Rechaza mayoría de diputados del PRI en Aguscalientes despenalizar el aborto

Aguascalientes, Ags.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado, este jueves se sometió a votación la iniciativa cuyo objeto era despenalizar la interrupción del embarazo cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación, establecer como excluyente de responsabilidad penal que el aborto se verifique en virtud de que se diagnostiquen al producto males congénitos o alteraciones genéticas que pongan en riesgo la sobrevivencia del mismo, o bien, que el embarazo sea producido por una inseminación artificial no consentida.

Asimismo, se propone involucrar al Estado, para brindar los servicios de salud compatibles con las garantías básicas de las mujeres y reconocer expresamente la prioridad de la atención de la salud sexual y reproductiva.

Asimismo, en el mismo dictamen, se procedió al análisis de la iniciativa de reformas a la Legislación Penal para aplicar al sujeto activo que consienta un aborto doloso, tratamiento psicológico integral por conducto de la autoridad ejecutora quien determinará la duración del mismo y se otorgue un certificado a la sentenciada dada de alta que cumpla con el objetivo del tratamiento. Que dicho certificado sea un requisito indispensable para que se otorgue la sustitución de pena de prisión.

Finalmente, establecer que el Estado deberá proporcionar atención médica integral a la mujer que se practicó o a la que se la practicó el aborto a fin de revertir el daño físico sufrido. Dicha propuesta fue presentada también en la pasada Legislatura por el Grupo Parlamentario del PAN.

En el resolutivo se expresó que ya que la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes ha sido abrogada, las Iniciativas en estudio han quedado sin materia, además de considerar improcedentes las modificaciones planteadas a la Ley de Salud del Estado en virtud de que tienen íntima relación con la reforma a la Legislación Penal, debiéndose ordenar el archivo definitivo de las iniciativas en estudio.

Durante la lectura del dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Salud, el diputado Marco Arturo Reyes Delgado, enfatizó que los legisladores integrantes están a favor de la vida.

En el debate respectivo, el diputado Gilberto Carlos Ornelas manifestó que es una obligación de los representantes populares cumplir su función con dignidad y congruencia, donde el electorado sepa con exactitud cuáles son los postulados de su diputado: “Me parece que en este caso, el hecho de que dictamine este asunto es un acto de gran incongruencia, especialmente del Grupo Parlamentario del PRI”.

Dijo que no se debería aprobar el texto en debate porque las comisiones dictaminadoras no entraron a profundidad en los temas que plantean las iniciativas, sino que improvisaron un dictamen “como un acto de oportunismo electoral y para intentar confundir a la opinión pública sobre lo que es el priismo, para intentar conseguir votos de las personas con ideología conservadora”, sentenció.

El representante popular del PRD afirmó que los diputados del PRI “Pretenden dar una imagen de lo que no son, y aquí en China eso se llama oportunismo electoral”.

Señaló además que para otros temas se convoca a foros y consulta, mientras que un asunto de gran trascendencia se dictamina de un día para otro. Añadió: “Entiendo la postura de los señores del PAN, no me extraña, son consecuentes con su ideología de decenios, pero no a los diputados del PRI”.

El diputado perredista citó a la ex dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes se manifestó a favor de la ley que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el DF, quien presuntamente diría: “yo estoy a favor del derecho de las mujeres a hacer lo que les plazca con su cuerpo”.

También criticó que las únicas consultas existentes se hicieron con los Poderes Judicial y Ejecutivo de la pasada administración.

Po último, Gilberto Carlos Ornelas adelantó que votaría en contra el dictamen en análisis, por los argumentos antes expuestos.

A continuación, subió a la Tribuna el diputado Jesús Ríos Alba, donde se dijo extrañado de lo vertido por su antecesor, ya que “pone en duda las convicciones de los representantes populares”.

Cuestionó además “PAN y PRD en alianza ¿no es una conveniencia electoral?, ¿el agua y el aceite se juntan?”.

Opinó además que “lo que sale de la boca está en el corazón” para luego señalar que si se subió el tema fue precisamente en el ánimo de eliminar el rezago legislativo.

Se calcula que en 2006, dijo el legislador presidente de la Comisión de Salud, los abortos inducidos superaban más de 874 mil casos a nivel nacional, más otras cifras relativas a los abortos terapéuticos o espontáneos.

El legislador expuso que la problemática es entre otras cosas, de educación, de formación en valores, entre otras cuestiones, que garanticen una vida digna y con salud. “Nosotros, conscientemente, en el Grupo Parlamentario del PRI, afirmamos que el rechazo a esta iniciativa del PRD no tiene sesgo electoral, sino que parte de nuestros principios”.

Ríos Alba insistió en que los diputados dicen categóricamente “No al aborto inducido”, y aclaró que el embarazo no es cuestión sólo de mujeres, sino también de los padres, ya que “la mujer es dueña de su cuerpo hasta que lo entrega, ya que para engendrar a otro ser se requiere de dos”.

