Duplica Deschamps el “Pemexgate”
LILIA ARELLANO *
Leyes hay, lo que falta es justicia: Ernesto Mallo
La credibilidad del nuevo gobierno pasa por la eliminación de la impunidad de la que disfrutan ampliamente representantes de la clase política que han saqueado las arcas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales, a pesar de las pruebas presentadas ante el poder judicial, que son desestimadas en actitudes francamente de complicidad con el Poder Ejecutivo. La aplicación de la justicia a funcionarios federales, gobernadores o presidentes municipales que se sirvieron con la cuchara grande y se enriquecieron a niveles inverosímiles es una asignatura pendiente hoy, a pesar de la alternancia en el poder presidencial, primero del PRI al PAN y luego del PAN otra vez al PRI. El esquema se repite también en los gobiernos estatales y municipales, en donde la misma corrupción corroe los presupuestos y endeuda a los nuevos gobiernos aún antes de iniciar sus gestiones.
El caso del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es uno de los más emblemáticos del uso del poder político para el enriquecimiento ilegal de una familia, sin que las autoridades judiciales realicen acciones efectivas no sólo para restituir el daño ocasionado por la depredación de las arcas públicas estatales al amparo del poder político, sino para castigar a los responsables de la desviación de recursos públicos multimillonarios a cuentas particulares, a pesar de que se cuenten con todos los elementos legales probatorios para tal efecto, lo que muestra el grado de complicidad que existe entre magistrados y políticos. El caso de la deuda de Coahuila, según las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, es sin duda alguna uno de los ejemplos más claros de la corrupción política en el país, pues está paso de 8 mil 267 millones en 2011 a 36 mil 509 millones en 2012, lo que representó un aumento del 342 por ciento, sin que se tenga certeza de dónde están esos recursos, aunque se ha obligado a los coahuilenses a pagarlos.
Este mes, la depredación de los recursos públicos de Coahuila realizada por la familia Moreira, alcanzó niveles de escándalo a nivel internacional, luego de que el gobierno de los Estados Unidos reveló que confiscó de una cuenta bancaria 2 millones 275 mil 544 dólares con 41 centavos, en el Sun Secured Advantage and N. T. Buetterfield and Son Limited, en Las Bermudas, a Héctor Javier Villarreal Hernández, titular del Servicio de Administración Tributaria, durante el gobierno de Humberto Moreira. A diferencia de las autoridades mexicanas que han persistido en su actitud de no dejar avanzar y mucho menos dar a conocer a la opinión pública las investigaciones en torno a la desviación de recursos del erario público por parte de gobernadores y funcionarios federales, la Corte Federal de Corpus Christi, Texas, reveló que los fondos de esa cuenta bancaria están vinculados con “lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, robo y uso del erario público para el enriquecimiento personal”.
El fiscal Kenneth Magdison explicó la forma de operar de ese corrupto funcionario: Villarreal Hernández sacaba el dinero de las arcas públicas del estado de Coahuila y, primero, los depositaba en una cuenta bancaria de Brownsville, Texas, y posteriormente lo transfería a la cuenta en Las Bermudas. Destaca que en el gobierno de Moreira, entre julio de 2010 y marzo de 2011, Villarreal realizó tres préstamos fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares. Además, estima que desde abril de 2009 hasta marzo de 2011, a través de créditos y contratos fraudulentos, recibieron más de 35 millones de dólares por medio de transacciones internacionales y que, subsecuentemente, con los fondos adquirieron varias propiedades en ciudades texanas de San Antonio, Brownsville e Isla del Padre.
Villarreal lavó el dinero que obtuvo ilícitamente de las arcas de Coahuila con la ayuda de varios miembros de su familia, incluida su esposa, María Teresa Botello, y su amante, Altagracia Daniela Rodríguez García. A pesar de que en octubre de 2011, fue detenido Villarreal en Texas acusado de uso de documentos falsos y fraude, quedó libre tras pagar una fianza de 10 millones de pesos y luego se fugó.
Por lo que toca al papel que ha jugado el poder legislativo federal en este escándalo político, se ha limitado a declaraciones de senadores del PAN, PRD y hasta del PRI demandando al gobierno de Enrique Peña Nieto continuar con las investigaciones del llamado “Moreirazo” y castigar a los responsables para evitar que el caso quede en la impunidad, como ha sucedido hasta el momento. El panista Ernesto Cordero recordó que las denuncias penales ya se interpusieron desde hace un par de años, desde que era titular de la Secretaría de Hacienda, pero el gobierno de Felipe Calderón no llevo a cabo las indagatorias o simplemente las congelo. Ahora el legislador pide que se siga investigando y se castigue a los responsables. También el coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto evitar el doble discurso y cumplir con los planteamientos que ha hecho en materia de trasparencia e impartición de justicia.
