Alto a la impunidad exigen a EPN

LILIA ARELLANO *

Debemos desconfiar unos de otros, es nuestra única defensa contra la traición: Tennessee Williams

Los rasgos que describen el precario sistema “democrático” que se tiene en México incluyen la vulnerabilidad que resienten los medios de comunicación en prácticamente todo el territorio nacional, en donde sus representantes, periodistas, editorialistas y demás trabajadores están inermes no sólo ante las agresiones de la delincuencia organizada, sino también de los aparatos represivos oficiales, que cada vez se transforman en instrumentos de un Estado autoritario, muy alejado del ideal democrático al que aspiramos.

Ante esa situación, representantes de los medios de comunicación en el país hicieron un llamado al nuevo gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto para que establezca como una prioridad de su administración restituir las condiciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el territorio nacional, luego del plagio de cinco trabajadores de “El Siglo de Torreón”, y exigieron a las autoridades federales y estatales de Coahuila que los hechos sean investigados y castigados.

El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la violencia consideró que a la mayor brevedad debe ponerse fin a la impunidad que ha permitido que 82 periodistas hayan sido asesinados y 18 permanezcan desaparecidos desde 2005 a la fecha, sumados a los 28 ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

Los medios de comunicación exigieron que el Congreso de la Unión cumpla con su obligación de reglamentar la reforma constitucional al artículo 73 que permite que la Federación conozca de delitos contras periodistas, personas o instalaciones que afecten el derecho a la información, toda vez que el plazo marcado por la ley para esa tarea venció el pasado mes de diciembre.

El último capítulo que corrobora las adversas condiciones sociales derivadas de la ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, en las que tienen que trabajar los medios de comunicación y sus representantes, se registró precisamente el pasado jueves justo cuando en el Congreso de la Unión se instalaba la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.

Los hechos ocurrieron en distintos momentos de la tarde y noche del día 7 del presente mes, cuando cinco trabajadores del periódico “El Siglo de Torreón”, ninguno de ellos reportero puesto que dos eran publicistas, dos administradores de la página web y uno más de cobranza, fueron privados de la libertad por desconocidos, quienes –afortunadamente- los liberaron horas después, en la madrugada de este viernes.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades estatales, los trabajadores de ese importante rotativo de Coahuila, uno de los más influyentes de la entidad, fueron retenidos en “diferentes eventos” y al menos dos de ellos fueron sacados de sus viviendas.

La delincuencia organizada en Coahuila ha tomado a “El Siglo de Torreón” como blanco de diferentes ataques: en el mes de noviembre de 2011, el diario reportó que durante la madrugada un grupo armado incendió un vehículo frente a su puerta principal y, posteriormente, efectuaron varios disparos contra el edificio; en agosto de 2009 las instalaciones de este rotativo fueron atacadas por sujetos armados. Lo más grave es que las investigaciones sobre estos hechos están congeladas y sin avances.

Las adversas condiciones de seguridad con que los medios de comunicación en Coahuila se ven obligados a trabajar se puso de manifiesto una vez más este jueves con el secuestro de cinco trabajadores de ese rotativo.

Esos hechos ponen en evidencia que se abrió un nuevo frente en la vulnerabilidad de los medios de comunicación, toda vez que los empleados plagiados ni siquiera pertenecen al área de redacción, es decir, no son periodistas, lo que indica que para la delincuencia organizada cualquier trabajador puede ser blanco de una agresión que pretenda afectar una cobertura periodística mediante acciones violentas.

Los hechos también demuestran que los medios de comunicación y sus representantes están atrapados en la ola criminal que azota al país, particularmente en regiones como La Laguna en los últimos años, a pesar de que los medios y los periodistas sólo cumplen con su función social dentro de la sociedad mexicana, al dar cuenta de los hechos que han golpeado a las comunidades del país.

Resulta destacable el hecho de que el plagio de los trabajadores haya ocurrido el mismo día en que en el Congreso de la Unión se instaló en la Cámara alta la Comisión para Seguimiento de Agresiones contra Periodistas, un organismo similar a muchos otros que no han logrado frenar la violencia contra los medios de comunicación.

Ante esos hechos, el gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), condenó el secuestro de los trabajadores de “El Siglo de Torreón” y se comprometió a agotar todas las líneas de investigación en el ámbito de su competencia a fin de dar con el paradero de los agresores.

La procuraduría estatal ya inició una averiguación previa penal a fin de esclarecer esos hechos.

Mientras, en el Congreso de la Unión avanza lentamente la iniciativa para sancionar ataques a medios. El mismo jueves, las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado de la República, con opinión de la Secretaría de Gobernación, presentaron el anteproyecto de dictamen de la Ley Reglamentaria al Artículo 74 Constitucional, que faculta a las autoridades federales para atraer delitos del fuero común contra los periodistas y medios de comunicación, y con la cual se estrena la figura de Audiencia Pública –similar a la que funciona en Estados Unidos- a fin de involucrar a la sociedad civil en este tema.

Si bien el proyecto de dictamen ya fue presentado públicamente, su votación se realizará hasta conocer la opinión de actores y expertos involucrados.

También este viernes entró en vigor la Ley General de Víctimas que a pesar de la oposición de la administración de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto promulgó, aunque se espera que sea “perfeccionada” en breve, según lo han anunciado funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, así como diputados y senadores.

