México en su encrucijada por la democracia
GERARDO ROMO FONSECA *
Desgraciadamente, durante las elecciones pasadas efectuadas en 14 estados del país, las viejas prácticas fraudulentas se impusieron: robo de boletas, padrón electoral manipulado, asesinatos, secuestros, amenazas, robo de boletas, intervención de los gobiernos estatales en la compra y coacción de votos, entre otras. Sin lugar a dudas, el proceso electoral estuvo marcado por la corrupción, los delitos electorales y la violencia, al dejar cuando menos 20 candidatos asesinados, secuestrados o amenazados durante las campañas, además de otros asesinatos de importantes partícipes de ellas -como sucedió en Guadalupe, Zacatecas-, con nuestro amigo y coordinador operativo de campaña, Aquiles González Mayorga.
Sin lugar a dudas, el partido oficial demostró su vocación antidemocrática al hacer patente su intención de llegar a cualquier extremo con tal de mantener y ampliar sus cotos de poder, lo mismo que su empecinamiento en no compartir el poder, sino al contrario, concentrarlo y atentar contra nuestra ya de por sí debilitada democracia.
Bajo este escenario, el gobierno federal está obligado a dar cumplimiento al Addendum del Pacto por México, lo que le obliga a resolver las irregularidades y las francas ilegalidades presentadas en los pasados comicios electorales a lo largo y ancho del país. La realidad es que no se cumplieron los acuerdos de dicho pacto, sobre todo por parte de los gobernadores priístas. Tal como atinadamente lo señala nuestro presidente Jesús Zambrano: “resurgieron los peores vicios del antiguo régimen; trapacerías de gobernadores priistas, indolencia de algunos dirigentes de ese partido y ausencia del gobierno federal para impedirlas”.
Por tal motivo, es un acierto que las dirigencias nacionales del PRD y del PAN hayan condicionado la permanencia de sus respectivos partidos dentro del Pacto por México, a que se investiguen y sancionen todas las violaciones electorales y crímenes perpetrados en el proceso electoral; paralelamente a que se apruebe una amplia reforma electoral en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Efectivamente: México no puede seguir en el camino retrogrado del autoritarismo, la violencia y la ilegalidad.
Es urgente erradicar todo este tipo de prácticas en todos los próximos procesos electorales, propiciadas por la actitud antidemocrática de los gobernadores priístas en su afán de restaurar al régimen de Partido de Estado. Ante lo cual, francamente, observamos una preocupante complacencia del gobierno federal. Ahora, como señala Jesús Zambrano, “lo que queremos saber es sí van a estar en la disposición de cumplir lo que firmaron o también eso lo van a violar, se lo van a pasar por el arco del triunfo”. Esta cuestión es fundamental porque la búsqueda de consensos es la única vía para lograr los acuerdos que permitan a México transitar por el camino de la democracia y solventar los retos que enfrentamos en el país para salir del atolladero en que estamos inmersos. Hasta ahora, el Pacto por México sigue siendo el instrumento de acuerdo político y de negociación que tenemos a la mano para lograr los objetivos mencionados. Sin embargo, para poder mantener vivo este pacto, de entrada, es necesaria una firme voluntad del gobierno federal por aplicar la ley y sancionar las flagrantes ilegalidades y los delitos registrados en los comicios. Además de cumplir con los siguientes planteamientos puntualmente expuestos por las dirigencias nacionales del PRD y el PAN:
Realizar un periodo extraordinario para aprobar la reforma política electoral para combatir y erradicar los vicios en las próximas elecciones.
Concretar las iniciativas de reforma del Estado, incluyendo la reforma política del Distrito Federal y del nuevo régimen político.
Aprobar las leyes secundarias de las reformas en materia de educación, de telecomunicaciones y de competencia económica.
Trabajar sobre un gran acuerdo en torno a las iniciativas de reforma en materia energética y hacendaria.
Efectivamente, no hay otra opción, si el gobierno federal está dispuesto a hacer su parte en la recomposición del rumbo político de México y dar viabilidad a nuestra vida democrática.