Desde la Tribuna, el legislador del PRI, Gustavo Granados Corzo señaló que hay incongruencia del primer orador sobre este tema, pues “se acaban de desenmascarar, ya que es una farsa la alianza PAN-PRD misma que no tiene sustento ya que dicen ellos que es una alianza política y no ideológica, pero cuando se pierde la ideología, se pierde la razón”.

El representante popular priista coincidió con su antecesor en el uso de la palabra, en el sentido de que se tiene que cumplir con los tiempos que marca el período legislativo, por lo que aseguró que todas las iniciativas se han trabajado de forma sistemática, analítica y de acuerdo a los tiempos que marca la normatividad parlamentaria.

Granados Corzo resaltó que “el jefe máximo de nuestro partido, Enrique Peña Nieto, el 19 de abril de 2102 en una reunión en el Episcopado condenó el aborto, respetando siempre la integridad y salud de la mujer”.

Tras solicitar el uso de la voz y la correspondiente autorización del Pleno, pasó al estrado el legislador Alfredo Reyes Velázquez, quien a nombre de su Grupo Parlamentario del PAN, manifestó que “la vida vale más que cualquier temporalidad politiquera”, por ello, aclaró, no habían pedido el uso de la tribuna, por lo que pidió a sus compañeros ni usarla con fines electorales, ya que además, la ley prohíbe por las fechas, hacer manifestaciones de carácter partidista.

Al hacer uso de la voz, el diputado del PRI, Miguel Ángel Juárez Frías, en su calidad de Presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que este proyecto fue presentado, analizado y dictaminado bajo los términos que dicta el proceso legislativo y no por un calendario electoral como afirman algunos, quienes ante la incongruencia política que demuestran, denostan sin conocimiento alguno, señaló.

El representante popular del PRI recordó que en marzo de este año fue aprobado el Código Procesal Penal que al entrar en vigencia abrogará el actual; entonces, dijo: “era en ese momento cuando el PRD hubiera podido defender en lo particular lo que hoy está criticando”.

Juárez Frías afirmó que en la Comisión de Justicia se dictaminaron varios asuntos pendientes luego de un detallado estudio y debate “pero si alguien fue omiso o se le olvidó analizarlo en su momento, ya es responsabilidad de cada quien, porque antes de señalar y descalificar a un grupo parlamentario, se debe respetar la diversidad de pensamiento; no escupamos hacia arriba, porque puede caernos en la cara”.

Enseguida, el diputado Gilberto Carlos Ornelas retomó el uso de los micrófonos del recinto legislativo para “hacer unas precisiones con respecto al debate”. En primer término reiteró que una de las razones para su voto en contra es por no entrar a fondo al análisis de las iniciativas, además de que cuando se aprobó el nuevo Código Penal, también se cometió el error procedimental al no acumular las iniciativas referentes a cuestiones penales, como la relativa al aborto.

El representante popular por el PRD sostuvo que se han cometido varios dislates, como la dictaminación fast track con el argumento de que se tenían que desahogar los extensos archivos legislativos. Otro es, dijo, los acuerdos del Grupo Parlamentario del PRI con la cúpula clerical, cuyo posible objetivo sería la rentabilidad electoral, por sacar precisamente el dictamen el jueves previo a la jornada electoral.

“Cuando hablé de incongruencia” –señaló Gilberto Carlos Ornelas- “es porque algunas dirigentes emblemáticas del PRI se han expresado de manera diferente a como ahora se pronuncian sus legisladores”. Añadió también que hace una semana salió la reforma al artículo 24 constitucional, “cuando ya no tenía razón de ser, pues ya había alcanzado en el año y medio anterior la mayoría de las legislaturas locales del Constituyente”.

Por último advirtió: “Incongruencia es que el PRI apruebe la independencia del Ministerio Público y cinco meses después vuelvan atrás, a petición del Ejecutivo”. Además, reconoció que “la alianza con el PAN es en efecto de carácter político y tiene la finalidad de ganar las elecciones, pero no se nos ha pedido cambiar nuestros principios e ideología”.

Al levantar la votación respectiva, el dictamen fue aprobado por mayoría con la negativa del PRD, por lo que las iniciativas fueron desechadas y enviadas al archivo definitivo.

En otro asunto, fue rechazado el proyecto de reformas que pretendía eliminar la figura del arraigo mediante modificaciones a la Legislación Penal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, quien insistió en que la iniciativa de su bancada se fundamenta en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se señala que el arraigo es anticonstitucionalidad. “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias” afirmó.

“Esta figura judicial viola las garantías individuales” señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, quien dijo haber escuchado de vejaciones y torturas en los domicilios conocidos como “casas de arraigo”, donde los presuntos culpables tienen que sufrir hasta 30 días de privación de la libertad.

López Ramírez pidió que la iniciativa sea regresada a comisiones, ya que no es aun argumento válido el que por cuestiones de temporalidad o de reformas a la Legislación Penal, que no se puede proceder con la propuesta. “Si no lo aceptan, volveré a presentar la iniciativa para eliminar el arraigo y que se reforme el Código Penal” anticipó el representante popular del Partido Verde.

