Burocracia de angora con altos sueldos

LILIA ARELLANO *

Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su
​salario depende de que no lo entienda: Upton Sinclair

El panorama nacional va enrareciéndose de nuevo apenas a 50 días de haberse iniciado otra etapa gubernamental en la que quienes aparecen en primera línea, a los que ya se creía con experiencia suficiente para poder restaurar el orden pero fundamentalmente el Estado de Derecho, dan muestras de no saber hacia dónde encaminar sus pasos. A través de información oficial supimos de la detención de más de 700 supuestos delincuentes en los primeros 30 días y nada más. Tal vez hubiese sido más creíble si hablan solo de unas cuantas decenas y revelan los resultados de las investigaciones. El otro renglón prioritario desde hace más de una década, el empleo, registra bajas que alcanzaron en tan solo un mes las 232 mil plazas lo cual revela que también existe un alarmante cierre de empresas o son muchas las que enfrentan situaciones de crisis que les obligan a despedir a los trabajadores.

De uno y otro tema solo tenemos declaraciones y buenas intenciones. Con respecto a la seguridad el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, ha variado sus declaraciones en más de una ocasión y la última advierte la necesidad de convertir a esa dependencia en una unidad de investigación y no de acusación, con lo que esto quiera decir. Con relación al empleo la cifra de la pérdida de plazas es alarmante si se toma en consideración que tal registro obedece tan solo a un mes y el del arranque gubernamental, en el que lo más visible ha sido siempre la paralización de decisiones.

El baño de sangre, como revelamos a usted el día de ayer continúa y a él se suman los 29 decesos de las últimas horas provocados por el frío. Ante este panorama que se enriquece con datos que más adelante le damos a conocer ¿es de vital importancia el ordenamiento rural o se trata solo de otro efecto mediático que esperan pegue en el ánimo popular y demuestre que se está trabajando? Por lo pronto y entre pactos y acuerdos y diálogos y encuentros y muchos pero muchos discursos va transcurriendo un tiempo que sigue desperdiciándose en renglones clave, en los que le interesan a los ciudadanos, porque habrá que reconocer que en otros avanzan como es el de imponer un IVA generalizado y la reforma energética para poder contar con capitales extranjeros que les permitan hacer uso de percepciones fuera de los presupuestos aprobados.

Así las cosas nada se dice sobre los reglamentos que deben acompañar las reformas que ya han sido aprobadas aunque vale la pena señalar que si algo ha habido a partir del sexenio de la tecnocracia, o sea del de Miguel de Madrid, han sido reformas que solo han llevado al país a la crisis. Ninguna resultó exitosa ni ha permitido el avance ni el desarrollo nacional, ni siquiera la imposición de la ley en los delitos y la fórmula se repite una y otra vez, como ejemplo está la de Víctimas que como las otras nació insuficiente, coja. Se observan los oídos sordos a reclamos que se repiten a cada día, a cada paso como es el de las reclasificaciones de las tarifas eléctricas, los excesos que comete la CFE en todo el país y en cada domicilio de los millones de familias mexicanas, ni que decir de los gasolinazos y, de todo ello solo se advierten “necesidades” para el gasto público aunque de él no se rindan cuentas.

Si a las cifras de desempleo le agregamos el aumento al salario de este año que ha sido de dos pesos con 43 centavos, ya se quedaron atrás y muy lejos las promesas de campaña de EPN y sus intentos por llevar a la práctica renglones propuestos por AMLO y que no dudó en repetir públicamente haciéndolos pasar por suyos en el marco de un viraje que resultó inexplicable y ahora se ve, falso. ¿Es necesario crear un Instituto Nacional de Emprendedores? ¿Para qué? Dicen que para el encadenamiento de las empresas y para el trabajo con universidades y gobiernos estatales. ¿Eso qué será? Por lo pronto y como sintetizarían antaño: “de lengua me como un plato”.

