La acción legislativa a favor del federalismo y el municipalismo
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
El próximo miércoles en el puerto de Acapulco, Guerrero, se llevará a cabo la Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL). Cabe recordar que esta Conferencia es un organismo incluyente y plural que agrupa a diputados representantes de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo objetivo radica en plantear propuestas en beneficio de las y los ciudadanos mediante acciones legislativas acordes a la realidad nacional; pero surgidas desde cada punto de la República Mexicana. Cabe mencionar que entre los principales temas que se abordarán en las mesas de trabajo en Acapulco, destacan los siguientes: “Entidades Federativas en la transición democrática”, “Procuración y Administración de Justicia” y el “Nuevo Sistema de Coordinación Hacendaria”.
La COPECOL tiene que consolidarse como un instrumento que fortalezca la gobernabilidad local, enriquezca el diálogo en un marco de pluralidad y respeto para estrechar los lazos entre los congresos locales y el Poder Legislativo Federal, al igual que para perfeccionar y armonizar el proceso legislativo mediante la coordinación y homologación de leyes.
En este sentido, el conjunto de expresiones ideológicas y políticas que conformamos la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas, lo mismo que las legislaturas del país, coincidimos en la necesidad de revisar la estructura del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, porque todavía persisten en él, inconsistencias, inequidades y desequilibrios marcados. Necesitamos potenciar una mayor participación de las regiones y las entidades federativas en la vida pública e institucional del país.
Sin lugar a dudas, la modernización del país requiere de establecer un verdadero federalismo mediante nuevos modelos institucionales que permitan una mayor descentralización en la toma de decisiones, equilibrio y eficacia en la asignación de recursos, así como una mejor distribución de responsabilidades fiscales entre los diferentes niveles de gobierno para que los estados y los municipios del país tengan capacidad de afrontar con éxito sus propias problemáticas.
Precisamente, hoy en día, parte esencial de la fortaleza institucional de México depende en gran medida de que el reparto de competencias constitucionales entre las autoridades federales y las entidades federativas sea más equitativo. En este sentido, como un servidor ha venido insistiendo, tenemos que revertir el centralismo fiscal que afecta a estados y municipios; fortaleciendo a las regiones y buscando acabar con la burocracia hacendaria.
En particular, las y los legisladores tenemos que fomentar el ejercicio de una real división de poderes en el marco de un nuevo Federalismo, empoderando al Municipio como instancia de gobierno de mayor cercanía con el ciudadano. Los gobiernos locales deben tener la capacidad para procurar la inclusión, el bienestar y la seguridad de las y los ciudadanos. Como he venido insistiendo, tenemos que robustecer financieramente a los municipios del país, atendiendo sus necesidades específicas dentro de un nuevo sistema hacendario redistributivo y federalista. Sobre todo, porque a la fecha, es preocupante la cantidad de municipios que se encuentran endeudados y algunos de ellos casi en bancarrota: cerca de 200 en Veracruz, la mitad de los de Chiapas, Cuernavaca, Acapulco y cientos más en otros estados de la República.
Frente a esta situación, tenemos que fortalecer el ejercicio de la transparencia en la gestión municipal como parte esencial de la modernización municipal. Afortunadamente, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, va a mejorar la estructura de la información contable y el acceso a los datos sobre los gastos municipales que conlleven recursos de la federación.
Paralelamente, resulta fundamental profesionalizar la gestión municipal y aplicar políticas públicas de largo plazo que superen la coyuntura política de tres años; fortalecer el contrapeso en los cabildos procurando una participación más activa y responsable por parte de los regidores sobre todo en las decisiones relativas al ingreso, gasto y endeudamiento del municipio. Así mismo, es preciso fortalecer las potestades tributarias de los municipios que siguen siendo muy limitadas y no representan una fuente sólida de recursos, para dejar atrás la abrumadora dependencia de las transferencias federales.
En función de lo anterior, la legislación relativa a la vida municipal -especialmente del artículo 115 Constitucional- debe ser un proceso permanente, dirigido a fortalecer las capacidades del municipio en términos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y, con ello, darle una mayor dimensión a la vida democrática e institucional de nuestra nación. De ahí que las y los diputados locales, esperamos que los trabajos de la COPECOL sigan apuntalando estos objetivos.
