Desarrollo y justicia para los grupos vulnerables y los indígenas de México

LUIS GERARDO ROMO FONSECA *

Terminado el sexenio federal panista, la “guerra” contra las drogas emprendida por el expresidente Felipe Calderón costó a las finanzas públicas más de 320 mil millones de pesos (casi 19 veces la ayuda de la Iniciativa Mérida).

De esta cantidad, las tácticas bélicas consumieron 204 mil millones, mientras que las labores de inteligencia apenas alcanzarán los 25 mil millones de pesos. No obstante, este presupuesto multimillonario no logró buenos resultados; por el contrario, realmente son muy pobres y con un costo social muy alto y doloroso: miles de ejecutados, heridos, viudas, desaparecidos y huérfanos.

Evidentemente, los resultados de la estrategia de seguridad aplicada no muestran que se haya logrado evitar el fortalecimiento ni la expansión de los grupos del crimen organizado; más bien, se descompuso el tejido social y presenciamos un proceso de fragmentación del Estado mexicano y de debilidad municipal. Las cifras no mienten: fueron alrededor de 70 mil muertes las que ocurrieron durante los últimos seis años, además de que ahora existen cientos de miles de personas desplazadas y se han disparado los feminicidios, el número de desaparecidos y de personas secuestradas.

Sin embargo, una de las causas sociales de esta violencia y descomposición, radica en el aumento de la pobreza y la desigualdad económica entre los diferentes estratos de la población: de 1994 a la fecha, los hogares mexicanos han perdido entre el 25% de sus ingresos; mientras algunos economistas aseguran que, en términos reales, el porcentaje llega al 50%.

Al menos 35 millones de mexicanas y mexicanos tienen que subsistir con un ingreso menor a dos dólares diarios y más de 10 millones deben hacerlo con un dólar al día. De manera contraria, casi la quinta parte de la población más rica del país aumentó su participación en el ingreso corriente total en más del 450%; en tanto que la quinta más pobre, la redujo.

De esta forma, en los últimos 25 años el 10% de la población con ingresos más altos, los ha venido incrementando; mientras que el 80% de la población lo ha disminuido notablemente. En Zacatecas, como ya he señalado, el 60.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y un alto porcentaje en grado extremo (más de 300 mil zacatecanas y zacatecanos).

Esta tendencia hacia la concentración de la riqueza en pocas manos, explica por qué México es una de las naciones más desiguales de América Latina y donde la pobreza sigue aumentando.

Así lo corrobora un estudio que acaba de difundir la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), llamado “Panorama Social de América Latina 2012”, en el que se advierte que en el 2002 nuestro país tenía un 12.6% de su población en pobreza extrema, pero en 2010 esa cifra había subido al 13.3%.

Se indica además que hace 10 años, México estaba ubicado en el lugar 4 de los 18 países evaluados en este estudio, sólo por debajo de Uruguay, Chile y Costa Rica; en cambio, en la última medición, la mayoría de naciones presentó una mejoría, pero no así México que cayó hasta la posición número 11, quedando por debajo de países como Panamá. Venezuela, Colombia y Ecuador.

Cabe destacar además que en contraste con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que sólo cuenta como pobres extremos a 11.7 millones de personas; es decir, 10.4% de la población mexicana, el estudio de la Cepal señala que esta cantidad es tres puntos mayor.

En particular, es preocupante la situación en la que viven los indígenas que suman cerca de 15.7 millones mexicanas y mexicanos, de los cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua originaria, según datos del INEGI. Este grupo étnico y cultural está en la base de la pirámide social; sobrevive bajo los peores niveles de marginación y sin acceso a ningún beneficio que les permita vivir con dignidad.

Tan sólo basta observar las cifras del INEGI: el 66.8% de sus viviendas no tienen drenaje entubado a la red pública, en el 58% de sus hogares se cocina con leña o carbón, en el 50.7% de sus casas no hay un refrigerador; el 11.8% de sus refugios carecen de sanitarios y el 8% de sus viviendas no tiene luz eléctrica.

Encima de ello, casi siete de cada cien mexicanos son hablantes de una lengua indígena; ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema.

Asimismo, el 9.7% de los niños de seis a 14 años no asisten a la escuela y el 24.3% de muchachos de15 años o más, son analfabetos; y sólo el 25.1% tienen la primaria terminada.

Justamente, el viernes pasado los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon de forma silenciosa y pacífica hacia las cabeceras municipales de Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Palenque. Estos contingentes exigieron que se respete a los pueblos indígenas y su cultura, a la vez de denunciar la situación de opresión y racismo que padecen.

Cabe recordar que en el Pacto por México, firmado en el Castillo de Chapultepec el pasado 2 de diciembre, quedó consignado en el punto 1.6 referente a los derechos de los pueblos indígenas que: “el Estado mexicano tiene una deuda histórica con esas comunidades” y se reconoce que las cifras más recientes de pobreza en México confirman la exclusión de los indígenas del desarrollo nacional.

Como ejemplo, recordemos que la migración interna en el territorio nacional, proviene principalmente de mujeres indígenas que proceden de las zonas más apartadas y pobres del país.

Desgraciadamente, es en la calle en donde crían, educan y conviven con sus hijos en las grandes ciudades y se sostienen económicamente del comercio informal o del trabajo de limpieza en casa.

En este sentido las investigadoras, Martha Judith Sánchez Gómez y Raquel Barceló Quintal, afirman que “el bajo nivel de escolaridad, los problemas relacionados con el idioma, la nula capacitación laboral para ocupar un trabajo u oficio en las ciudades provocan que estas mujeres se empleen en el comercio informal para obtener ingresos”.

Ya es momento de hacer una apuesta por las mujeres y por los pueblos y comunidades indígenas de México; que con mucho, es el grupo más vulnerable y desprotegido de la sociedad.

A nivel legislativo, tenemos que homogeneizar la Constitución Federal y de los estados con fuerte presencia poblacional de este grupo vulnerable, con los Tratados Internacionales y leyes secundarias.

Todo ello con el fin de avanzar en una ley federal de consulta pública, sobre todo, cuando se trate de imponer obras o inversiones de alto impacto en sus territorios.

Por otro lado, es necesario cambiar el modelo económico que está propiciando una pobreza de grado intolerable en el país y está golpeando directamente y con mayor rigor a los pueblos originarios.

Es preciso además, que las instituciones públicas y sus programas funcionen para impulsar el desarrollo comunitario desde la propia cosmovisión de los indígenas del país, así como redoblar la lucha por desarraigar el racismo ancestral que todavía persiste en ciertos sectores de nuestra sociedad.

Finalmente, en otro orden de ideas, no me queda más que expresar mis parabienes a todas las familias zacatecanas en esta Navidad, con el deseo de que en sus hogares impere la alegría, la solidaridad y la armonía.