La pelota está en la cancha del gobierno de Enrique Peña Nieto, y los responsables están a la vista. Documentos del Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal, con sede en la ciudad de México, constatan que la contratación de créditos para Coahuila con documentación falsa la realizó directamente Miguel Ramón Rodríguez Flores, tesorero de la entidad, y la autorizó Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satec), con el argumento de que los recursos se aplicarían a obras públicas y programas de inversión, lo cual no sucedió.
El brazo de la justicia federal se ha revelado muy corto en este caso, pues a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a ese juzgado la averiguación previa UEIDFF/FINMI17/2011 y la acumulada UEIDFF/FINM13/429/2011, a través de las cuales se ejerció acción penal contra Jaime René Jiménez Flores, director de deuda, y Jorge López Alarcón, jefe de departamento, quienes laboraban en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda, como responsables de utilizar ilegalmente sellos y falsificar documentos para que el gobierno de Coahuila obtuviera créditos por mil millones de pesos, no se ha ejercido acción penal contra ningún “pez gordo”. En el acto de formal prisión que se dictó a esos dos ex funcionarios también se libraron órdenes de aprehensión contra cinco ex servidores públicos de Coahuila, entre ellos Héctor Villarreal Hernández, quien ahora está siendo investigado también por autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero.
El papel de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este caso ha sido lamentable. Los togados desecharon diez amparos solicitados por empresarios de Coahuila para invalidar el decreto del Congreso estatal que autorizó –con un papel lamentable también de los legisladores locales que raya en la complicidad – cubrir el pago de más de 33 mil millones de pesos de deuda heredada por la administración del ex gobernador Humberto Moreira. Los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN desecharon las demandas como notoriamente improcedentes, con el argumento de que los representantes legales de los quejosos no hicieron valer el interés legitimo para promover los juicios. Los togados también consideraron que la resolución del caso podía impactar los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos y, con ello, el bienestar, así como la estabilidad social.
También se ha evidenciado, como es lógico, una gran complicidad en el gobierno de Rubén Moreira, en el caso del magno endeudamiento que dejó su hermano. En el caso que revelaron las autoridades estadounidenses, descrito líneas arriba, el actual gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, negó que los recursos incautados a Javier Villarreal Hernández, provengan de los créditos bancarios obtenidos durante la administración estatal de Humberto Moreira. Sostuvo que los 2.2 millones de dólares que se encontraban depositados en la cuenta de un banco de las islas Bermudas “no son recursos derivados del erario estatal”. A través de un comunicado, sostiene que ”los recursos provenientes de los créditos obtenidos por el Gobierno del Estado con el sistema financiero fueron ingresados en su totalidad a las propias cuentas del Gobierno, asimismo, no existen faltantes que presuman irregularidades”.
Sin embargo, otro punto a destacar del cual el gobierno de Rubén Moreira no ha dado explicaciones satisfactorias para los coahuilenses, es el hecho de que a dos años de que Humberto Moreira dejo la gubernatura, el legado de obras inconclusas permanece en la entidad y algunas ya fueron olvidadas por la actual administración. Ejemplos sobran: la Infoteca de Piedras Negras no está operando; están a medias el Museo de la Frontera Norte, el Hospital General de Piedras Negras y el Museo del Niño. No ha concluido la construcción del parque La Chimenea en Nueva Rosita; en Torreón, están inconclusas la Presidencia Municipal, el Hospital General y el sistema vial Alianza. En Saltillo, no han terminado el Museo de los Saraperos y la Charrería, como tampoco han finalizado el edificio que albergaría los juzgados para juicios orales. La explicación de esta situación de acuerdo con el gobierno de Rubén Moreira es que a muchas de las obras inconclusas se les tuvieron que hacer reingenierías, con nuevos contratos, por supuesto, para que puedan ser terminadas.
Un aspecto más que tampoco ha podido resolver el gobierno de Rubén Moreira se refiere a la ola de violencia que azota la entidad. Los asesinatos y ejecuciones, con desmembrados y descabezados incluidos, en las principales ciudades de Coahuila, Saltillo, Torreón, Piedras Negras, son cosa de todos los días y las autoridades estatales ya ni siquiera se molestan en investigarlas, bajo el argumento de que son víctimas del crimen organizado y de las luchas entre los cárteles de la droga que se disputan las principales plazas de la entidad.
A lo anterior habría que agregarle la indefensión en que se encuentran los medios de comunicación y los periodistas coahuilenses ante la negligencia de las autoridades estatales para investigar los ataques a éstos, lo que los ha llevado a ejercer la autocensura para garantizar la seguridad de sus colaboradores. El más reciente es el secuestro de cinco empleados del Siglo de Torreón, que ni siquiera eran periodistas, y quienes fueron privados de su libertad en diferentes lugares. Todas estas agresiones a la prensa están en completa impunidad. Esto llevo a la organización Concertación Mexicana a advertir que de mantenerse esta situación y no asegurarse el irrestricto respeto al derecho a informar y ser informado, la sociedad entera corre el riesgo de que el secretismo y la opacidad cancelen la transparencia y el debate público abierto que son base irrenunciable de la democracia.
