Bloquear señal de teléfonos en cárceles, pide Tomás Torres
Como una medida para combatir delitos como extorsión o amenazas, que frecuentemente se realizan mediante teléfonos celulares desde las cárceles del país, el senador Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, propuso que los centros penitenciarios cuenten con la instalación y operación de equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía móvil o de radiocomunicación dentro de los penales.
Mediante una iniciativa que también es suscrita por senadores del PRI y el PAN, Tomás Torres planteó reformar el artículo 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para establecer que las instituciones federales, estatales y municipales en la materia, se coordinen para garantizar que todos los reclusorios del país cuenten con equipo e infraestructura necesaria para evitar llamadas telefónicas, así como la transferencia de datos o imágenes dentro del perímetro de los mismos.
La propuesta que será analizada por las comisiones unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, también pretende modificar el artículo 31 de dicha ley para estipular que “la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá formular los lineamientos para que la Federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación los equipos de bloqueo de señales de comunicación en los establecimientos penitenciarios”.
El secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Tomás Torres, comentó que esta iniciativa es complementaria a una que presentó el 15 de marzo y fue aprobada por el Pleno del Senado en la sesión del pasado viernes 29 de abril, la cual reforma la ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados para establecer las disposiciones antes mencionadas en los centros penitenciarios.
El legislador por Zacatecas consideró que de aprobarse esta iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Seguridad Pública se podrá cumplir con medidas para evitar que se lleven a cabo llamadas de extorsión o amenazas desde las cárceles del país, que atentan contra la seguridad y estabilidad de los mexicanos.