Esa ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero, y tiene como propósito, según su Artículo 2: “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales y demás instrumentos en la materia”.

El reglamento para dicha ley debe expedirse dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 8 de agosto próximo. También, el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas, incluido en la ley, deberá crearse dentro de los 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley, por lo que habrá que esperar.

PROMESAS

Ante la sociedad civil mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un compromiso que se ve difícil pueda cumplir su administración. Al encabezar un homenaje a las víctimas de la explosión del 31 de enero y a quienes ayudaron en las tareas de rescate, el titular del Ejecutivo Federal ofreció informar con transparencia y oportunidad sobre las causas que ocasionaron el siniestro ocurrido en la Torre B2 del complejo administrativo de Pemex. Ni transparencia, ni mucho menos oportunidad, ha existido hasta el momento en la información oficial sobre esta tragedia que enlutó a todos los mexicanos.

Todo lo contrario: aún en la ceremonia que se realizó precisamente en la Torre de Pemex para rendir un homenaje a los 37 trabajadores de la empresa que perdieron la vida en ese incidente, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, insistió en que “no debe quedar lugar a dudas de que fue una acumulación de gas lo que provocó el siniestro”. Sin embargo, reconoció que aún quedan muchas preguntas por resolver.

Admitió que “lo que sabemos hasta hoy desde luego no es suficiente, estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan, porque yo me pregunto lo mismo, ¿por qué se produjo la explosión? No lo sabemos aún, pero hoy aquí ante ustedes me comprometo a seguir muy de cerca la investigación sobre el origen de esta explosión, de colaborar y apoyar a las autoridades en dicho proceso, esto es lo menos que le debemos a los deudos de los muertos, es lo menos que nos debemos a nosotros mismos”.

Durante el evento al que acudieron alrededor de dos mil personas, Peña Nieto entregó diversos reconocimientos: al representante de la organización Topos, al de la Cruz Roja, a los de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, entre otras dependencias, quienes participaron en las labores de rescate en la Torre B de Pemex.

OTRO GASOLINAZO

Mientras se realizaba el homenaje a las víctimas de la explosión del pasado 31 de enero, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informaba que el gobierno federal determinó aplicar el segundo incremento a los precios de los combustibles a partir del primer minuto de este sábado. Así las gasolinas Magna, Premium y el diesel aumentaron 11 centavos por litro, respectivamente.

A partir del primer minuto de este sábado, la gasolina Magna cuesta 11.03 pesos por litro; la Premium 11.59 pesos por litro; y el diesel 11.39 pesos por litro.

Cabe recordar que las autoridades hacendarias y financieras del México tiene como meta a conseguir eliminar el subsidio a los combustibles que el año pasado superó los 200 mil millones de pesos, a través de homologar los precios de las gasolinas en México a los que rigen a nivel internacional.

DE LOS PASILLOS

Al filo de la medianoche del jueves, elementos de la Policía Estatal y Acreditable de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Morelos atacaron a balazos al convoy en el que viajaba el Procurador de la entidad, Rodrigo Dorantes, y sus escoltas, integrado por dos camionetas. En el ataque, tres policías ministeriales murieron y un estatal resultó herido.

Según el gobernador Graco Ramírez el ataque contra el procurador fue una “conspiración”. Señaló “que la investigación nos arroje lo que tenga que arrojarnos, por eso vamos a ir al fondo de la investigación, porque se trata de una conspiración desde dentro y por encima de los mandos, vamos a actuar con mucha más firmeza, pero que quede claro, no hay ningún problema de coordinación entre el señor procurador y la señora secretaria de Seguridad Pública, ese no es el problema”.

El mandatario morelense informó que 10 policías estatales fueron puestos a disposición del Ministerio Público y dijo que designará a un fiscal especial para que indague la agresión.

Al cierre de estas líneas, el gobierno de Guerrero y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) habían llegado al acuerdo de entregar al primer grupo de 54 resguardados en las casas de justicia, acusados de delitos de robo y delincuencia organizada en el municipio de Ayutla de Los Libres.

El portavoz del Consejo de Seguridad del Estado de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, confirmó este viernes la detención de una persona presuntamente vinculada a la matanza de 17 integrantes del grupo musical Kombo Kolombia, crimen que las autoridades de ese estado atribuyen al cártel criminal de “Los Zetas”.

Las causas de la masacre, según las indagaciones de la Agencia Estatal de Investigación es que el grupo de música colombiana realizaba presentaciones en lugares controlados por el cártel del Golfo, rival de “Los Zetas”. Según las indagatorias, quien orquestó el crimen fue José Isidro “N”, conocido como “El Pichilo”, presunto líder de “Los Zetas” en los municipios de El Carmen, Hidalgo, Mina y Abasolo.

Ante integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que el Ejército mexicano se ha desgastado en los años recientes por su participación en tareas de combate a la delincuencia organizada. Según el diputado del PT, Ricardo Monreal, el secretario “fue sensible al tema de la presencia del Ejército mexicano en las calles.

Reconoció que las fuerzas armadas han sido desgastadas en los años recientes, y consideró que sería necesario que los efectivos regresaran a sus cuarteles, porque están desempeñando labores para las que no están preparadas”… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1