Respaldo de abogados y universidades al nuevo sistema de justicia penal

Aguascalientes, Ags.- Es inminente la entrada del nuevo sistema de justicia penal adversarial, declaró el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Gregorio Zamarripa Delgado, esto tras reunirse con funcionarios del Poder Judicial, colegios y asociaciones de abogados y titulares de carreras de Derecho de Aguascalientes.

El también presidente de la Comisión de Gobierno de la LXI Legislatura, indicó que ya están listos los dictámenes de las leyes secundarias para la implementación de los llamados “juicios orales” y que de hecho, en la sesión ordinaria del pleno de este jueves, se someterá a votación la reforma a la Constitución Política del Estado para incluir en ella el nuevo sistema judicial.

Al respecto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fernando González de Luna, coincidió en la necesidad de que ya se tenga aprobada una legislación local, con la finalidad de proceder a la capacitación de los litigantes y de los funcionarios de los juzgados, la actualización de los planes de estudio de las universidades y la creación de infraestructura necesaria para poner en marcha la nueva modalidad.

El titular del Poder Judicial manifestó que se requiere por lo menos un año a partir de la ratificación del paquete de leyes para realizar los preparativos necesarios y tener la capacidad para atender los casos que se presenten, para lo que también se requerirá contratar a más personal.

Por su parte, el jefe de Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ricardo González, indicó que la máxima casa de estudios ya se ha venido preparando para el inicio de modalidad oral en los juicios, y que estarán pendientes de lo aprobado.

A continuación, el presidente de la Federación de Colegios de Abogados, Salvador Farías Higareda, opinó que es crucial la profesionalización de los licenciados en Derecho así como la certificación de los mismos, para lo que resulta necesario estar colegiados en organismos con reconocimiento de la SEP.

En ese sentido, el ex presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes dio a conocer que en próximas fechas el senador Miguel Romo Medina y otros legisladores federales, suscribirán una iniciativa para que sea una obligación la colegiación de litigantes, como una forma de impulsar la profesionalización de los mismos.

Enrique Espinoza Terán, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, señaló que su institución apoya completamente las reformas que se trabajan en el Congreso del Estado; de hecho, ofreció a sus investigadores y catedráticos en la materia de juicios orales, pues ya cuentan con especialidades sobre dicho sistema de justicia, así como salas especiales para la práctica de los estudiantes y abogados.

Rosa Avelina Vázquez Carreón, de la Universidad del Valle de México, mencionó que desde 2010 su institución incluyó la asignatura de juicios orales en el plan de estudio de la carrera de Derecho, con la consideración de que estarán atentos a las reformas que apruebe la LXI Legislatura para realizar las adecuaciones permanentes a los programas.

De la Universidad Cuauhtémoc, Adrián García, director del Despacho Jurídico de dicha institución, expresó que es positivo que la representación popular haya convocado a las instituciones de educación superior para la puesta en marcha de la nueva etapa en la impartición de la justicia. Añadió que están dispuestos a apoyar en lo necesario para coadyuvar en la implementación del nuevo sistema.

Sergio Delfino Vargas, presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, manifestó que si bien no están registrados ante la SEP, cotidianamente programan cursos de capacitación para sus agremiados, por lo que solicitó ser incluidos en el plan de implementación.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Ramón Torres Armenta, recordó que ya casi transcurrieron cinco años de que se realizó la reforma a nivel federal en juicios orales, plazo en el que pocos estados se han sumado aún en la implementación y durante el cual también han ocurrido omisiones en el seguimiento. No obstante, el jurista indicó que hay avances significativos, como la reforma en materia de amparo. “La oralidad no nos es ajena, puesto que nuestro sistema es mixto” subrayó.

Declaró que a su parecer, los abogados de la región están preparados para afrontar la conducción de los juicios orales, pero que se debe cuidar que los cambios en la legislación sean acordes a la realidad local, sin dejar de ver lo que se ha hecho en otros estados y países.

Torres Armenta advirtió que también se debe involucrar a las policías  y a los agentes del Ministerio Público en el proceso de implementación de las reformas, pues también son parte integral en la operación del nuevo sistema penal adversarial. Por último, sugirió la realización formal de debates sobre el tema, ya que hay muchas aristas por considerar, como la cuestión de los recursos necesarios.

Ante las inquietudes expresadas, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado reveló que el problema en efecto, ha sido la operatividad del sistema, ya que no todos los involucrados en el proceso han contando con el conocimiento o las habilidades para que funcione. Enfatizó que por este motivo se ha planteado una vacatio legis, un período de “prórroga” para el inicio del sistema a partir de la aprobación por el Congreso, con el límite marcado por los ordenamientos federales, que es el año 2016.

Erick Monroy, de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes, lamentó que haya pasado tanto tiempo desde la aprobación de la reforma en 2008, aunque celebró que ya se trabaje en la entidad para sacar adelante las modificaciones legislativas. Dijo que apoyan la creación de “Ciudad Justicia”, como dio a conocer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

“De todas maneras, con los recursos existentes se trabaja, incluso llevando audiencias hasta en los pasillos” mencionó el defensor legal. Deseó que en Aguascalientes se logre que la oralidad en los juicios sea plena, y no “leída” como en otros estados. Se pronunció por la suma de voluntades de universidades, colegios e instancias gubernamentales.

