México: seguridad nacional endeble
LILIA ARELLANO *
Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene: Baltasar Gracian
El resultado de la estrategia contra las drogas en México es la fuga de inversión, la pérdida de empleos y una violencia que representa una creciente amenaza para la seguridad nacional, sostiene un informe del Parlamento Europeo. A pesar de estos adversos resultados de la estrategia de Felipe Calderón primero y ahora de Enrique Peña Nieto, que no observa una ruptura radical con relación a la de su antecesor, ésta no variará porque responde a los intereses de Estados Unidos, cuyo gobierno, a través del Departamento de Estado, a cargo de John Kerry, sostuvo en la Organización de Estados Americanos, que “no habrá viraje en la política antidrogas” de su gobierno.
Kerry encabeza la delegación estadounidense que participa en la Asamblea General de la OEA que se realizó en Guatemala, en donde se opusieron a la legalización de la mariguana en Estados Unidos, país en donde recientemente los estados de Colorado y Washington avalaron su uso recreativo. También dejaron claro que “ninguna entidad internacional va a dictar la legalización, ciertamente no a Estados Unidos”. En forma poco diplomática, Kerry demandó a la OEA que vuelva a tener como prioridad la promoción de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Es decir, que se ocupe de sus asuntos y que no aborde la guerra contra las drogas, a pesar de que en la Cumbre de las Américas en 2012 de Cartagena los lideres regionales acogieron la idea del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, de revisar la actual lucha anticrimen.
La posición del gobierno de Barack Obama es clara: “no habrá viraje en la política antidrogas”, por lo que en México la situación de la guerra contra los cárteles permanecerá en los mismos términos, como consecuencia de los acuerdos firmados por el gobierno de Felipe Calderón con los Estados Unidos, durante la administración de George Bush, en la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”.
Por eso no extraña que esta semana, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguraba que a seis meses de la administración de Enrique Peña Nieto “los resultados empiezan a darse” porque avanza la confianza y participación de la ciudadanía en los planes para abatir la inseguridad y la violencia, y anunciaba que las entidades federativas recibirán en total 118 mil millones de pesos para acciones que busquen erradicar la violencia, un informe sobre México del Parlamento Europeo, dado a conocer este martes, sostiene que la fuga de inversión, la pérdida de empleos, y una violencia que representa una creciente amenaza para la seguridad nacional, es el resultado de la estrategia contra las drogas ejecutada en el país.
Los discursos de la administración de Enrique Peña Nieto se perciben en esta materia cada vez más alejados de la realidad y de otras evaluaciones, sobre todo realizadas desde el extranjero. Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de la Violencia y la Delincuencia, el funcionario responsable de la política interna del país sostuvo que “de partir prácticamente desde cero, hoy tenemos familias que están participando, hay respuesta positiva y participación. Estamos trabajando bien, con buen ánimo, los resultados han estado dándose, empiezan a verse a seis meses”. Sin embargo, la Unión Europea dio a conocer el análisis, fechado en el mes de abril, más crítico elaborado hasta ahora por los servicios de la UE sobre la lucha contra las drogas en México.
El informe “México Country Briefing 2013”, parte de la administración de Felipe Calderón y destaca que “la violencia relacionada con las drogas se intensificó dramáticamente” durante la presidencia del michoacano, “y se convirtió en un amenaza cada vez más grave para la seguridad”. El análisis del Departamento de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo, subraya que la actual estrategia contra las drogas, no observa una ruptura radical con relación a la de Calderón.
Así, destaca que “la violencia ha afectado también las actividades económicas y la inversión en las zonas afectadas, especialmente en los estados fronterizos del norte. En estas zonas, el aumento de la violencia del narcotráfico ha sido acompañada por el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas y el aumento de las tasas de desempleo”. Al citar cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y a representantes de la banca privada, el informe resalta que en 2011 alrededor de 140 mil negocios suspendieron sus actividades debido a la criminalidad, y en el 2010 el país perdió cerca de cuatro mil millones de dólares en inversión directa, lo que correspondió al 20 por ciento del total de ese año.
Al margen del costo económico, la influencia de los cárteles de la droga ha tenido severas consecuencias sociales y políticas, además de que ha dejado 140 mil desplazados, aunque otras fuentes mencionan cifras mayores de hasta un millón 600 mil. El reporte advierte que “el enorme poder corruptor del narcotráfico es una amenaza para el funcionamiento de las instituciones judiciales y de otra índole del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad. En los últimos años, cientos de policías, jueces, funcionarios de alto rango y políticos locales han sido detenidos y acusados de colaborar con cárteles de la droga”. Ejemplificó que tan sólo en 2010, cerca de 3 mil 200 policías federales fueron cesados por no superar las pruebas anticorrupción.
