Ofrecer becas y empleos a jóvenes, respalda Foro Nuevo Sol

El juicio que las autoridades del estado de Morelos siguen en contra de Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, menor de edad que comenzó a secuestrar, torturar y a asesinar a la edad de 11 años, ha reabierto el debate sobre posibles cambios legislativos relacionados con la edad en que menores de edad deben ser juzgados como adultos por delitos cometidos, aunque sin profundizar sobre las causas que han llevado a más niños y adolescentes a delinquir en nuestro país.

Vía comunicado, la coordinadora nacional de Foro Nuevo Sol-PRD, Hortensia Aragón Castillo, señaló que en diciembre de 2010 el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que establece ordenamientos para juzgar a los menores que hayan cometido delitos graves, con penas hasta de siete años de prisión, exentando de toda responsabilidad a los menores de 12 años a los que se les atribuya una conducta tipificada como delito.

Sin embargo, los ilícitos en que se han visto involucrados menores de edad siguen sin poder ser frenados.

De acuerdo con cifras oficiales, el número de menores de 18 años presentados ante el Ministerio Público por delincuencia organizada se ha incrementado hasta en 70 por ciento en los últimos cuatro años.

Según datos de la PGR, de 2007 a 2010, cinco mil 113 menores fueron detenidos por cometer ilícitos federales, esencialmente contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Ley contra la Delincuencia Organizada, aunque de dicha cifra la dependencia reconoce sólo 95 casos probados de vínculos de menores con cárteles de la droga.

Datos más alarmantes, en poder de la Red por los Derechos de la Infancia de México (RDIM) señalan que el crimen organizado en México ha reclutado en los últimos cinco años a unos 30 mil niños y niñas que realizan diversas actividades delictivas, desde tráfico de droga hasta homicidio, pasando por el tráfico de inmigrantes.

Los casos más frecuentes son los de ‘informantes’ o “halcones”, otro importante segmento dedicado a producir drogas y otro más reducido cuyos integrantes operan como matones dentro de los organigramas de los cárteles de la droga.

La PGR señala que de diciembre de 2006 a abril de 2010, un total de tres mil 664 menores de edad fueron detenidos en operativos contra la delincuencia organizada, lo que constituye un motivo para revisar si estos deberían ser tratados como delincuentes adultos, ya que hay quienes opinan que la mayoría de las veces son reclutados por criminales contra su voluntad y luego forzados bajo amenazas para cometer ilícitos por los que, dada su minoría de edad, las penas que recibirán no rebasarán los cinco años en centros de readaptación especiales o inclusive en sus domicilios a manera de libertad condicionada.

Además, la incapacidad de las autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal para ofrecer verdaderas alternativas productivas a miles de hombres y mujeres a los que cada vez desde más temprana edad se les están negando oportunidades de progreso económico e intelectual, es otro de los factores que han ocasionado que cada año un mayor número de menores de edad, sobre todo mujeres, se enrolen en las estructuras delictivas que operan en el país.

Aunque entre la sociedad en general ha causado alarma el que en círculos políticos y gubernamentales se reconozca abiertamente la existencia en nuestro país de más de siete millones de niños y niñas que no estudian ni trabajan, es decepcionante conocer que a pesar de la gravedad de dicho asunto sólo cinco estados de la República mexicana (Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo) cuenten con programas para atender a los mal llamados “ninis” (población entre 12 y 29 años de edad en dicha condición).

La experiencia reciente ha dejado en claro que entre los partidos y grupos políticos existen tres formas de atender dicho fenómeno:

1.- La del gobierno de Felipe Calderón, que a pesar de la errática estrategia contra los cárteles de la droga que ha ocasionado la existencia de un mayor número de menores enrolados en actividades delictivas o de niños y niñas asesinados en retenes militares, fuego cruzado o por venganza entre los cárteles, sigue empeñado en continuar con dicha política a costa de lo que sea.

2.- La de los gobiernos del PRI, que aún reconociendo la veracidad de los datos duros existentes sobre menores sin oportunidades de educación y empleo en dichas entidades que los han convertido en carne de cañón para la delincuencia, han optado por minimizar un asunto que revela un grave problema de cohesión social que requiere de una profunda autocrítica para poder solucionarlo.

Prueba de ello son las declaraciones hecha por Melissa Vargas, directora del Instituto de la Juventud del Estado de México (Injudem), quien a pesar de reconocer que en la entidad existen 600 mil que no estudian ni trabajan, dijo que en su enorme mayoría éstos se encuentran en esa situación por decisión personal y no por falta de oportunidades.

Peor aún, la funcionaria mencionó que a la problemática han abonado como padres permisivos y poco exigentes, que en lugar de alentar a sus hijos a salir a buscar una actividad productiva, toleran que pasen horas frente al televisor o colgados en Internet.

3.- La de Marcelo Ebrard Casaubón, que dado el panorama desolador que se vislumbra para el futuro de nuestros hijos e hijas, ha marcado como imperante ofrecer becas y empleos a una población que antes que medidas jurídicas requiere alternativas de desarrollo.

De acuerdo con el jefe de Gobierno del DF y presidente en turno de la Conago, para lograrlo es necesario relanzar el denominado Operativo Conago-1, ahora bajo un esquema de corte social, enfocado a ofrecer, mediante una bolsa de trabajo nacional, empleos y becas a jóvenes con el fin de que no sean presa de prácticas nocivas y la delincuencia. En dicho plan todos los gobiernos integrarán una base nacional para que los jóvenes de escasos recursos no tengan como opción la delincuencia.

Estamos seguros que el plan propuesto por Marcelo Ebrard Casaubón, que fue respaldado por unanimidad por todos miembros de la Conago, es una medida humanista que debe ser asumida como una alternativa viable a las medidas punitivas diseñadas desde el Legislativo para castigar como adultos a los menores infractores, que deben ser asumidos como víctimas del sistema económico y político que el neoliberalismo ha alentado en los últimos 30 años.