Descarada injerencia de EU en México

LILIA ARELLANO *

La historia de la libertad es la de la lucha por limitar el poder del gobierno: Tomas Woodrow Wilson

La reinstalación del régimen presidencialista no admite resquicios. El gobierno de Enrique Peña Nieto no está dispuesto a ceder ni un ápice de poder al Congreso, seguramente consciente de que la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos de México es un dique más que suficiente para el restaurado mandato presidencial priísta. La visita de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, a México se ubica en ese contexto, en la que destaca la revisión de la agenda bilateral en materia de seguridad. En el plano doméstico, la Cámara de Diputados aprobó ya la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Federal, y el PRI advirtió de inmediato que cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de que el Senado de la República ratifique a los jefes policíacos adscritos a la Secretaría de Gobernación. En el Senado, los priístas avalaron los llamados “gasolinazos”, no obstante que la crítica a éstos constituyó parte fundamental de sus campañas políticas.

La conformación del nuevo poder presidencial no ha enfrentado obstáculos con una oposición a modo en el Congreso de la Unión, con unos panistas totalmente sumidos al proyecto político-económico del nuevo presidente de la República, y unos perredistas, encabezados por los “Chuchos”, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, completamente vendidos a sus nuevos amos en Los Pinos y Palacio Nacional. En la sesión de ayer, el pleno de la Cámara baja avaló en lo general, con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones, la reforma al gabinete, con la desaparición de las secretarías de la Función Pública –y la creación de la Comisión Anticorrupción- y de Seguridad Pública, además de la ampliación de las facultades de la Secretaría de Gobernación. Así, concluyó el proceso legislativo que permitirá al gobierno federal establecer una nueva estructura.

Los diputados del PRI votaron a favor de la minuta en lo general, para que pueda publicarse y surta efecto, pero manifestaron su inconformidad con dos fracciones del Artículo 27, la fracción 16 y el último párrafo de dicho articulo, respecto a la ratificación de nombramientos del Ejecutivo. Específicamente su oposición fue a que el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad sean ratificados por el Legislativo. En lo particular la reforma fue avalada con 228 votos a favor, 38 en contra y 195 abstenciones de priístas. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, advirtió que irán a una acción de inconstitucionalidad que permita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en definitiva ese diferendo que le da facultades al Legislativo para compartirlas con el Ejecutivo, en relación a los nombramientos de éste último. Sostuvo que si se quiere que otro poder intervenga en un nombramiento del Ejecutivo, debería reformarse la Constitución Política. El político sonorense manifestó su confianza en que los ministros de la SCJN confirmen la atribución exclusiva del presidente de la República de nombrar y remover libremente a los funcionarios del gobierno.

Como es conocido, para que la acción de inconstitucionalidad pueda presentarse, se requiere la firma de una tercera parte de los integrantes de una Cámara, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dé entrada. Existe un precedente de 2007, destacado por el senador petista Ricardo Monreal, sobre las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las cuales se establecía que el Senado debería nombrar a los titulares de la Cofetel. Sin embargo, la Corte declaró que esto era inconstitucional. Monreal también anticipó que si el PRI, PVEM y PANAL votan porque se presente la acción de inconstitucionalidad, es muy seguro que la Corte la admita y resuelva a favor del Ejecutivo.

El decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

POLÍTICA INJERENCISTA

Ya ni siquiera se guardan las formas para disimular la directa injerencia que tiene el gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de México.

La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, se entrevistó, bajo un fuerte dispositivo de seguridad conformado por policías federales y del servicio secreto estadounidense, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el Palacio de Covián, con quien revisó por espacio de más de dos horas y media la agenda bilateral en materia de seguridad fronteriza y migración, programas de Repatriación Interna y Global Entry.

En la reunión participaron el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz. Por la parte estadounidense estuvieron el director de la Agencia de Migración y Aduanas (Ice), John Morton; el subcomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), David V. Aguilar; y el subsecretario para Asuntos Internacionales, Alan Bersini, y el embajador Anthony Wayne.