También alerta que “la infiltración de los cárteles de la droga en instituciones públicas alimenta la preocupación de que su influencia corruptora podría extenderse a los políticos y las instituciones políticas”, por lo que existe una fuerte presión sobre la administración de Enrique Peña Nieto “por reducir los niveles de violencia, y de alguna manera frenar el poder de los cárteles de la droga y el crimen organizado”.
El documento de la UE desmiente claramente el optimismo y las cuentas alegres del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al ejemplificar que en marzo de este año murieron mil 25 personas en incidentes relacionados al crimen organizado, lo que representa un alarmante crecimiento con respecto a los primeros tres meses (diciembre, enero y febrero) del actual gobierno, con un total de 4 mil 249 muertes.
También Luis Astorga, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseguró que los retos de la nueva administración federal en materia de seguridad siguen siendo los mismos que los de los gobiernos anteriores. Argumentó que hoy el Estado no tiene mucho para controlar a las organizaciones del crimen organizado.
EXIGEN VIRAJE
No sólo ex presidentes y líderes políticos de América Latina han demandado un cambio en la estrategia seguida por Estados Unidos en contra de los cárteles del narcotráfico, sino también organizaciones como Human Rights Watch, quien pidió a los países de la OEA la despenalización del consumo de drogas y aplicar políticas de prevención que contribuyan a disuadir el uso de estupefacientes. El director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, sostuvo que las actuales políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas “atentan contra derechos humanos fundamentales”.
También el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, destacó en el libro “Drogas: Prohibición o Legalización”, que es necesario comenzar a “desescalar” la política mundial contra las drogas, descriminalizando algunas de ellas, especialmente la mariguana, de la que no existe evidencia científica que ocasione más daños del que provocan drogas legales como el tabaco y el alcohol, y sobre la que se concentra el 60 por ciento de los esfuerzos persecutorios de los gobiernos.
Samper argumenta que desde hace 100 años la política contra las drogas ha estado sostenida en decisiones imperialistas, económicas, políticas y morales, pero no científicas, lo que ha conducido a un fracaso respecto de la reducción de su consumo y a altos costos de violencia social y salud pública. El ex mandatario colombiano se pregunta: ¿a quién le interesa que esta guerra continúe? Y se responde que le interesa a los narcotraficantes, le interesa a los latifundistas de cultivos ilícitos, le interesa a las agencias encargadas del control de las drogas que se reparten el presupuesto asignado para esta tarea, en fin, a los que se enriquecen con el lavado de activos, al sistema bancario que poco condena públicamente lo que está prohijando privadamente. “Hay mucha gente a la que le interesa esta guerra. Como en todas las guerras, las guerras tiene dueños que son los que se benefician de ella”.
El político colombiano explica que su propuesta no es la legalización, que consiste en que sea el mercado el que se encargue de decidir qué se consume, cómo, cuándo y quién. Sino la “descriminalización”, es decir, quitarle a las drogas el carácter penal, punitivo, que actualmente tiene y cambiar esa regulación social por formas parecidas a las que se están utilizando hoy en día para el tabaco y el alcohol, campañas de prevención, campañas de salud pública, impuestos para el caso de los distribuidores, sustitución social de cultivos.
INACCIÓN FEDERAL EN DESAPARICIONES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró ayer que hay un registro de 24 mil 800 personas desaparecidas en los distintos estados del país y que en 2 mil 443 casos “hay indicios” de la participación de servidores públicos. El presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, acusó la inacción de autoridades federales que no han querido resolver 30 casos de desaparición forzada donde los responsables están plenamente identificados.
Durante el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, que reúne en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a expertos de América Latina y Europa, el defensor de los derechos humanos consideró “vergonzoso” que miles de familias mexicanas sigan esperando justicia y respuesta de las autoridades sobre casos de desaparición involuntaria.
En ese foro, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, urgió a las autoridades mexicanas a “destrabar” las investigaciones y a establecer un modelo de revisión que involucre a las familias de las víctimas. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, sólo pudo responder que el gobierno federal elabora una base de datos fiel sobre desaparecidos y extraviados.
CASO ABC, SIN JUSTICIA
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) tomará en cuenta todas las líneas de investigación que surjan en el caso de la Guardería ABC, tragedia que dejó un saldo de 49 menores fallecidos y más de 70 lesionados, y en los próximos días encabezará la reconstrucción de los hechos en Hermosillo, Sonora.
