cabe, una reforma educativa y pedagógica, porque modifica de raíz las tradicionales y obsoletas prácticas del quehacer docente, e incorpora una renovada racionalidad académica, fundada en una evaluación rigurosamente científica, en la transparencia y rendición de cuentas, en perfiles de desempeño personalizados e indicadores empíricamente medibles y objetivos.
2).-Es una reforma administrativa porque integra al Estado mexicano – y a los diferentes niveles de gobierno-, estructuras emergentes de gestión de calidad, de innovación y de mejora continua, que procuran saltar las trampas impuestas por las anquilosadas burocracias paralizantes e improductivas.
3).-La reforma educativa es también una reforma laboral, por una simple razón: introduce acuerdos legales que fundamentan los procesos de ingreso, permanencia y promoción del docente en el servicio y elimina la antigua clausura del control clientelar en la distribución de plazas en manos del sindicato.
4).-Es asimismo una gran reforma política, debido a que la reforma educativa integral ha hecho posible la construcción de un nuevo pacto histórico de relaciones entre el Estado mexicano y el SNTE. Con esto, los procesos de promoción de calidad y las tareas de profesionalización del docente quedarán bajo la potestad exclusiva de organismos técnicamente especializados y no en la esfera del control clientelar del sindicato. Este es otro cambio radical y de fondo.
5).-El principio de gobernabilidad: con la reforma integral se modifican en su conjunto los principios jurídicos del modelo educativo descentralizador herencia del “salinismo” de 1992, y se apuntala un diferente principio de gobernabilidad de la enseñanza pública, sustentado en la calidad y en la profesionalización del docente, y no en el manejo corporativo de los profesores a través del Sindicato y de las mafias burocráticas (SNTE).
LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LOS AJUSTES TRAUMÁTICOS:
La reforma educativa integral del país quedará, finalmente, soportada por tres leyes secundarias: reformas a la Ley General de Educación, iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e iniciativa de Ley General del Servicio profesional Docente. Las dos primeras ya fueron discutidas y aprobadas por el Congreso de la Unión. La tercera y última será sometida a dicho proceso legislativo hasta el mes de septiembre.
La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente – con una estructura jurídica de 5 títulos, 64 artículos y 19 transitorios-, es quizá la que más resistencias e inconformidades ha provocado en los núcleos nacionales de insurgencia magisterial, porque plantea algunas propuestas de ajuste radical que afectan y tocan intereses personales y de grupo.
Por ejemplo, el Artículo 53 de la referida iniciativa de Ley estipula que si después de la aplicación de tres procesos de evaluación anuales continuos a los profesores y los resultados son insuficientes y este no los aprueba, entonces será re/adscrito o en todo caso se dará por terminado el nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa.
El transitorio once (11) de la misma Ley del Servicio profesional docente anticipa virtualmente la desaparición, el 31 de mayo del 2015, de carrera magisterial, que es el programa de estímulos económicos más jugoso y atractivo, que contempla una serie de sobresueldos para los docentes, y al que están inscritos una cifra mayor a los 800 mil profesores en el país. En el último año se destinaron más de 50 mil millones de pesos a este rubro.
Lo cierto del caso, es que el programa de carrera magisterial y su elevado costo para la Nación no tienen relación con los pobres resultados de aprovechamiento escolar que aporta al sistema educativo mexicano, porque ha derivado en prácticas deshonestas, en desvíos y en actos evidentes de corrupción que no abonan a la calidad educativa. Se han dado casos excesivos de docentes que sin aprobar examen alguno han ascendido en el escalafón y a la inversa, profesores que habiendo cumplido todos los requisitos, se mantienen injustamente sin reconocimiento, ni estímulo, ni promoción.
El texto jurídico de la reforma educativa y el rol de las autoridades locales
Por eso, con la finalidad de que la reforma educativa aporte en los hechos resultados positivos al desarrollo de las entidades de la República, demandará de las autoridades locales sensibilidad, inteligencia y visión estratégica. Por si solo el texto jurídico de la reforma no hará automáticamente los cambios pedagógicos por una mejor calidad de la enseñanza pública, que la sociedad requiere.
La crisis estructural de la UAZ:
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) experimenta en la actualidad, en la narrativa de la historia contemporánea – de 1968 a la fecha-, una de sus más profundas crisis estructurales de gobernabilidad, producto de la acumulación de inercias y actos de irresponsabilidad, asociados a la carencia de una adecuada cultura de la programación racional y la planeación estratégica. El problema de fondo es que ha faltado, también, capacidad de acción para perfilar un nuevo proyecto, sólido y moderno, de Universidad Pública, que responda a las aspiraciones de un Zacatecas más próspero. A quien corresponde esa misión: ¿Al Estado? ¿Al gobierno?¿A los universitarios? ¿O bien, a todos en conjunto?
La Universidad ha sido y es -indiscutiblemente- la institución pública que mayor influencia cultural ha ejercido en el desarrollo cultural de Zacatecas. Lo que en ella se haga, repercute incuestionablemente, para bien o para mal, en la vida del Estado. En la actualidad atiende más del 62 por ciento del total de la matrícula en educación superior y cuenta con una extraordinaria plantilla de trabajadores. Es espacio de difusión del conocimiento universal. El litigio público sobre la renuncia o no del rector abrió un dilema – además de sembrar un distractor, en relación al liderazgo de la Máxima Casa de Estudios respecto a la conducción del Estado. La realidad, por otra parte, es que se tendrá que acudir, en esta coyuntura, a plantear, soluciones de fondo a los males que aquejan a la UAZ. La simulación y la indolencia no le ayudan.
El rescate integral de la Universidad, es una de las máximas prioridades para la gobernabilidad y progreso del Estado. Que sea lo que siempre ha sido: la palanca de las transformaciones y no el botín de unos cuantos. Pero tiempo es, sin pretextos, de que la institución corrija su rumbo.