Como antecedente inmediato hay que resaltar que el sexenio de Felipe Calderón fue uno de los más violentos para la prensa que jamás se hayan registrado en el mundo, de acuerdo al reporte “Ataques a la prensa en 2012”, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dado a conocer en Nueva York. En el sexenio del panista, hubo “un aumento sin precedentes en el número de periodistas asesinados y encarcelados en el último año”, además de que predominó una “legislación restrictiva y censura estatal” que puso en riesgo al periodismo independiente.
GOBIERNOS CONVERTIDOS EN CLOACAS
Casos como el “moreirazo” se repiten en toda la geografía nacional y la impunidad los cobija. Sólo para referirnos a los más recientes hay que señalar el “granierazo” del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, cuyo enriquecimiento reciente lo han exhibido precisamente sus propios hijos Mariana y Fabián Granier Calles. El nivel de corrupción que se alcanzó en esa administración puede vislumbrarse con el hecho de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó congelar las cuentas de Mariana Granier Calles, a quien se le localizaron 3 mil millones de pesos. En tanto, a su hijo Fabián se le han identificado propiedades hasta por más de 50 millones de dólares. La administración de Arturo Núñez ha informado sobre el saqueo descomunal a las arcas del gobierno de su antecesor que dejó una deuda por más de 10 mil millones de pesos.
Otros casos en los que los colores partidistas son lo de menos son los del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien un juez federal ordenó su captura acusado de vínculos con el crimen organizado. También los del ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy. El actual mandatario de esa entidad, Fausto Vallejo, anunció este jueves las primeras siete denuncias penales por el quebranto financiero que le heredo la pasada administración. El gobernador priísta explicó que al recibir el gobierno en febrero de 2012, le dejaron deudas bancarias por 16 mil 316 millones de pesos y otros pasivos por 15 mil 574 millones más. Ese quebrando, aseguró, pudo evitarse.
Y la añeja corrupción en el gobierno federal salió a flote una vez más este jueves. La abogada Talía Vázquez Alatorre, reveló que peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya pudieron cotejar que Juan Iván Peña Neder, ex coordinador de asesores del ex secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, tenía en su domicilio particular un aparato de sellos de esa dependencia, los cuales presuntamente fueron utilizados para expedir infinidad de permisos apócrifos con los que se abrieron casas de juegos y sorteos en el país. Los sellos, dijo, los encontraron desde el año 2011, pero la ex titular de la PGR, Marisela Morales, nunca ordenó que se desahogara este peritaje tan simple. Actualmente la PGR y la Secretaría de Gobernación han agilizado investigaciones contra Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos, y Guillermo Santillán Ortega, ex director de la Unidad de Enlace Federal, así como en contra de Juan Iván Peña Neder, actualmente preso en el Penal Federal de Matamoros, Tamaulipas.
Otros casos de corrupción se refieren al manejo de paraestatales como Pemex. Después del llamado “Pemexgate”, que llevó al IFE a multar al PRI al detectar que el STPRM aportó 500 millones de pesos a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, ahora salió a la luz pública que Pemex prestó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps, 500 millones de pesos pagaderos en un plazo de 10 años, y sin intereses. De acuerdo con el Convenio Administrativo Sindical 10614, los recursos fueron entregados al sindicato el 8 de diciembre de 2011 “para la construcción de viviendas”, a través de una transferencia electrónica. Fue hasta un mes después cuando el sindicato y Pemex registraron el convenio y no se sabe de la entrega del número de viviendas que podrían construirse con esa suma.
DE LOS PASILLOS
El PRD alertó que en aquellas entidades donde la violencia “es atroz” se corre el riesgo de que prolifere la creación de los llamados grupos de autodefensa. Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, consideró que Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Nuevo León, podrían ser caldo de cultivo para que la gente “haga justicia por propia mano”, por lo que demandó un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
También el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que la decisión de grupos y organizaciones civiles de recurrir a la “autodefensa” en contra del crimen organizado, es un “urgente y descomunal” llamado de atención al gobierno, por que, admitió, hasta ahora ha sido incapaz de garantizar el primero de sus deberes públicos.
Mientras, frente a la ola de asaltos, extorsiones y robo de ganado, habitantes de la comunidad El Durazno, municipio de Tixtla, Guerrero, decidieron crear su propia policía comunitaria, incorporada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), mientras otras cuatro más lo harán en los próximos días… Por otra parte, existen nueve entidades que registran una tendencia creciente de homicidios de mujeres: Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1