Por su parte, el diputado Gilberto Carlos Ornelas señaló “sale a relucir nuevamente la incongruencia por parte de quienes dictaminaron la iniciativa, porque por un lado se argumenta que ya se dictaminó una nueva legislación penal y por lo tanto esta propuesta queda sin efecto”; sin embrago, puntualizó que la Comisión de Justicia “no hizo el acuerdo de acumulación de iniciativas y simplemente lo descarta porque la legislación penal está abrogada”.

Ahora bien, el representante del Partido de la Revolución Democrática recordó que hace un año el grupo mayoritario decidió mantener la figura de la detención provisional con fines de investigación, “incluso incrementándola de 30 a 40 días con la posibilidad de duplicarse a 80; en tanto el Senador Miguel Romo Medina, de extracción priista, presentó una iniciativa para reducir el número de días del arraigo y los delitos que implicarían la aplicación de esta figura, y este es otro ejemplo de la incongruencia del PRI”.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática se sumó al llamado para que esta iniciativa se regrese a Comisiones, se estudie a profundidad y no “rechazarla en automático”.

En la votación se registraron los votos a favor de desechar la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI; y en contra, de los integrantes de las bancadas de los Partidos de Nueva Alianza, Acción Nacional, Verde Ecologista, y de la Revolución Democrática.

Acto seguido, por unanimidad se desechó la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Legislación Penal Local, presentada por el legislador del PRI, Gregorio Zamarripa Delgado, mediante la cual planteaba que se estableciera el otorgamiento del perdón al culpable de robo calificado, siempre y cuando el valor de la afectación patrimonial no excediera la cantidad de doscientas veces el salario mínimo vigente en la entidad. La justificación es que en el nuevo Código Penal ya se contemplan algunas modalidades para el resarcimiento de los daños, y la iniciativa en cuestión se refería a un ordenamiento ya abrogado, por lo que se quedaba sin materia.

Por otro lado, el proyecto de adición de un segundo párrafo al artículo 405 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, propuesto por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Ramírez Escalera, fue enviado al archivo definitivo por improcedencia (ya está contemplada en la Legislación Civil), contando con el aval de la mayoría de los legisladores.

Dicha iniciativa proponía que en el caso en que uno de los miembros de una pareja se niegue a reconocer la paternidad o maternidad de un hijo, y la prueba biológica resulte positiva reconociendo la consanguinidad, se le obligaba a solventar el costo del examen.

Como siguiente punto del orden del día, se puso a opinión de los integrantes de la LXI Legislatura, la solicitud de autorización de donación a título gratuito a favor del Municipio de Aguascalientes, de 2 mil 403.76 metros cuadrados, de una fracción del predio del lado norte de la Telesecundaria Número 67 «Miguel Barragán», propiedad del Instituto de Educación de Aguascalientes, ubicada en la comunidad de Los Pocitos, con la finalidad de destinarlo a la construcción de una vialidad.

Cabe señalar que el dictamen fue un alcance al aprobado en la sesión ordinaria anterior y recibió la venia de todos los representantes populares que se encontraban en el salón de sesiones.

A continuación, se sometió a consideración del Pleno, el punto de acuerdo presentado por el Diputado Alfredo Martín Reyes Velázquez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el sentido de citar a comparecer al Procurador General de Justicia del Estado para que dé cuenta sobre el estado de las denuncias penales que fueron presentadas por Acción Nacional en relación con los hechos de la compra del helicóptero del Municipio Capital, el software pirata adquiridos, la venta fraudulenta del predio de las violetas; así como en relación a los hechos anunciados a la existencia de dinero ilícito en las campañas electorales, al igual que en la participación e injerencia directa en el proceso electoral local y la violación de la secrecía que deben guardar toda la integración de las averiguaciones previas.

El legislador Alfredo Reyes Velázquez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó el apoyo del Pleno para cumplir con unas las funciones principales del Congreso del Estado, como son la transparencia y la rendición de cuentas, afirmó.

Reyes Velázquez dijo que el fiscal estatal debe ser el abogado del Estado y no el representante judicial de un partido; “Nos ha dado una mala fama pública a nivel nacional, que no tenemos un Procurador sino un ariete golpeador de las instituciones”.

Manifestó que el actuar del fiscal “está en boca de analistas y periodistas de noticiarios de corte nacional; por ello, Felipe Muñoz Vázquez tiene que venir a rendir cuentas más allá de los colores partidistas pues nadie debe estar por encima de la ley. Así como el Pleno aprobó su designación al frente de la PGJE, el Pleno tiene el derecho de llamarlo a comparecer”.

El Punto de Acuerdo fue rechazado por la mayoría de los diputados, registrándose los sufragios en contra de los Grupos Parlamentarios del PRI y del Partido del Verde Ecologista; por el sí, se manifestaron las bancadas de los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza.