Invisibles para el Estado, viudas por conflictos agrarios

Los enfrentamientos armados por diferendos limítrofes en la sierra sur de Oaxaca –que datan de al menos hace 20 años– han dejado unas 650 viudas y cerca de dos mil niños huérfanos tan sólo en el municipio mixe de Santiago Amoltepec, el tercero más pobre del estado y el número 11 a nivel nacional.

Los comuneros de Amoltepec disputan más de 10 mil hectáreas de zonas limítrofes con los municipios vecinos de Santa María Zaniza, Santa Cruz Zenzontepec y Santa Mateo Yucutindoo.

Los asesinatos son cotidianos y ninguna autoridad investiga, pone orden o consigna a los homicidas. Entre 2003 y 2007, la Procuraduría estatal instaló en la región una agencia del MP y una cuadrilla de policías judiciales, pero fueron expulsados por los propios pobladores por cometer extorsiones y abusos de autoridad.

El coordinador de la organización civil Servicios del Pueblo Mixe (Ser), Hugo Aguilar Ortiz, advierte que las mujeres se han involucrado en la disputa por tierras y, en muchos casos, además de viudas también quedan huérfanas a raíz del conflicto.

Explica que las cifras de viudas y niños huérfanos se obtuvieron tras un censo (el primero y único hasta el momento) que la propia organización realizó en el 2008. Las mujeres censadas dijeron ser madres de tres hijos en promedio.

En el sondeo se identificó que los niños a corta edad abandonan la escuela para asumir la responsabilidad como jefes de familia junto con la madre, además de participar en la labores del campo y tienen el permiso materno para portar una arma de fuego. A las niñas se les impone que releven a sus mamás en las tareas del hogar.

Aguilar Ortiz lamenta que ninguna autoridad, ni estatal ni federal, atienda “la fractura en el tejido social entre paisanos, dejando abiertas las heridas del encono y la venganza entre ellos”.

El activista detalló que las mujeres de la región hablan zapoteco y escasamente dominan el castellano. Su alta marginación y pobreza les impide contar con recursos para migrar a las grandes ciudades, por lo que optan por contratarse por tiempos cortos en la cosecha de café en las fincas cercanas a la comunidad, limítrofe con la región de la Costa.

Hugo Aguilar lamenta que incluso para las organizaciones sociales con presencia en la sierra sur del estado, los conflictos agrarios, políticos y religiosos entre las comunidades son más importantes que el abandono en el que se encuentran las viudas y huérfanos.

“Ellas son invisibles para los programas de política pública y al interés de los líderes políticos de la región”, remarca. Agrega que a pesar de la elevada pobreza en el municipio de Amoltepec, los programas de beneficio social federales o estatales “no permean a toda su población”.

Violencia e impunidad

A la indígena Senorina Hernández Santiago le mataron a su esposo el pasado 14 de enero. Luis Jiménez Mata era el alcalde de Santiago Amoltepec. La viuda insiste en su demanda de justicia al gobierno del estado y pide ayuda para la población «para evitar que se desate otro baño de sangre”.

Luis Jiménez se había pronunciado a favor de la paz en la región. Apenas llevaba 13 días en el cargo. “Quiso sentarse a platicar con los comuneros, ver el progreso para los pueblos y eso fue lo que rechazaba la contraparte», platica Senorina.

Asegura que Luis ya había recibido amenazas de muerte por parte de los presuntos asesinos: «Lo amenazaron por medio de un altavoz, usando la radio comunitaria. Le advirtieron que ya no viviría, que no gobernaría y él se confió».

La mujer ha acusado públicamente al secretario de Bienes Comunales, Jorge Velasco Velasco, y al ex presidente municipal de Amoltepec Teófilo Hernández Palacios, como los autores del crimen.

Ella y su familia no están satisfechas con la sola detención de Vitaliano Velasco Velasco, como uno de los probables responsables del asesinato. Senorina insiste en que a su marido lo mató más de una persona.

La madre del alcalde asesinado, María Mata Gómez, subraya: «Todos sabemos quién ordenó matarlo; el asesino está aquí entre nosotros (los habitantes del pueblo)».

Hasta ahora, ningún servidor ni servidora pública del gobierno estatal se ha acercado a ofrecerle ayuda a la viuda del edil, a pesar de que fue una promesa del gobernador Gabino Cué.

Omisión del Estado

Hugo Aguilar Ortiz señala que la ausencia del Ministerio Público en la región obliga a los alcaldes a levantar los cadáveres por los conflictos agrarios. “Rara vez se inicia la averiguación previa y, casi nunca se consigna a nadie por los homicidios registrados en la zona”, detalla.

De acuerdo con el defensor de Derechos Humanos, el Estado ha incurrido en omisión porque no ha sido capaz de atender la violencia ni resuelto “el encono social latente entre hermanos”.

Relata que en el año 2006, un grupo de mujeres viudas de Santiago Amoltepec intentó participar en los esfuerzos para lograr la paz con los pueblos colindantes, pero fracasó al tener como respuesta el aumento de agresiones de los comuneros y registrarse una ola de incendios forestales supuestamente provocados por las localidades rivales.