Caravana lleva clamor contra feminicidio

Las organizaciones de mujeres de Chihuahua y las activistas en lucha por el esclarecimiento y fin de la violencia feminicida en Juárez lo tienen claro: Ellas no firmarán ningún pacto por la paz y la justicia con las autoridades federales y estatales.

“No podemos hacer más pactos con el gobierno; el presidente ya vino a firmar el Plan Juárez en 2010. ¿Para qué vamos a firmar otro cuando no se ha cumplido? No tiene sentido”, advierte Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

A su voz se suma la de Norma Ledezma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas –organización pionera en el combate al feminicidio–: “Nos oponemos a todo diálogo con el gobierno en Ciudad Juárez, en Morelos, o en cualquier punto del país mientras los militares continúen en las calles”.

Los grupos de mujeres, las madres de niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas, y las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Chihuahua son parte activa de la “Caravana del Consuelo”, encabezada por el poeta Javier Sicilia, y que atravesará nueve estados del país para exigir el cese de la guerra entre el gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado.

Forjadas en la lucha

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Cedehm llevarán la batuta de las actividades y protestas por el fin de la violencia en Chihuahua. Ahí en Juárez se prevé la firma de un Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el próximo 10 de junio. Las activistas insisten en que el acuerdo debe ser sólo entre la sociedad civil.

“Nuestra experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. A pesar de leyes, sentencias, operativos y sin fin de mecanismos, los asesinatos de mujeres continúan y quedan impunes”, advierten en un comunicado el Cedehm y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otra de las agrupaciones pilares en la denuncia del feminicidio.

El ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF Emilio Álvarez Icaza, uno de los organizadores de la “Caravana del Consuelo”, reconoce el papel preponderante de las organizaciones de mujeres en la movilización por la paz.

Destaca que la caravana lleva el reclamo de justicia por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, y por la ola de asesinatos de activistas contra el feminicidio en Chihuahua.

“Se realizarán actos sobre casos emblemáticos como el de Campo Algodonero por el que la CIDH emitió una sentencia contra México, y por el asesinato de la activista Marisela Escobedo”, detalla Álvarez Icaza.

Agrega que se planea colocar una placa en honor de Marisela, mamá de la joven asesinada Rubí Marisol Frayre, y considera ese caso como “dramático” al igual que el de la defensora Susana Chávez, también asesinada.

Respecto al caso Campo Algodonero, el Estado mexicano ha incumplido la sentencia de la CIDH del 16 de noviembre de 2009, por la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en ese lugar el 6 y 7 de noviembre de 2001.

La CIDH determinó que faltaron medidas de protección para las víctimas, hubo inacción de las autoridades frente a la desaparición de las jóvenes, se denegó la justicia y no se reparó el daño de manera adecuada.

Álvarez Icaza observa además que en Chihuahua hay “una segunda generación del feminicidio”, ya que ahora no sólo matan a las mujeres, sino también a sus familiares y a las activistas que exigen cese la impunidad.

Territorio de muerte

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez reporta que de 1993 a 2001, 214 mujeres fueron asesinadas en esa urbe. Tan sólo en 2010, ya con el Ejército en las calles, 304 fueron ultimadas. En todo el estado hubo 446 víctimas el año pasado, según cifras de Justicia para Nuestras Hijas.

Las activistas acusan que la violencia contra las mujeres en Juárez se ha agravado con la presencia del Ejército, y afirman que el fenómeno se ha querido invisibilizar con el pretexto del auge del crimen organizado y el narcotráfico.

Aunado a ello, las defensoras acusan que tras la entrada del Ejército a Chihuahua en 2006 ahora hay mucho mayor riesgo para sus labores a favor de las mujeres, al grado de que sus agrupaciones pueden desaparecer. Pero lanzan la advertencia: “No cerramos y no nos vamos hasta obtener resultados”.

Por ejemplo, la activista Josefina Reyes, quien participó en las protestas contra la violencia del crimen organizado tras la desaparición de su hijo Miguel Ángel, presuntamente a manos de militares, fue asesinada el 3 de enero de 2010 y en menos de tres años también seis miembros de su familia fueron ultimados.

Marisela Ortiz, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y María Luisa García Andrade, presidenta y cofundadora de la misma agrupación, tuvieron que dejar Chihuahua al ser amenazadas de muerte.

En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano brindar medidas cautelares a favor de Luz Estela Castro y su equipo, y para Norma Ledezma. Las autoridades no cumplieron de manera cabal con la disposición. Ellas siguen en Chihuahua.