Zar anticrimen, despedido de PGR
LILIA ARELLANO *
Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus simientes son de odio: José Martí
Las giras de cierre de sexenio de Felipe Calderón se han convertido en escenarios de repudio, de rechazo, de reprobación, de critica, de repulsión a su gestión, de desprecio a su gobierno. En cada entidad que toca, el michoacano más impopular recibe recriminaciones abiertas, públicas, inocultables por el Estado Mayor Presidencial. Lo mismo en San Luis Potosí que Tamaulipas o Chihuahua o cualquier entidad que pisa, los reclamos son a grito abierto o con pancartas en las que se lee: “Felipe Calderón, ¿qué fue lo mejor que hiciste? Muertos, viudas, ¿y la educación?; “Qué lastima Felipe, no pudiste poner orden en Reynosa”; “Vamos a descansar de tantos atropellos y abusos”; “Al fin descansaremos de ti, asesino”, entre otras. El inquilino de Los Pinos entró por la puerta trasera, con una gran ilegitimidad, se va por arrojado por la ventana al cesto de basura, como un apestado.
La situación en la que deja al país, entre lo que más destaca es el regadero de sangre y de cadáveres y la incesante producción de pobres, y metas y promesas incumplidas, pero con las alforjas llenas para sus forajidos blanquiazules, como consecuencia de que la corrupción y el crimen organizado permearon a la administración federal -como ahora se demuestra con el despido de Cuitláhuac Salinas, titular de la Suprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), porque se investiga a su personal por sus relaciones con el crimen organizado, según la orden de la propia procuradora general de la República, Marisela Morales- debe poner a pensar al presidente electo Enrique Peña Nieto que tipo de despedida quiere el priísta que recuperó la Presidencia de la República, no por los aciertos de los dirigentes de sus partidos, sino por los errores del calderonismo infiltrado hasta la medula por la corrupción y el crimen organizado, y la compra de sufragios.
Desde ahora, el nuevo equipo gobernante debe tener altura de miras y visión de futuro para, desde este momento, determinar cuál va a ser su despedida al concluir el próximo sexenio. Las opciones son simples, pero definitivas: realizar un gobierno que atienda realmente las necesidades de la población y el desarrollo no sólo económico y humano de las familias, que deje la Presidencia de la República con un amplio reconocimiento de la población, lo que les garantizaría un nuevo mandato; o formar parte de un régimen que concluya la destrucción que imperó a lo largo del calderonato, cuyo signo representativo fue, sin duda alguna, la muerte, y hundido en una apabullante corrupción.
Las manifestaciones de rechazo a Felipe Calderón y las protestas públicas por los abusos de las fuerzas armadas contra la población mexicana, así como la muerte de inocentes en el estúpido combate al crimen organizado, son sólo uno de los amargos frutos que el michoacano cosechó a lo largo de seis años, que fueron de autoritarismo, de abusos, de delitos de cuello blanco, pero cargados de impunidad. No es extraño que ahora, precisamente en la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, una entidad dominada por la violencia generada por la disputa de la plaza entre bandas delincuenciales rivales y acrecentada por un uso sin inteligencia de las fuerzas armadas, colonos de colonias populares como Lampacitos, Juárez, Unidad Obrera, Cumbres, Arco Iris, mostraran las mantas de repudio al aún titular del Ejecutivo federal.
Los inconformes fueron frenados por un cerco de seguridad montado por el Estado Mayor Presidencial, que impidió que llegarán hasta Calderón con la instalación de vallas. No obstante, los militares no lograron impedir que los fotógrafos captaran las mantas de repudio, de rechazo, de reprobación, a pesar de que impidieron que los reporteros se desplazaran al lugar de las protestas. Esta muestra pública de desprecio al autodenominado “hijo desobediente”, se da a menos de 24 horas de los reclamos que recibió en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde la señora Edith Pérez, le recriminó que no ha recibido ayuda de su administración para localizar a cuatro familiares que fueron “levantados” desde hace varios meses en Ciudad Mante, Tamaulipas. A don Felipe no le quedó más que admitir que el gobierno federal “no puede solo” contra la delincuencia y el crimen organizado. No obstante, el reconocimiento de su fracaso llega tarde, muy tarde, cuando debió de atender el reclamo de las organizaciones sociales que le exigieron que “si no pueden, que renuncien”.
Estos actos que se han ido multiplicando conforme se le acaba el tiempo a la gestión calderonista no son nuevos, tienen muchos meses, años, por la situación de inseguridad y el abandono de las autoridades de todos los niveles de gobierno en este “calvario” de localizar familiares. Ya Calderón no es bienvenido en ninguna entidad de la República, sobre todo en las asoladas y arruinadas por el crimen organizado. Al menos desde hace tres años se tienen registros de estas reprobaciones populares a su fallida estrategia contra los cárteles de las drogas en el país. Fresca en su memoria debe estar el 11 de febrero de 2010, cuando la señora Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero de ese año y fue quien empezó el foro “Todos somos Juárez”, marcó la pauta de las protestas que cercaron al inquilino de Los Pinos, a los secretarios de Estado y a las autoridades.
