Seguridad, sin resultado alguno
LILIA ARELLANO
La pobreza iguala las diferencias sociales: Pedro Muñoz Seca
La danza de las cifras va convirtiéndose día con día en un baile de máscaras en donde predomina la mentira y la ambición. Para expertos consultados resulta inexplicable que se presenten porcentajes que hablan de disminución de la pobreza o de la violencia cuando no se ha ejecutado acción alguna que respalde estos dichos. Más aún, es del todo incomprensible que siendo Pemex una empresa de reconocimiento mundial reporte una pérdida acumulada de su patrimonio o capital contable de 324 mil 360 millones de dólares en lo que va de este año, en el que se han mantenido las exportaciones del crudo y su precio se ha manejado con aceptable estabilidad.
El Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) refiere que el 45.5 por ciento de los mexicanos somos pobres, lo cual transformado en individuos se trata de 53.3 millones; esto significa que el año pasado había medio millón más de pobres que dos años antes. Pero resulta que si toman en cuenta el incremento y la población total, ese 45.5 por ciento es menor que el porcentaje que se reportaba en el calderonato, que era del 46.1 por ciento; ante este juego de espejos estadístico, surgen los cuestionamientos sobre el tipo, el momento, el lugar, el monto, la supervisión para constatar la veracidad de acciones para combatir y, por ende, disminuir una pobreza de la cual lo único palpable es su crecimiento.
Este mismo organismo reporta que en pobreza extrema sobreviven 11.5 millones de personas, es decir, casi el 10 por ciento de la población y esta vergonzosa cifra la celebra refiriendo que es menor a la registrada hace dos años que alcanzó al 11.3 por ciento. Si establecemos una referencia entre estos reportes y el contar con un mexicano que es el hombre más rico del mundo podremos sin necesidad de tanto estudio tener muy clara la distribución de riqueza que existe en nuestro país. Una vez hecho este “reconocimiento oficial” uno se preguntaría: “¿Y…? ¿Qué se hace? ¿De qué manera puede aliviarse esta situación?”.
Para los flamantes administradores gubernamentales, que no gobernantes, la mágica solución estriba en establecer la igualdad, es decir, todos jodidos. Por ello, es que se hacen exhaustivos esfuerzos para lograr mediante un consenso mayoritario que les aprueben el IVA a los alimentos y medicinas y que el porcentaje de este impuesto llegue a ser hasta del 19 o 20 por ciento, exentando a una raquítica e insuficiente canasta básica, y en el caso de los medicamentos a algunos genéricos y obviamente a los mejorales, las aspirinas y el alka-seltzer.
Con esta nueva carga tributaria está garantizado un gran golpe para la clase media que ya vera de qué manera se concibe la igualdad. Queda suficientemente claro también el esfuerzo de Luis Videgaray y, en general, del gabinete económico de Peña Nieto para obtener recursos a toda costa respaldados también en el llamado Pacto por México, en el cual la lucha que presentan los partidos políticos no es para proteger a los mexicanos de esta nueva carga tributaria o de mantener intocable el ya muy disminuido patrimonio petrolero, es decir, nada que tenga que ver con los ciudadanos sino con lograr mayores prebendas y presupuesto para los partidos políticos, ya que es mediante este manejo y los recursos asignados a las bancadas que los lideres logran incrementar sus patrimonios familiares.
Y esto lo constata el propio dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien declaró ayer que el gobierno federal y el PRI generan especulaciones sobre la reforma energética al no presentar su propuesta. El líder perredista rechazó que las reformas se condicionen, pues advirtió que las fuerzas políticas, refiriéndose a su partido, al PAN y al PRI, acordaron que primero se presentará una reforma política, es decir, “de a cómo les va tocar a cada partido en el reparto presupuestal” y después las demás reformas.
Con la reforma energética –la cual ya están justificando con las supuestas pérdidas millonarias de Pemex- no veremos disminuir ni mucho menos desaparecer los “gasolinazos”, tampoco se reducirán las tarifas eléctricas y, en ambos renglones, la ola de incrementos será cuantiosa porque sólo así lograrán suplir los impuestos que actualmente paga la petrolera y que ya no les llegarán en cuanto exista una inversión privada que exija que los tributos sean similares a los que se pagan en otros países productores de petróleo, mismos que son infinitamente menores que los que aquí se liquidan. Salvo que realmente se logre una movilización popular que demande que se anulen estas reformas, no hay ni el menor asomo de duda de que serán impuestas.
Lo que no se han dignado a explicar los funcionarios del gabinete energético es de dónde saldrán los extraordinarios recursos tributarios que actualmente aporta Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda y que les permite tener esos cuantiosos presupuestos federales de billones de pesos que finalmente no se aplican ni se destinan a cubrir las grandes necesidades de la población y que terminan despilfarrándose en salarios a los burócratas en el mejor de los casos y ocultos en fideicomisos en el peor de ellos.
Por lo que respecta al terreno de la seguridad, en donde también presumen de triunfos cuando lo único real ha sido la entrega pactada de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40’”, siguen empeñados en presentarnos un panorama y un sinnúmero de reportes en los que consideran que la violencia y los actos delincuenciales han disminuido. Sin embargo, la realidad nos muestra un rostro totalmente diferente, y no hay día en el que no sean reportadas un mínimo de 30 ejecuciones, todas ellas sanguinarias, con colgados, mutilados, cremados; siguen descubriéndose las fosas clandestinas y obviamente no hay rastro alguno de miles de desaparecidos.
