Violencia y Política
JUAN GÓMEZ *
En el gobierno federal y en los estatales tienen prisa por generar acciones discursivas que contribuyan a bajar la percepción ciudadana sobre la inseguridad, pero enfrentarse con la realidad resulta más costoso que admitir los bajos resultados en contra del crimen organizado en el interior del país.
La presión social contra las desapariciones forzadas está evidenciando la ausencia de un compromiso del gobierno federal actual, para solucionar este problema que es solo un botón de muestra de la impunidad bajo la que se mueven los grupos delincuenciales en México.
El pasado lunes 27 de mayo se dio a conocer la formalización de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la ciudad de México, para lo cual se designaron 12 agentes del Ministerio Público que serán capacitados para la investigación de este tipo de casos.
En las prisas por dar una respuesta a los familiares de las víctimas desaparecidas el gobierno federal a través de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, a cargo del ex panista Ricardo García Cervantes, se les olvidó establecer un lugar fijo para la atención de este tipo de delitos. Ante esta insuficiencia, se asignará solo una ventanilla en la dependencia.
En el colmo de la improvisación las autoridades federales también olvidaron asignarle un presupuesto para que inicien los trabajos o las acciones en la búsqueda de víctimas y, obviamente, tampoco existe una estrategia para lograr el objetivo de identificación, localización o rescate de las personas privadas de su libertad en el País.
En el afán de recomponer sobre la marcha las deficiencias generadas tras el anuncio de la mencionada Unidad, al concluir los trabajos de la vigésima novena Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada en la ciudad de México, los procuradores del país acordaron iniciar los trabajos para la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Al término de dicha reunión también se acordó crear fiscalías especializadas para atender e investigar los casos de secuestros de migrantes.
En la clausura de la vigésima novena Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo lo siguiente:
“Escuchen bien, la corresponsabilidad y no la competencia es el símbolo de nuestro trabajo con los gobernadores”.
¡Vaya!
Porque hasta este momento los gobernadores del País se han escudado en la competencia federal para evadir su responsabilidad de garantizar –en el marco del Estado de Derecho- la protección de los ciudadanos y la salvaguarda de la seguridad pública.
En Zacatecas a pesar de las declaraciones de una disminución de los delitos de alto impacto, las cifras y más que ello, los acontecimientos, evidencian la realidad de un crecimiento de eventos de violencia que afectan a la sociedad.
Por cierto el pasado dos de mayo José Manuel Contreras Santoyo fue nombrado Sub Procurador de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, designación que se dio en el contexto de la creación de la Sub Procuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la implementación del nuevo sistema de justicia alternativa que se aplica en Zacatecas.
En entrevista con Las Jornada Zacatecas el funcionario destacó que “la Subprocuraduría establecerá relaciones con organismos públicos defensores de los Derechos Humanos y demás organizaciones no gubernamentales, además de proponer la celebración de convenios y bases de colaboraciones institucionales públicas y privadas, nacionales e internacionales”.
“De igual manera la subprocuraduría intervendrá conforme a las normas aplicables en la investigación, resolución y seguimiento que hagan del conocimiento a este organismo las comisiones, de diferentes rangos, de derechos humanos, además de las visitas que programen a las instalaciones de la PGJEZ”.
El funcionario no especificó qué tipo de ayuda o apoyo dará a las víctimas del delito y menos aún cuántas personas han desaparecido en Zacatecas por secuestro o “levantones”. Tampoco precisó qué tipo de asesoría legal, sicológica o económica se dará a las víctimas de la delincuencia organizada.
Por otro lado cabe mencionar que en los primeros cuatro meses del año en curso se han generado 12 secuestros y 29 “levantones”. Los municipios en donde más se han registrado estos acontecimientos son Guadalupe, Valparaíso y Fresnillo.
Respecto a los homicidios generados en los primeros cinco meses del año en curso suman 135, de los cuales, 106 corresponden a la delincuencia organizada y 29 son del fuero común.
Los municipios que registran un mayor índice de homicidios generados por la delincuencia organizada son: Zacatecas, con 24 homicidios, Fresnillo, 19, General Enrique Estrada 10 y Veta Grande, con siete homicidios.
De acuerdo con la publicación del estudio denominado “8 Delitos Primero/Índice Delictivo/ CIDAC con fecha del año 2012 ( D.R. 2012, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)) el estado de Zacatecas se ubica entre las entidades que registran una afectación grave, pero si no se toman las providencias debidas y se asume la corresponsabilidad en el combate al crimen organizado y a la delincuencia común, podría transitar dinámicamente hacia un estatus severo, similar al que registran entidades como Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Durango, Coahuila, entre otros.
Sin embargo lo que hemos observado en los últimos acontecimientos es un afán oficial por ocultar la gravedad de una situación de inseguridad que cada vez preocupa más a la ciudadanía, sin que hasta el momento se implemente una política pública que permita combatir con eficacia y profesionalismo a los delitos del fuero común y a los de la delincuencia organizada.
Finalmente ¿se harán corresponsables todos los gobernadores del país en la competencia de los delitos (del fuero federal o común) que se cometen en sus estados?
Al tiempo.
