Reforma energética y la nueva expropiación petrolera: ¿Salto al futuro?
MANUEL IBARRA SANTOS
La propuesta de reforma energética planteada por el Presidente Enrique Peña Nieto, sin la definición de un nuevo modelo más justo de desarrollo y la construcción de un Estado con instituciones públicas más eficientes y transparentes, puede repetir el rotundo fracaso del proyecto privatizador de Salinas de Gortari de la década de los noventa del siglo pasado, que culminó con saldos sociales negativos al propiciar beneficios para muy pocos y que perjudicó a la mayoría de los mexicanos.
Y es que nadie hoy en día sensatamente puede sostener el argumento de que la riqueza petrolera es propiedad de la Nación y patrimonio de los mexicanos, cuando en realidad sólo unos cuantos son los grandes afortunados de gozar la fuerza económica producto de la renta originada por los ingresos de PEMEX. Entre ellos se encuentran las empresas concesionarias, los contratistas, el sindicato, una élite específica de políticos abusivos y la burocracia petrolera.
Por eso, la mayoría de los especialistas confirman su coincidencia de que la enorme riqueza petrolera del país ha sido desaprovechada para generar crecimiento económico, empleo digno, mejores niveles de bienestar y capacidad de combate a la pobreza en México. Esta excepcional fortaleza se ha dilapidado por el caño de la corrupción.
La ineficiencia y la corrupción que dominan a PEMEX, han hecho que desde hace mucho tiempo se perdiera la posibilidad de constituir una sólida soberanía energética. Y los datos lo ilustran: se exporta actualmente casi el 50% de las gasolinas que se utilizan en el país, el 30 por ciento del diessel y el gas natural. Los costos de los combustibles son exorbitantes, al igual que las tarifas de la energía eléctrica, que son dos veces superiores a las que prevalecen en los Estados Unidos de Norteamérica. México es altamente dependiente, en este como en otros rubros, del vecino país norteño.
Es un imperativo- con estas circunstancias- concretar una reforma energética que realmente permita recuperar por la Nación el dominio de la riqueza petrolera, para que sirva al desarrollo y a mejorar el bienestar de los mexicanos, más allá de visiones privatizadoras y/o estatistas.
Y es que la privatización por sí sola no es negativa. No hay que demonizar ideológicamente el concepto. Resulta perjudicial solamente cuando se aplica sin que el Estado cuente con mecanismos efectivos de regulación, para evitar la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, hecho que ya ha sucedido reiteradamente en la historia y evolución del país.
La iniciativa de Reforma Energética de Peña Nieto:
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión su propuesta integral de reforma energética –en un asunto que resulta de la mayor importancia para la vida de la República-, y en la que destaca como eje estratégico la incorporación y reconocimiento de la figura jurídica de los llamados contratos de utilidad compartida, para permitir y ampliar en PEMEX la presencia de capital privado en las tareas de exploración y producción.
El sentido propio del proyecto de reforma energética apela al cobijo y a la protección ideológica del pensamiento del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, bajo el argumento de que la iniciativa mantiene el petróleo bajo la propiedad de la Nación y la rectoría del Estado Mexicano. Lo que hay que aspirar es que esta propuesta sea efectivamente un salto modernizador al futuro y no una regresión dolorosa al pasado.
La misma iniciativa contempla la apertura del mercado de generación de energía eléctrica a la inversión privada, para abaratar costos y conferir mayor competitividad a la economía nacional.
Después de esto, el presidente Peña Nieto y su Partido, tendrán que configurar un gran pacto multipartidario, para que por la vía de una votación calificada sea aprobada la reforma radical al contenido de los textos de los Artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las diversas ofertas de reforma energética:
El debate de la reforma energética se moverá, en los próximos días, en la dinámica de tres ofertas, algunas de ellas muy limitadas:
1).- El PRI que avaló en su tiempo las reformas neoliberales de Salinas, tendrá que reconocer que la privatización por si misma – sin regulación estricta del Estado y la existencia de instituciones públicas eficaces – no sirve para generar riqueza, sino sólo nuevos millonarios como Carlos Slim.
2).- López Obrador busca sólo capitalizar ideológicamente la discusión en la calle, pero sin una propuesta coherente; el PRD de los “chuchos” (de Jesús Zambrano y Jesús Ortega) quieren avanzar con una interpretación dogmáticamente estatista al cuello. Quizá la propuesta más sensata de la izquierda, por mucho, está representada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien será un elemento conciliador y moderador en este histórico debate, y
3).- El PAN propone una reforma excesivamente privatizadora que no se atrevió a exponer cuando estuvo en el poder del gobierno de la República.
Federalismo y reforma energética:
La misma reforma energética tendrá que concebir la inducción de un nuevo federalismo que permita canalizar recursos financieros para el desarrollo de aquellos Estados tradicionalmente marginados, como Zacatecas.