TRAMPOSA Y MEDIOCRE TRANSPARENCIA

La pretensión mediática del nuevo gobierno federal de “transparentar” el patrimonio y los ingresos de su alta burocracia fracasó totalmente al ponerse en evidencia ante la opinión pública que los sueldos y gastos en servicios personales aumentan permanentemente en el sector público, mientras que 6.7 millones de trabajadores en el país ganan apenas un salario mínimo y la tercera parte de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene que refugiarse en la economía informal para sobrevivir. Los reportes que pretendía “transparentar” los ingresos de los altos burócratas federales, incluyendo al propio presidente Enrique Peña Nieto, obligaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a precisar que todos los secretarios integrantes del gabinete presidencial gozan de una percepción mensual bruta por concepto de sueldos y salarios de 205 mil 122 pesos.

La SFP tuvo que explicar que una vez que se realizan las deducciones aplicadas por ley, la percepción ordinaria mensual neta de todos los secretarios de Estado es de 145 mil 284 pesos, aunque puede variar el monto que reciban por diversas razones. La dependencia aclaró que además de la percepción ordinaria mensual, algunos servidores públicos reciben un pago por riesgo, en términos de lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho monto es determinado por la propia SFP y no puede exceder del 30 por ciento de la percepción ordinaria mensual por concepto de sueldos y salarios. En un comunicado, la SFP precisó que los servidores públicos federales, incluyendo a los integrantes del gabinete, tienen derecho a participar en el programa de seguro de separación; en función de ello, explicó, deciden que un porcentaje de su percepción ordinaria mensual se les retenga del pago de nómina y se aporte directamente a dicho programa.

Además, a los integrantes de las fuerzas armadas se les autorizan pagos adicionales a los que tienen derecho, de acuerdo con su antigüedad en el servicio. El comunicado de esa dependencia subraya que el rubro del sueldo mensual que los servidores públicos indican en sus declaraciones iniciales de situación patrimonial tienen un carácter exclusivamente informativo, es decir, únicamente mediático, toda vez que la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo el análisis de variación de situación patrimonial considerando los pagos efectivamente realizados al servidor público durante el periodo de consideración.

Las precisiones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son totalmente insuficientes para ocultar el hecho de que en el país hay más de 25 mil servidores públicos cuyo ingreso supera el millón de pesos anuales, lo que representa una erogación casi de 40 mil millones de pesos anuales, mientras que el 13.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe menos de un salario mínimo, de acuerdo con un estudio desarrollado por el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, plantel Estado de México.

El hecho es que en el país predomina la opinión de que los funcionarios públicos están “sobrepagados”. Si se lograra realizar una disminución del 10 por ciento del presupuesto destinado a remuneraciones de los funcionarios públicos, que ganan al menos un millón de pesos al año, alcanzaría para pagar 178 mil salarios mínimos (3,948 mdp, aproximadamente) de acuerdo con estimaciones referidas en el estudio “2012: los retos de México ante el cambio de Gobierno”, realizado por José Luis de la Cruz, quien subraya que si se recortara el 15% del pago a los funcionarios que perciben más de un millón de pesos al año, más de 800 mil mexicanos alcanzarían un salario mínimo.

Lo escandaloso de estos datos es inocultable: en este año, 2013, 31 funcionarios federales ganarán un sueldo base superior al que recibirá el presidente Enrique Peña Nieto (2.5 mdp), pero si se toman en cuenta las prestaciones de ley que recibirán los burócratas, la cifra crece a mil 315 servidores públicos con un salario bruto superior al del titular del Ejecutivo Federal (3.3 mdp), a pesar del decreto emitido en 2009 que prohíbe que los trabajadores de los tres poderes del gobierno ganen más que el Presidente de la República. El diferencial se mantiene a pesar de la reducción de 5 por ciento determinado por el decreto de austeridad firmado el pasado 10 de diciembre.

La mayoría de los servidores que tendrán un salario superior a los 3.3 millones de pesos, de acuerdo con el Análisis de Plazas del Proyecto de Egresos de la Federación 2013, corresponden al poder judicial y sólo uno al Legislativo. Este año hay en esta privilegiada situación 21 funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mil 251 del Consejo de la Judicatura, 42 del Tribunal Electoral y uno de la Cámara de Diputados. Un total de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 6 consejeros de la Judicatura Federal y 8 magistrados del Tribunal Electoral percibirán un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal.