El funcionario aseguró que con la apertura de una nueva averiguación previa, se van a revisar todas las actuaciones que se hicieron desde 2009, y esta vez se pondrá especial atención en el desahogo de todas las hipótesis que no se atendieron, y que señalan que el incendio fue provocado para ocultar información relacionada con el manejo irregular de un fideicomiso por 10 mil millones de pesos que formaba parte de un programa del gobierno de Sonora, durante la administración de Eduardo Bours. Así, el incendio no habría sido generado por fallas en un enfriador ambiental.
El siniestro de la Guardería ABC, que ocurrió el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, y por el que 22 personas fueron sujetas a procesos penales, de las cuales sólo uno de los inculpados sigue preso, revela un estado de impunidad en México, donde el saldo es de un déficit de justicia, señaló el coordinador parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.
El ex gobernador de Zacatecas sostuvo que la justicia mexicana se encuentra en una etapa de podredumbre y el caso de la estancia infantil configura un modelo de cómo los verdaderos responsables se mantienen a salvo, transitando por el camino de la impunidad. Monreal Ávila lamentó que “nadie fue tocado. Los funcionarios involucrados en el homicidio múltiple, en el infanticidio múltiple, en esta tragedia que enlutó a México, están en la impunidad y no creo que sean tocados porque son complicidades institucionales, que son las que mantienen en el alto nivel la impunidad y la falta de credibilidad en los órganos de justicia”.
Al referirse a las declaraciones del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, en el sentido de que agentes federales “investigarán lo no investigado” del incendio de la Guardería ABC, el vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, Julio César Márquez Ortiz, exigió a la Procuraduría General de la República “que de las palabras pasen a los hechos, porque de palabras ya estamos cansados”.
DE LOS PASILLOS
En la Cámara de Senadores, el presidente de la República Popular China, Xi Jimping, aseguró que el haber elevado la relación con México a una asociación económica estratégica, trasmite un fuerte mensaje a la comunidad internacional. Agregó que México y China van a unir su camino al desarrollo en un proceso que ofrece buenas perspectivas para ambas naciones… A su vez, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció a la inversión china prácticamente todos los sectores de la economía nacional y les dio plenas garantías a sus inversiones en territorio mexicano.
El Congreso de Guerrero exhortó a los gobiernos federal y estatal agilizar las investigaciones y esclarecer el triple asesinato de los activistas del Frente de Unidad Popular de Igual, asesinados el pasado lunes presuntamente por un grupo de hombres armados. También exhortaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero enviar a la brevedad posible la terna de aspirantes a ocupar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que el Congreso local designe de manera urgente al nuevo fiscal.
El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma para sancionar las actividades terroristas hasta con 60 años de cárcel. En la propuesta legislativa destaca que las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de sus derechos humanos, “no se considerarán como terrorismo”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y determinación. La propuesta del ejecutivo también aborda el combate al lavado de dinero.
Todo parece indicar que el ex presidente Carlos Salinas va por el control de la dirigencia del PAN. Al interior de ese instituto político, seis ex gobernadores con nexos con el ex mandatario, Alberto Cárdenas, Carlos Medina Plascencia, Ernesto Ruffo, Fernando Canales, Francisco Barrio y Fernando Elizondo, lanzaron una nueva corriente llamada “Panistas por México”, con la que buscan rescatar ese partido después de la debacle electoral y las divisiones internas que se han presentado en las últimas semanas.
En el Senado de la República, el PRD propuso una reforma al Código Penal Federal para castigar los “levantones” hasta con 70 años de cárcel, al crearse el delito de “desaparición involuntaria de personas”… Mientras el baño de sangre en el país continúa cobijado por un manto de impunidad: una mujer de 30 años fue torturada y violada por elementos de la División de Fuerzas Federales en la ciudad de San Luis Potosí, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos… Amnistía Internacional pidió a las autoridades de México investigar el secuestro y asesinato de tres miembros de la organización Unidad Popular de Iguala, Guerrero, entre ellos su dirigente, Arturo Herrera… Los cadáveres de seis hombres ejecutados en la comunidad de Concheros, municipio de Ahome, Sinaloa, fueron localizados por las autoridades estatales… Tras violar y matar a una mujer en el municipio de San Juan Chamula, un hombre fue asesinado a golpes y quemado y dos más resultaron gravemente lesionados… En el municipio de Chincuila, Michoacán, fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados. El alcalde Humberto Virgen aseguró que murieron en un enfrentamiento entre delincuentes.
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