La Minera Peñasquito y la disputa de los grupos políticos
MANUEL IBARRA SANTOS *
La minera Peñasquito que genera empleos para más de 3 mil obreros, localizada en el municipio de Mazapil, una de las empresas a cielo abierto más importantes de América Latina y del planeta, se ha convertido en estos momentos en un campo de batalla en defensa legítima y justa de los bienes patrimoniales de los ejidatarios, pero también en un escenario extraordinario e inédito donde se han entrecruzado, en una intensa disputa, los más poderosos intereses políticos de grupos estatales con vínculos y proyección nacional.
El litigio legal por el dominio de 600 hectáreas del Ejido Cerro Gordo data y tiene una historia de aproximadamente cuatro años, que se modificó hace poco más de seis meses, por la presencia y acción de influyentes asesores políticos en la conducción y guía de los ejidatarios, no obstante que la sentencia judicial que favorece a los campesinos, emitida por el Tribunal Agrario, es básica y fundamentalmente jurídica. Legalmente la decisión es inapelable. Sin embargo el diferendo parece que no terminará aquí y todavía es un tema que dará mucho de qué hablar.
La cuestión de fondo se encuentra, en estos momentos, en la forma de conciliar la justicia jurídico/penal, para que ésta se transforme en una verdadera justicia social, que aporte beneficios auténticos a los ejidatarios de la región, y, evitar así, que ellos sean utilizados como carne de cañón para su explotación, primero, por las empresas transnacionales y, luego, por los protagónicos intereses excesivos y sin límites de los grupos políticos.
Ante la ausencia de una mediación fuerte y sólida, si no se resuelve pronto racionalmente este asunto, entonces el problema jurídico de Peñasquito se convertirá en un gran conflicto político y luego en un problema de fuertes dimensiones sociales para Zacatecas.
Lo que es innegable es que simultánea y paralelamente con este caso, ha hecho su aparición una renovada expresión de la industria profesional de la agitación, no vista desde hace muchos años en la entidad, que le compite y pone en jaque a las empresas transnacionales, y que se ha sabido manejar con bastante inteligencia, cuyos orígenes hay que conocer, estudiar y procesar, para dimensionar su impacto en los procesos políticos estatales de mediano plazo.
Mientras esta experiencia sucede con una de las compañías de la industria extractiva más fuertes de Zacatecas, México y el mundo, como lo es Goldcorp-, los legisladores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión, han mostrado (-salvo honrosas excepciones) absoluta indolencia e incapacidad de construir una eficaz normatividad que ponga límites a las ganancias excesivas que registran las empresas mineras por la explotación de la riqueza del suelo y el subsuelo del Estado.
Peñasquito y los acontecimientos:
El resolutivo de carácter judicial emitido por el Tribunal Agrario que obliga a la empresa Goldcorp proceder a la restitución de 600 hectáreas a los campesinos del Ejido Cerro Gordo (Mazapil), debido a que los convenios de ocupación temporal no son jurídicamente válidos, tiene una serie de implicaciones en materia de justicia penal, pero también de tipo político, social y económico. Igualmente obliga analizar con lupa el caso y destacar algunos elementos como los siguientes:
1).-Nadie sensatamente puede oponerse a que una resolución judicial de este tipo fundada en argumentos de justicia jurídica, favorezca a un grupo de campesinos zacatecanos; 2).-La estrategia técnica de los defensores legales de los derechos de los ejidatarios fue superior al poder económico de la empresa transnacional; 3).-Con gran fuerza operó paralelamente un equipo de asesores políticos, integrado por representantes de varias expresiones partidarias; 4).-A la iniciativa se sumaron y solidarizaron figuras de grupos políticos nacionales, con influencia en los espacios de la burocracia en el gobierno federal; y 5).-La empresa Peñasquito menospreció y desdeñó la capacidad de reacción de los ejidatarios, que hoy con sus aliados han dado una respuesta contundente.
Ahora será tiempo de que los aliados políticos de los ejidatarios –los auténticos, los reales, los de peso local y nacional-, den la cara y transparenten su acción. Pero lo más importante será conocer si sus motivaciones fueron para apoyar efectivamente a los campesinos, o si la finalidad fue para lucrar económicamente y/o simplemente para sacar raja política. O a caso será que recibieron consigna nacional, a fin de propiciar un nicho de ingobernabilidad en Zacatecas, en particular en contra de la administración de Miguel Alonso. Está por verse.
Y es que un grupo político zacatecano con la fortaleza para meter en crisis a una empresa transnacional del tamaño de Goldcorp, de qué no puede ser capaz. De todo, incluso de ganar la gubernatura en el 2016.
La riqueza de la minería zacatecana:
El valor promedio anual de la producción de la industria minera de Zacatecas asciende- de acuerdo a datos oficiales- a cerca de los 50 mil millones de pesos y se constituye en el sector económico más dinámico y competitivo de la estructura productiva de la entidad.
La dimensión de la minería en la entidad es de gran repercusión e impacto. Más del 60 por ciento del territorio del Estado se encuentra supeditado y sujeto al usufructo por permisos autorizados de exploración y explotación. Operan un total de 2 mil 537 concesiones mineras en la entidad.
El territorio zacatecano se lo disputan en la actualidad en materia de trabajos de exploración y explotación, más de 95 grandes y medianas compañías, entre las que destacan las siguientes: Gold Corp México, Peñoles, Silver Estándar, Meg Silver, Frisco, Capstone Gold, Teckcom Inco (LTD), Azteca Silver, Grupo México, Plata Panamericana, Minera Real de Ángeles, Canplats Resources Corp y muchas otras más.
Como nunca, hoy en día, se requerirá de capacidad de acuerdo y negociación para resolver el conflicto de la minera Peñasquito.