El salario anual base de esos funcionarios asciende a 4.2 millones de pesos, más otros 1.9 millones repartidos entre prestaciones de ley (pagos por riesgo, seguros a la persona, fondos de ahorro, seguridad social y otros derivados de los contratos colectivos de trabajo), lo que resulta en un salario bruto de 6.1 millones de pesos, casi el doble que el del presidente de la República (3.3 millones).

El escándalo por las elevadas percepciones de la burocracia mexicana rebasa nuestras fronteras pues los ingresos de los secretarios de Estado en México son superiores a las de sus homólogos en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con datos de ese organismo que confirma que el salario promedio de los secretarios mexicanos supera el de los ministros de las mismas carteras en naciones como Estados Unidos, Bélgica Austria e Islandia. Los funcionarios mexicanos ganan en promedio 205 mil 122 dólares anuales, casi el doble que sus contrapartes suecos, cuyo ingreso al año es, en promedio, de 110 mil dólares.

La diferencia se aprecia mejor si tomamos en cuenta que el nivel de los salarios de la alta burocracia mexicana representa 21 veces el Producto Interno Bruto PIB per cápita nacional, mientras que en Suecia equivalen a 2.3 veces. Incluso en Estados Unidos, las percepciones de los titulares de los departamentos de Estado llegan a 155 mil dólares anuales en promedio, lo que representa 3.3 veces su PIB per cápita.

Todos estos datos lo menos que provocan es el encabronamiento de los trabajadores mexicanos, cuyo poder adquisitivo se ve cada día disminuido debido a las políticas neoliberales aplicadas desde hace al menos cinco sexenios. Y todavía a lo anterior tenemos que sumarle que, según declaraciones del encargado de la Función Pública hay tres tipos de declaraciones patrimoniales: la que no tiene montos y se revela, la que sí los tiene y se guarda y una más que se usa cuando hay necesidad, significando lo anterior que, mientras para todos los mexicanos que pagamos los sueldos de los funcionarios solo existe una declaración y es Hacienda la que determina si validez, los que nos son impuestos gozan también de este muy marcado e ilegal privilegio.

PRIORITARIA, REFORMA ENERGÉTICA: VIDEGARAY

En este contexto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en 12 días más, el gobierno federal hará pública su propuesta de reforma al sector energético, dominado ahora por las empresas estatales del petróleo y la electricidad. El funcionario hizo el anuncio ante directivos de empresas y gestores de los principales fondos de inversión con interés en Latinoamérica, frente a quienes señaló que el titular del Ejecutivo hará propuestas para impulsar también la competencia en la industria de las telecomunicaciones, “desde telefonía celular hasta medios de comunicación”.

Durante la clausura de la decimoséptima conferencia anual de directores de empresa de América Latina, convocada por el Grupo Santander, que reúne responsables de compañías industriales y de servicios, así como a gestores de fondos de inversión con intereses en la región, el funcionario señaló que después de las reformas laboral y educativa, el siguiente paso en la agenda de reformas que impulsa el gobierno federal involucrará a los sectores de telecomunicaciones y energía. Las propuestas, dijo, serán conocidas a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 1 de febrero próximo.

Videgaray explicó a los representantes empresariales que la propuesta de reforma energética que haga el titular del Ejecutivo Federal será resultado del trabajo político que realiza el gobierno federal con las tres principales fuerzas electorales del país y las dirigencias del Congreso en el marco del llamado Pacto por México, firmado el pasado 2 de diciembre.

El nuevo gobierno busca flexibilizar el “rígido marco regulatorio vigente” en materia energética para, dijo, poder ofrecer a las empresas asentadas en el país productos energéticos de calidad y a bajo costo.