Como era de esperarse, tanto Osorio Chong como Janet Napolitano acordaron mantener el trabajo para enfrentar juntos “los riesgos crecientes que amenazan” la frontera con México y Estados Unidos, así como luchar contra el tráfico de personas, terrorismo –inexistente en nuestro país- y la delincuencia trasnacional, basados por supuesto en la declaración de la Frontera del Siglo XXI que firmaron Barack Obama y Felipe Calderón. También se destacó, no faltaba más, que “una fuerte asociación binacional es esencial para garantizar la seguridad de la región, facilitar el comercio y la seguridad nacional de los dos países, la continua asociación y cooperación a lo largo de la frontera México-Estados Unidos”.

Por supuesto que se abordó la continuación de la “Iniciativa Mérida”, o “Plan México”, que fue impuesto al gobierno de Felipe Calderón  hace seis años y detonó la “guerra contra el narco” en territorio mexicano con los adversos resultados para nuestra Nación conocidos, pero que permitió al gobierno estadounidense controlar el flujo de estupefacientes hacia su enorme población adicta, con el control por supuesto de la oferta y la demanda; le permitió aumentar la injerencia en los asuntos internos de seguridad de México; establecer un cinturón de seguridad fuera de sus fronteras para dosificar la migración de mexicanos y centroamericanos o de plano frenarla; facilitó que el “lavado” de miles de millones de dólares se realizarán en el sistema financiero estadounidense; y permitió que su industria armamentista consiguiera a dos clientes cautivos, el gobierno mexicano y los cárteles de la droga que decían querían eliminar.

Durante una reunión  previa entre Osorio Chong y el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, ambos funcionarios manifestaron su disposición de incrementar las áreas de interés entre los dos países, no sólo en temas de seguridad nacional y seguridad fronteriza, y migración, sino en rubros económicos, comerciales de energía y cambio climático. En ese encuentro se destacó que aún faltan por ejecutar 400 millones de dólares de la “Iniciativa Mérida”, que serán utilizados básicamente para capacitación y equipamiento. Antes de la reunión entre el secretario de Gobernación y la secretaría de Seguridad Interna de EU, el político hidalguense había advertido que pediría a Janet Napolitano “un trato de iguales, de pares” para la relación bilateral. Al concluir la reunión no se había informado de nada sobre el particular.

Wayne se reunió también con senadores mexicanos  para trazar la agenda de temas que le interesan a Estados Unidos con el Congreso mexicano en la nueva etapa de relaciones entre ambos países al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto y la reelección de Barack Obama.

Al cierre de estas líneas, se contemplaba que Janet Napolitano se reuniera con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

DIVISIÓN DE PODERES

Ante el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes del Senado y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero y Francisco Arroyo, respectivamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, ofreció a los Poderes Ejecutivo y Legislativo una relación armónica y respetuosa, y dejo claro que la única subordinación del Poder Judicial de la Federación será con la Constitución y las leyes.

Al rendir su segundo informe de labores, Silva Meza advirtió que en el ejercicio de sus facultades, “no permitirá que se restrinja ni sean vulnerados los derechos humanos” reconocidos en la reciente reforma constitucional. “En estos temas –dijo- no habrá regresión, habrá expansión”.  Frente a los integrantes de los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJN), destacó que el combate a la corrupción es una labor fundamental de la Judicatura Federal, y subrayó el compromiso del Poder Judicial de combatir a los malos servidores.

El magistrado presidente les hizo un “respetuoso” llamado a los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, para que aprueben la nueva Ley de Amparo, porque, dijo, es fundamental que las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos se vean plasmados en la nueva legislación para beneficio de la sociedad.

