El desarrollo sustentable se construye desde abajo
LUIS GERARDO ROMO FONSECA
En las últimas tres décadas, el impulso al desarrollo nacional se ha centrado en los ámbitos federal y estatal, dejando a la esfera municipal en un lugar secundario para coadyuvar en este objetivo. Por poner un ejemplo, antes se tenía la creencia de que la promoción económica de un municipio se limitaba exclusivamente a la autorización u otorgamiento de licencias para el establecimiento de empresas, cuyos límites terminaban en el acondicionamiento de áreas industriales y brindando apoyo para su operación. Bajo este acotado esquema, las políticas de desarrollo municipal no tenían la fuerza para incidir de forma determinante en el crecimiento económico y, mucho menos, para procurar la equidad social.
Sin lugar a dudas, en buena medida, esta capacidad limitada de los ayuntamientos ha repercutido para que hoy existan en México más de 52 millones de pobres (46.3% de la población total), y además tengamos una tasa de desempleo abierto del 5%, sin contar los elevados niveles de informalidad y subempleo.
Sin embargo, por otro lado, pese a las limitaciones administrativas y presupuestales del municipio, tal concepción ha cambiado y este orden de gobierno está en proceso de lograr una mayor influencia política y un impulso más decidido para procurar el desarrollo de sus habitantes. Para ello, tenemos que retomar las formas de organización social y productivas de cada comunidad, aprovechando las posibilidades que ofrece su territorio mediante la innovación y un manejo racional de sus recursos naturales. Efectivamente, todos los municipios cuentan con economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo, pero sólo aquellos que logren aprovecharlo de manera sustentable podrán insertarse en un proceso de crecimiento perdurable.
Para ello, se requiere dotar a los municipios de mayores facultades y atribuciones, mejorar su coordinación con los demás órdenes de gobierno y mejorar su oferta de bienes y servicios públicos, a efecto de que sus políticas públicas impacten en todos los campos del desarrollo. Como todos sabemos, el conjunto de actividades de la sociedad demandan un equilibrio entre los factores productivos, los recursos naturales y el bienestar de la comunidad; equilibrio que tiene que ser establecido precisamente por la acción gubernamental. Recordemos que el problema ambiental, antes que otra cosa, es un desafío político e institucional porque en su sentido más amplio, el desarrollo sustentable implica un modelo de sociedad que sea capaz de brindar calidad de vida y bienestar a las personas.
No obstante, para lograr este objetivo no sólo basta con generar riqueza, sino frenar el deterioro ambiental y alcanzar la equidad social. En este sentido, la sustentabilidad no se limita a la simple articulación entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales; sino fundamentalmente, supone una reestructuración de la sociedad que permita la realización plena de todos los individuos a partir de las posibilidades que les ofrece un entorno sano.
Esta gran aspiración social sólo puede ser viable si se origina desde el ámbito municipal a partir de una perspectiva territorial del desarrollo, aprovechando la estrecha relación que los ayuntamientos guardan con la población como instancia natural de participación política de los ciudadanos para resolver sus problemas más inmediatos y, con ello, apuntalar el desarrollo nacional. En otras palabras, vivir en lo global y actuar en lo local.
