Dominan intereses de partido en debate por violación a españolas
Por Anayeli García Martinez/CIMAC
Ante el creciente escándalo por la violación sexual de seis ciudadanas españolas el pasado lunes en Acapulco, Guerrero, el Congreso de la Unión condenó los hechos y llamó a las autoridades a esclarecer el delito y castigar a los responsables.
Sin embargo, cada fracción parlamentaria tuvo una visión distinta de este caso de violencia sexual respecto al impacto que tendrá en la imagen del México ante el mundo y sobre las declaraciones del alcalde de Acapulco, Luis Walton –militante de Movimiento Ciudadano (MC)–, quien aseguró que las violaciones son algo que “suceden en cualquier parte del mundo”.
De manera unánime las y los legisladores repudiaron los hechos, y en la Cámara de Diputados aprobaron la creación de un grupo plural de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades de Guerrero.
Los pronunciamientos, tanto en el Senado como en San Lázaro, no dejaron de lado los colores e intereses partidistas.
Por ejemplo, en la Cámara baja la priista Miriam Cárdenas criticó los comentarios de Walton y lo llamó “misógino”, a la vez que señaló que independientemente de su nacionalidad se trata de mujeres y de una violación sexual que debería ser investigada por una Comisión Especial.
En contraste, el panista Carlos Fernando Angulo y los diputados de MC Francisco Alfonso Durazo y Ricardo Mejía matizaron que la impunidad en casos de violación es a nivel nacional, y afirmaron que la violencia contra las mujeres siempre debe ser tema prioritario y no sólo en “casos de coyuntura”.
Mejía incluso ironizó con lo que llamó el súbito interés de la bancada priista por las violaciones contra las seis mujeres españolas, cuando una y otra vez han minimizado y evadido el tema de la violencia que sufren las mexicanas en las entidades gobernadas por el PRI.
A esta posición se sumó la diputada de MC Martha Beatriz Córdova Bernal, quien dijo que en Ciudad Juárez y otros municipios de Chihuahua, de donde es originaria, han tenido casos similares sin que a los legisladores les importe la mala imagen o la falta de inversión que provocan tales hechos.
Al debate se unió la perredista Elena Tapia Fonllem, quien recordó que en Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila –estados gobernados por el PRI– han sucedido casos similares, pero que a diferencia de lo ocurrido en Acapulco, en esas entidades ha prevalecido la negligencia porque no se han investigado ni sancionado los delitos.
Agregó que crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones era innecesario, y optó por un grupo plural de trabajo entre las comisiones de Derechos Humanos y de Equidad y Género, propuesta que finalmente se aprobó.
POLÉMICA
Desde ayer por la tarde unas 10 diputadas del PRI –encabezadas por Francisca Elena Corrales– se presentaron de manera inesperada en una reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos para protestar por la agresión sexual contra las ciudadanas españolas.
En esa sesión, las legisladoras pidieron que la instancia legislativa presentara un punto de acuerdo para condenar la agresión y las declaraciones de Luis Walton, sin embargo la mayoría de los integrantes de la comisión se pronunciaron contra la propuesta.
Las priistas también pidieron que esa comisión solicitara al Pleno de la Cámara baja la creación de una instancia legislativa de seguimiento a las investigaciones del caso.
En opinión de las diputadas del PRI, en Guerrero prevalece la “ingobernabilidad”, toda vez que se han violentado los derechos de la población y en estos hechos también la seguridad de las y los turistas.
En respuesta a los señalamientos de las legisladoras del tricolor, diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, como Vicario Portillo (PRD) y José Francisco Coronato (MC), pidieron que el tema “no se partidice”.
VIOLACIONES SEXUALES
De acuerdo con el diagnóstico “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010”, al año se registran en promedio 15 mil denuncias por violación sexual.
El informe elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ONU-Mujeres y la Comisión Especial de Feminicidio de la anterior Legislatura –con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, también indica que hay una “cifra negra”.
Según esos datos, mientras las denuncias crecieron en el periodo analizado, las averiguaciones previas que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicial, en promedio no pasan de 4 mil al año.
En la sesión de hoy del Senado se pidió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se coordinen y proporcionen la atención adecuada a las víctimas, y den seguimiento puntual a la actuación de las autoridades y al avance de las investigaciones.
A propuesta de la senadora priista Diva Hadamira Gastélum, el Senado también exhortó a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar los tipos penales y códigos locales a fin de avanzar hacia una armonización legal que sancione la violencia sexual.
Al discutir el punto de acuerdo, la senadora priista Claudia Pavlovich reiteró que lo acontecido “no debe pasarse por alto y mucho menos podemos aceptar declaraciones como la del alcalde Luis Walton, quien en rueda de prensa dijo que es muy lamentable lo que ha pasado pero ‘eso sucede en cualquier parte del mundo’”.
En tanto, para la senadora panista Mariana Gómez del Campo fue más alarmante el daño a la imagen de Acapulco y de México ante el exterior, por la violación de las seis mujeres españolas.
La senadora perredista Angélica de la Peña afirmó que la violación sexual ocurre en todo el país, lo que refleja que es resultado de un problema estructural “muy grave” que hace urgente una política pública que reconozca a las mujeres como sujetas de derechos y no como objetos sexuales.
La senadora Martha Palafox Gutiérrez del PT atribuyó el hecho a la delincuencia y señaló que Acapulco es uno de los principales centros turísticos del país, y ahora se encuentra menguado por el ataque sistemático de grupos criminales.