Rubén Rosales Andrade, vicepresidente de la Asociación Libre de Abogados, hizo un exhorto para que los apoyen en la actualización de los miembros de su asociación, mediante cursos de las instituciones educativas o compartiendo la información existente.

En el uso de la voz, el diputado Alfredo Martín Reyes Velázquez reconoció que pese a no tener formación en leyes, su trayectoria en el servicio público lo ha llevado a involucrarse en la aplicación, interpretación y manufactura de la legislación federal y estatal. El coordinador de la bancada del PAN, sugirió que también se invite a la representación del Poder Ejecutivo a la discusión de los nuevos ordenamientos, además de la organización de diplomados de alto nivel para el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal. Afirmó también que nunca es tarde para atender los asuntos de interés público.

Mario Guevara Palomino, diputado del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció que el atraso legislativo es porque no hubo en su momento la voluntad política para impulsar a tiempo la reforma. Por ello, celebró el trabajo de su compañero Zamarripa, así como de las instituciones educativas que sí han anticipado, preparando a sus estudiantes para las posibles modificaciones a los ordenamientos judiciales de Aguascalientes.

El legislador coincidió en la necesidad de actualizar los planes de estudio, la capacitación del recurso humano en cuestión de leyes y por supuesto, de la voluntad de los actores políticos en el estado para garantizar las inversiones que se requieren para la infraestructura y tecnificación del Poder Judicial, ya que de lo contrario, expuso, lo hecho por el Congreso del Estado quedaría sólo en una reforma.

Guevara propuso crear un consejo consultivo incorporando a las asociaciones de abogados y universidades para proceder a la realización de una agenda para la implementación de la nueva modalidad de justicia que desplazará al llamado sistema “inquisitivo”, con los aspectos de revisión de programas de estudio, la capacitación, etc.

En su turno, el diputado Gabriel Arellano Espinosa, compartió que en su experiencia en el servicio público, es frecuente que la población en general se queje de la mala impartición de justicia y de lo lento de los procesos, por lo que deseó que las reformas inminentes a la legislación de Aguascalientes procuren una justicia expedita.

Asimismo, puso sobre la mesa la inquietud de poder apoyarse en los estados de la República vecinos, si es el caso de que Aguascalientes se atrase en cuanto a la operación del nuevo sistema penal.

Laura Andrea Olmos, estudiante de la Universidad Panamericana, inquirió sobre las posibles medidas a ejecutar para minimizar los problemas que resulten de la ejecución de la nueva modalidad de justicia. A ello, el diputado Gregorio Zamarripa contestó que uno de los principales problemas en es el cultural, por lo que los retos que se presenten deberán ser atendidos con prontitud con la participación de todos los actores involucrados.

En el uso de la voz, el abogado Alan David Capetillo Salas dijo que se requiere un cambio y que por supuesto, habrá resistencia de los abogados que han trabajado de una forma específica durante décadas, donde ha prevalecido el uso de “machotes”, “chicanadas” y otros recursos tradicionales. “Habría que jubilar a muchos abogados y muchos jueces y darles oportunidad a los jóvenes” enfatizó.

Jorge Oswaldo León, de la Asociación Libre de Abogados, se sumó a la propuesta de especialización y certificación de los conocimientos de los litigantes. Dijo lo importantes es avanzar en la vigencia de nuevos paradigmas, destacando el funcionamiento de los sistemas alternativos de solución de conflictos.

Martha Campos Zambrano, presidente de la Asociación de Abogadas del Estado de Aguascalientes, manifestó que “nuestro sistema de justicia no esta diseñado ni capacitado para un sistema de justicia oral, que es el que nos quieren a fuerzas implementar. Yo quiero decirles que nuestro sistema de justicia a nivel nacional es un ejemplo internacional, pero el problema es la operación”.

Ejemplificó que en los Estados Unidos, donde le ha tocado dar seguimiento a juicios, la oralidad no es una panacea, “pero a diferencia de nuestra nación, allá se cumple la ley al pie de la letra” indicó. Aseguró que en los países sudamericanos donde ya se utilizan los juicios orales tampoco no han funcionado a cabalidad.

En otra intervención, el licenciado Salvador Farías Higareda, señaló que en la presente Legislatura se dio el inusual caso de la presencia de muchos abogados, por lo que les urgió a los diputados a que dejen un regalo para Aguascalientes, especialmente en el Presupuesto de  Egresos, donde podrían dejar un recurso específico para iniciar el proyecto de la Ciudad Justicia “que tanto nos urge”.

De hecho, propuso que esos “ocho abogados” que hay en el Congreso del Estado busquen la manera de asignarle más recursos al Poder Judicial, incluso quitando presupuesto al Poder Legislativo, ya que entre uno y otro apenas hay una diferencia de 40 millones de pesos, pese al tamaño en personal e instalaciones de uno y otro.

Por último, el legislador Gregorio Zamarripa Delgado, agradeció a todos los asistentes a la reunión, pues a su parecer “la inclusión y el conocimiento de los litigantes y universitarios es lo que dará sustento a la reforma de nuestro sistema penal”.