La Educación ya no será gratuita

El Congreso federal aprobó el jueves por la noche las reformas constitucionales en materia educativa, que permite no la privatización de la educación en el País, sino la renuncia del Estado a proporcionar la gratuidad de la educación a los mexicanos.

La Cámara de Diputados admitió la semana pasada las modificaciones de la minuta que impuso el Senado de la República, para garantizar que la educación, además de laica y gratuita, sea considerada de calidad.

Solo un sector de los partidos de izquierda y del Partido Nueva Alianza impugnaron las reformas, en tanto que el resto de los legisladores federales la aprobaron, gracias a la “línea” que marcaron las bancadas del PRI y del PAN.

El acuerdo cupular entre Felipe Calderón Hinojosa y el ahora presidente Enrique Peña Nieto surtió efecto legislativo.

La mencionada reforma señala en el inciso A del artículo quinto transitorio del dictamen leído en el pleno legislativo de San Lázaro, que “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en las resoluciones de los retos que cada escuela enfrenta”.

¿Cuáles son los retos que cada escuela enfrenta?

Son múltiples y variados, sin duda, pero el párrafo tiene que ver con el financiamiento de espacios deportivos, domos, sanitarios, patíos de recreo, infraestructura didáctica, equipamiento de las aulas, y un largo etcétera que solo la imaginación y los intereses escolares y hasta extraescolares podrían explicar, que no justificar.

En este contexto el Estado mexicano renuncia a una parte esencial de la operatividad educativa y en ello, a su responsabilidad de financiar, procurar, transparentar y acrecentar la infraestructura a favor de la educación de los niños y jóvenes mexicanos.

Ya no es el Estado el responsable de proveer la infraestructura, equipamiento y operatividad del sistema educativo nacional, sino que ahora con esta reforma constitucional se traslada a los padres de familia y a los propios maestros.

No, no es la privatización de la educación en México, sino la renuncia del Estado a una función sustantiva que formó parte del espíritu del artículo 3º de nuestra Carta Magna y que hoy, los diputados de los distintos partidos y entidades federativas, entre ellos, los zacatecanos, aprobaron en menoscabo de la economía de las familias mexicanas.

Esta reforma constitucional le otorgará nulidad jurídica a la norma que entró en vigor en Zacatecas el pasado 26 de junio, y que modificó al artículo 186 del Código Penal que contenía la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público, las presiones de directivos escolares que exigen cuotas obligatorias a los padres de familia.

Las cuotas que directivos exigían cada ciclo escolar a padres de familia en Zacatecas y que oscilan entre los 50, 100 y hasta 500 pesos, ahora tendrán carácter de constitucional, lo que echará por tierra la modificación arriba mencionada al artículo 186 del Código Penal del estado, que el legislador actualizó por los abusos de maestros y directivos que condicionaban la inscripción de niños y jóvenes en planteles del sistema educativo público.

De esta manera la Secretaría de Educación y Cultura podrá dar manga ancha a todos los directores del sistema estatal, para que exijan cuotas a los padres de familia y de esa manera, financiar todo lo concerniente a infraestructura, construcción, operación, equipamiento, etc, de los planteles educativos del estado.

Más que permitir la privatización del sistema educativo estatal y nacional, insisto, el legislador lo que acordó y firmó conscientemente, fue una atrocidad, un atropello en contra de los padres de familia que tienen a sus hijos en el sistema escolar público, y un atentado en contra del espíritu del artículo 3 constitucional.

La Reforma al artículo 186 del Código Penal del estado de Zacatecas contempla sanciones de hasta dos años de cárcel en contra de quienes condicionen el pago de cuotas escolares a padres de familia, el cual, reitero, quedará sin efecto con la reforma educativa de marras.

Y lo que es peor, las cuotas de padres de familia y las cuotas que se dan incluso en la Universidad Autónoma de Zacatecas que en la práctica tienen el carácter de obligatorio, abonan a la opacidad y al manejo discrecional de esos recursos, por decir lo menos, porque las instituciones nunca proporcionan información a la sociedad sobre su manejo y destino.

Por todo lo anterior, la reforma educativa significa un paso atrás en la gratuidad de la educación en México, una merma para la economía de las familias mexicanas y la puerta abierta para la corrupción.

Al tiempo.

* Periodista