VAN “GASOLINAZOS”

Con gran celeridad, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, que contempla una bolsa de 3.9 billones de pesos. La reunión del miércoles entre el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con los coordinadores parlamentarios en el Senado del PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Ernesto Cordero; y del PRD, Miguel Barbosa, ha dado los resultados esperados. En el análisis de la minuta en comisiones del Senado participaron subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher; el titular de la Unidad de Legislación Tributaria, Jorge Eduardo Klim; el responsable de la Unidad de Planeación Económica, Ernesto Revilla Soriano,  entre otros.

Ya en el Pleno, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2013, con 101 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, en la que, en medio de reproches a los senadores priístas, se mantuvo el llamado “gasolinazo” para el próximo año, al avalarse la reducción de más de 9 mil millones de pesos al subsidio que se aplica al precio de la gasolina y el diesel. La reducción, según cálculos de la oposición, representa un recorte de 38.3 por ciento en términos reales. Cabe resaltar que los legisladores del Revolucionario Institucional utilizaron estos incrementos a los combustibles para golpear a los abanderados del PAN en los pasados comicios federales, pero ahora lo avalaron, en un cambio de posición que sólo se explica porque ahora son gobierno.

En la sesión, el senador del PRD,  Alejandro Encinas, criticó que mientras se aumenta el precio de las gasolinas, el gobierno federal priísta tampoco toca los intereses de los grandes contribuyentes que no pagan impuestos. Destacó que “se mantienen los créditos fiscales que en 2013 representarán una pérdida de 689 mil millones de pesos que se dejarán de pagar al fisco”.

LLAMADO A TIEMPO

Ayer fue uno de esos días de mucha agitación para el gobierno quintanarroense. Los eventos fueron de diferente tipo y varios calibres. El de una gran satisfacción personal estuvo representado en la entrega de mil 400 pavos para que los burócratas tengan el platillo tradicional de fiestas decembrinas en su mesa, aderezado con un bono de mil 500 pesos que fue entregado a quienes tienen menores ingresos tanto en el gobierno estatal como para quienes laboran en el poder Legislativo y en el judicial. Pero vino un segundo evento que reunió a los cónsules acreditados en la Entidad y con él se reafirma el posicionamiento global de la Entidad, del país mismo a través de estos representantes.

Es reconocida la labor de Borge Angulo en este terreno en el cual no ha escatimado ningún esfuerzo por mantener en un primer plano la certeza de que los turistas se encuentran en un lugar en donde prevalece la seguridad. Las posiciones que ha mantenido el cozumeleño relacionadas con las alertas emitidas de manera irracional por parte de los Estados Unidos han dado frutos que se pueden constatar con el incremento que año con año se tiene de visitantes. De ahí que tal reunión resultara tan grata tanto para los cónsules como para los invitados relacionados con las prestación de servicios y la hotelería.

En el terreno de lo político también se presentó un escenario por demás importante. El gobernador de Quintana Roo les pidió a los 10 presidentes municipales unir esfuerzos para lograr que todos y cada uno de los proyectos tanto de desarrollo como de estabilidad social se conviertan en realidades. Nadie, dijo, debe obstaculizar el desarrollo de la Entidad. Y es que los acontecimientos de los últimos tiempos han dado pie para que se haga este tipo de llamado. La reacción, por ejemplo, de Julián Ricalde, cabeza del ayuntamiento en Benito Juárez, por la puesta en marcha de un programa, que lo mismo tiende a impulsar a los ciudadanos para que mantengan limpia la ciudad a través del propio ejemplo manejado a través de “brigadas” que cambian la basura por alimentos o se constituyen en cuadrillas para barrer, cambiar luminarias, pintar, etcétera, ha sido violenta, virulenta, agresiva, irracional.

Todo aquello que por múltiples razones -que le toca al alcalde esclarecer- no se hace,  que tiene a la ciudadanía molesta y que causa muy mala impresión a quienes visitan Cancún para conocer ambiente, costumbres, para convivir y llevarse impresiones sobre lugares con historia reciente, se resolvió que ya que aquí se pagan no sólo impuestos municipales sino también estatales era necesario que ya se saliera de las demandas que no encontraban respuesta en la localidad y se pidiera la intervención de la autoridad superior para cubrir todas esas necesidades que incluyen regularizaciones y pavimentación.