Recientemente esta el caso de una ejecución por demás sobresaliente, la del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y en la que presuntamente están implicados tres integrantes de la organización criminal los “caballeros templarios”, que están detenidos y son interrogados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, que de inmediato atrajo el caso. Destaca el hecho de que sea precisamente en Michoacán, donde hay un gobierno acéfalo ante la enfermedad de Fausto Vallejo Figueroa, en donde se presenta prácticamente un estado fallido, y en donde las ejecuciones violentas están a la orden del día, y entre las que se cuentan no sólo oficiales de la Marina, sino también agentes federales y mandos policíacos locales, sin que falten civiles inocentes y presuntos delincuentes.
En la administración federal por discursos no paran, desde el presidente Enrique Peña Nieto, quien “garantizó” que habrá celeridad para llevar ante la justicia a los responsables del ataque a elementos de la Marina este domingo en el Estado de Michoacán. El titular del Ejecutivo federal afirmó desde sus oficinas en la residencia oficial de Los Pinos que “su gobierno” refuerza la decisión de hacer valer el estado de derecho en todo el territorio nacional. Mientras que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sale presuroso a declarar que la organización delictiva de los “caballeros templarios” fueron los responsables del ataque contra el mando naval, con lo que intenta prematuramente dar por resuelto el caso.
Sin embargo, a la hora de la verdad y dejando de lado los discursos, lo cierto es que los niveles de violencia que se alcanzaron durante la pasada administración panista se mantienen en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no ha sido capaz de diseñar una nueva estrategia contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en el país, por lo que los resultados –o mejor dicho la falta de éstos- siguen siendo los mismos. La administración del mexiquense sigue plegada a la estrategia que le dictan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, de combate frontal a las organizaciones delictivas, lo que conviene a los intereses de la administración de Barack Obama, pero que no responde a las necesidades y demandas de México.
Tan son falsas las cifras que maneja la administración federal en torno a la percepción de disminución de la violencia que ahí están los datos duros, fríos que desmienten el optimismo oficial, no sólo en los reportes diarios de ejecuciones a lo largo y ancho del territorio nacional que a pesar de todo siguen difundiendo los medios de comunicación, sino también los reportes oficiales, como la localización, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de al menos 198 fosas clandestinas con 486 cadáveres, tan sólo en los últimos dos años. Y son precisamente los Estados de Tamaulipas, Veracruz y Durango, en donde se concentran estas tumbas multitudinarias clandestinas en los municipios de San Fernando, Tamaulipas, en donde se han encontrado 52 fosas con 210 cuerpos; San Julián, en Veracruz, con 14 fosas y 65 cadáveres, y Durango, Durango, con 7 fosas y 26 cuerpos.
Y las fallas en la administración y procuración de justicia siguen exhibiéndose, incluso en el terreno internacional. Luego de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, y la falta de pruebas contra generales encarcelados en el gobierno calderonista, ahora surge el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida también como la “Reina del Pacífico”, a quien se ha mantenido encarcelada durante un sexenio, acusada de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Uno a uno los cargos fueron cayendo, a pesar de lo cual los gobiernos de México y Estados Unidos la mantuvieron tras las rejas hasta que un juez estadounidense consideró que su condena ya está cubierta por lo que se espera su liberación y repatriación a México.
En territorio nacional, fuentes ministeriales insisten y advierten que Sandra Ávila Beltrán será detenida una vez que ingrese a México, debido a que existe un juicio abierto por el delito de recursos de procedencia ilícita y del cual se espera conocer la sentencia correspondiente.
DE LOS PASILLOS
El curso económico del país sigue sin una mano firme y prácticamente a la deriva. Los adoctrinados funcionarios del gabinete económico siguen sin encontrar los controles de la economía nacional y ésta padece todos los días la inexperiencia e impericia de los burócratas a cargo de las principales carteras de las secretarías de Hacienda y Economía y del Banco de México. La situación en la materia es tan adversa que hasta la propia Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ajustó a la baja su estimación del crecimiento económico del país, a 2.5 por ciento por debajo del 3.1 por ciento previsto por el gobierno federal, debido a las condiciones que presenta el país. Cabe destacar que un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no sólo indica una menor generación de riqueza, sino que también representa una menor generación de empleos en una economía dominada ya por la informalidad, que se ha convertido en un válvula de escape a la pobreza por la falta de trabajo formal.
No cabe duda que hoy más que nunca tiene vigencia la sentencia de “El Tlacuache”, el abogado y diplomático veracruzano César Garizurieta, quien aseguró que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Resulta que el Banco de México informó que un total de 119 aspirantes a ocupar un lugar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica serán examinados el próximo sábado 3 de agosto; en total son 85 los aspirantes que cumplen con los ocho requisitos que indica el Artículo 28 de la Constitución para ser comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y 50 para comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Cabe precisar que del total de aspirantes 16 se postularon para los dos organismos por lo que presentarán dos exámenes, que serán grabados en video y audio digitales.
La crisis inmobiliaria en el país sigue afectando a las principales constructoras de vivienda. Ayer, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió la cotización de las acciones emitidas por la desarrolladora de vivienda GEO, tras presentarse movimientos “inusitados en la cotización de los valores representativos de capital de la emisora”. La medida, explicó en un comunicado la BMV, será levantada hasta que la emisora envié a esa institución alguna explicación.
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