Para tal fin, cuenta con el apoyo-complicidad de las dos principales fuerzas de oposición, el PAN y el PRD, cuyos dirigentes, Gustavo Madero Muñoz y Jesús Zambrano, respectivamente, se han destacado por poner a sus organizaciones políticas al servicio del nuevo gobierno federal. En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, en su interior persiste el conflicto generado por la firma de dicho pacto y la entrega de su dirigencia nacional al peñanietismo. Los “chuchos” que dirigen al Sol Azteca enfrentan fuertes resistencias para lograr dar la vuelta a la página y concentrarse en la elección interna de sus candidatos a cargos de elección popular para hacer frente a los 14 procesos electorales que tendrán lugar el próximo 7 de julio, cuando se elegirán más de la mitad de los presidentes municipales del país.

Al interior del PRD se pretende alcanzar un “acuerdo de transición”, que será discutido el próximo martes 22 de enero, en una reunión de la Comisión Política Nacional, según lo reveló Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, quien admitió que a pesar de que no existe ninguna mesa de negociación con el PAN para formar alianzas electorales que aumenten sus posibilidades de triunfo frente a los candidatos priístas, las dirigencias estatales serán las que decidan si compiten o no en coalición. Hasta el momento, sólo en el estado de Oaxaca el Consejo Estatal del PRD tomó la decisión de coaligarse con el PAN. No obstante, las pláticas para tal efecto están adelantadas en los estados de Veracruz, Baja California y Durango.

En el caso del PAN, más que preocuparse por el grado de servidumbre que han alcanzado con Gustavo Madero al arrancar el gobierno de Peña Nieto, sus militantes están más inquietos por la “campaña de golpeteo” que dicen les ha acarreado su apoyo al Pacto por México. Durante una reunión con su dirigencia nacional, los senadores del PAN que han hecho pública su molestia por la forma en que se firmó el Pacto por México, pidieron a Gustavo Madero que a cambio de aprobar las reformas incluidas en dicho pacto, exijan al gobierno federal y a los gobernadores priístas la firma por escrito de un compromiso de que durante el proceso electoral de este año no se gastarán recursos públicos para debilitar el blanquiazul y fortalecer al PRI.

El senador Roberto Gil Zuarth sostuvo que no se puede aceptar todo lo que dice el Pacto por México a pie puntillas y, al mismo tiempo, tolerar que haya un “golpeteo” a Acción Nacional para demeritar los logros de los gobiernos de ese partido. Ante esos reclamos, Madero Muñoz prometió a sus legisladores que exigirán al gobierno federal “piso parejo” durante las elecciones, pero les advirtió que el Pacto por México “no debe ser rehén” de la agenda electoral.

DE LOS PASILLOS

Los jaloneos por el Dragon Mart continúan y sigue sin aparecer el proyecto definitivo y serio que deberían presentar los interesados de manera directa, los que aportarán capitales, los integrantes o accionistas de la empresa de exhibición que promueven. El rostro de Carlos Manuel Castillo Medrano, propietario del terreno no se ha visto pese a que se sabe es nacido en Yucatán y tiene en esas tierras algunas empresas. Hasta donde se conoce tiene el 45 por ciento de las acciones. Están con otro 45 por ciento Luis Felipe Salas, José Luis Salas Cacho, Miguel Pedraza y Juan Carlos López, quien aparece como director del proyecto. Salvo en el caso de éste último tampoco se tienen antecedentes de los otros tres, aunque habrá que resaltar que el cuarto accionista tiene un pasado que ha despertado inquietud.

El único nombre de un chino que aparece es el de Hao Feng quien también representa a ChinaMex con solamente un 10 por ciento de acciones. Ya que estamos en el tiempo de la transparencia bueno sería saber a detalle quienes forman una empresa que pretende llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza y de una vez por todas dejar asentado cual sería su forma de operación. Para mantener solamente un 10 por ciento accionario se antoja ridículo que el gobierno de Calderón, durante las últimas semanas, hubiese aprobado cerca de 10 mil visas para el internamiento de Orientales y que también se hable tanto de un país con un porcentaje mínimo que sería el máximo en el momento de la adquisición tanto de locales como de vivienda.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1