Lejos, muy lejos el alcalde de sumarse a estos esfuerzos y buscar optimizar todos los recursos, al optar por la actitud rijosa, la del buscapleitos, la del golpeador de vecindario, la de la obstaculización, y eso ya lo registró la población quien además lo ve distraerse en justificar los encontrones que tiene con su antecesor, Gregorio Sánchez, a quien tiro por viaje le dice que no va a caer en provocaciones pero lo cierto es que hasta lo tiene embriagándose de coraje. Sánchez Martínez, por desgracia, carece de calidad moral para andar preguntando en donde quedan dineros que exige se esclarezcan cuando la percepción ciudadana habla del enriquecimiento que permitió a su tesorero y a varios de sus funcionarios de los que ahora argumenta lo traicionaron, lo engañaron.

Aquí los únicos engañados han sido los benitojuarenses. Votando por una alianza que todavía está en entredicho y que está causando hasta dimisiones ante la posibilidad de lograr postulaciones y cargos que Julián Ricalde nunca les cumplió, no obtuvieron nada de lo esperado sino todo lo contrario. Se volvió a caer en las medidas mediáticas, en las de alto impacto que dizque buscan un orden al que no hacen ningún caso, por ejemplo, los inspectores con sus peticiones de dádivas que, señalan, se comparten. Antes ya hubo experiencias con los aliancistas por separado y en esas andanzas se ha llegado a la situación de inconformidad actual.

De ahí que la apuesta en marcha de las candidaturas ciudadanas despierte gran interés. Así, los pobladores de Benito Juárez tendrán oportunidad de seleccionar con mayor precisión a sus futuras autoridades. Los partidos políticos con los mismos de siempre tendrán que batallar con ese feroz deseo del PRI de recuperarse de todas, todas, haciendo lo que permitió que durante varios periodos en este lugar se mantuviera un desarrollo equilibrado y con aquellos cuya actividad poco ha tenido que ver con la política y si mucho con el padecimiento de los males provocados por los pésimos alcaldes.

El hecho de que la Universidad Intercultural cuente con una carrera de administración y políticas públicas es también garantía de que ya puede exigirse que en municipios como José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum o Felipe Carrillo Puerto ya no lleguen al poder municipal los ignorantes, los que no cuentan con los estudios suficientes para garantizar tanto la aplicación correcta de los recursos como la estabilidad y el desarrollo de la población. Ahí están como ejemplo los casos de las alcaldesas. La de Tulum logró unir la ignorancia con la prepotencia y los resultados están a la vista, independientemente de las ambiciones que ambas han venido registrando sobre la obtención de recursos que no proceden de sus respectivos salarios.

Así pues el llamado para unirse y evitar que se impida el buen desarrollo de la Entidad o que se cree inestabilidad llegó justo a tiempo, como ha llegado ese acercamiento del mandatario estatal a quienes le dieron su voto y a los que no lo hicieron pero que habitan en la geografía que está bajo su responsabilidad y como tal lo enfrenta. Escenarios como los representados tanto por Julián Ricalde como por Edith Mendoza no se desea se repitan, sin embargo está en manos del resto de los ediles evitar que esto suceda. El gobernador Borge, en tanto, está en lo suyo.

DE LOS PASILLOS

Enrique Peña Nieto ratificó a Yoloxóchitl Bustamante como directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y anunció una inversión para ciencia, tecnología e innovación por 70 mil 395 millones de pesos. Añadió que el proyecto de gasto 2013 contempla la creación de un programa para el desarrollo científico y tecnológico con una asignación de 2 mil 500 millones de pesos y dijo que ha propuesto asignar 950 millones de pesos al programa para la ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos que representaría un aumento real de 73.5 por ciento… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1

* Periodista