Frente a esos horrendos hechos de sangre, sin ningún rubor y cinismo, don Felipe mintió y calumnió al señalar que los homicidios fueron resultados de pleitos entre pandillas. Calderón careció de autoridad a lo largo de su administración para enfrentar a las víctimas, a sus lastimados familiares, como Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que buscan afanosamente a cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas, no sólo en la ciudad de la maquila, sino en todo el territorio nacional. No hubo respuesta para ellas, sólo ocultamiento de la información “por decisión institucional”, que traducido es “porque nos dio la gana”, “porque nos perjudicaban esos datos”, “porque no convenía para la imagen del señor presidente”.
Ni los feminicidios, ni los “juvenicidios”, ni la muerte de más de 150 mil víctimas de la guerra de la violencia, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ni los más de 10 mil desaparecidos han tenido respuesta de la autoridad, ni la tendrán… Ahora sólo informan, porque así lo decidieron y “háganle como quieran”, de los homicidios dolosos. Pero ni esas cifras los favorecen, mucho menos los encubren. De acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, organización no gubernamental (ONG), el homicidio doloso es el delito de alto impacto que no dejó de crecer durante el presente sexenio. Tan sólo en el segundo cuatrimestre de este año aumentó en un 6.43 por ciento con respecto a los primeros cuatro meses del 2012, y en un 84.58 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006. También subieron entre mayo y agosto del presente año la extorsión en un 22.44 por ciento, el homicidio culposo en un 8.9 por ciento, y en general la lista de homicidios 7.46 por ciento.
Las entidades federativas que presentaron un mayor incremento de homicidios dolosos denunciados entre el primer y segundo trimestre de 2012 fueron Guanajuato, con 80.3 por ciento; San Luis Potosí, con 79.1%; Coahuila, con 53.55%; Morelos, con 51.98 por ciento; y Zacatecas, con 51.28%.
Todos estos datos hablan de la inaplazable necesidad de realizar un replanteamiento de la política de seguridad, pues es inocultable que no se logró reducir los índices de delincuencia común, a pesar de los enormes recursos presupuestales consumidos por las autoridades federales.
REORGANIZAR AL ESTADO
Precisamente, ante la falta de éxito de la política seguida en ese rubro, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad respaldó la propuesta de Enrique Peña Nieto de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal, y consideró que el cambio resultará útil para subsanar la imagen de corrupción y escándalos de la Policía Federal, y devolver Plataforma México, la base de datos más importante para el país, a la Secretaría de Gobernación.
El coordinador de los diputados del PRI del Estado de México, Jorge Manzur Quiroga, fue el encargado de presentar en la Cámara baja la iniciativa de Enrique Peña Nieto para reformar la ley orgánica de la administración pública, que esta enfocada a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y trasladar el mando de la policía y las tareas de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación. De inmediato la iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación con el plan de que se apruebe antes de que el mexiquense asuma el mandato del país. El legislador, ex colaborado de Peña en el gobierno del Estado de México, expuso que se viven tiempos de transición que demandan actuar con rapidez y colaboración de Poderes para dar respuesta a los ciudadanos.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, confirmó que se busca que haya un tratamiento exprés a dicha iniciativa sobre la reorganización de la Administración Pública. El sonorense ofreció que la próxima semana acudirán a San Lázaro integrantes del equipo de transición de Peña Nieto para que expliquen a los legisladores los objetivos y alcances de la iniciativa presentada este jueves, que contempla el fortalecimiento de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social y Hacienda, y la desaparición de las de Seguridad Pública y Función Pública, la reformulación de la de Reforma Agraria, y la regulación de la Oficina de la Presidencia. “No se trata de un cambio cosmético, sino de profundo”, insistió Beltrones, quien también descartó la posibilidad de un recinto alterno para la protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de México. Subrayó que la ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro el primero de diciembre “no está a discusión”.
Mientras que en el Senado de la República, las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM presentaron la iniciativa de Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Al presentarla, la senadora Lizbeth Hernández dijo que “hay evidencias documentadas para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora, impacta la inversión y el crecimiento económico, incrementa la desigualdad y afecta la legitimidad del Estado”. La corrupción, subrayó, cuesta 1.5 billones de pesos al año mientras que las empresas destinan el 10 por ciento de sus ingresos al pago de sobornos. La iniciativa modifica 9 artículos constitucionales y fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su dictamen, con opinión de las comisiones de Gobernación y la de Anticorrupción. Precisamente el presidente de esta última, Pablo Escudero Morales, manifestó en el pleno su desacuerdo, ya que, sostuvo, su comisión debería dictaminarla.
Por el contrario, la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Jesús Zambrano, advirtió que no permitirán una policía política en relación a la propuesta priísta de modificar las funciones de dependencias como la Secretaría de Gobernación. “El Chucho Zambrano” declaró que “lo que no vamos a permitir, y que quede claro, es que esta Subsecretaría ahora dependiente de Gobernación, se constituya en una policía política, eso si no, esos tiempos aciagos no vamos a permitir que regresen”. Lo que no dijo es el importante cómo.
DE LOS PASILLOS
Los senadores del PRI pidieron a Felipe Calderón la creación urgente de un fondo contingente para rescatar a los estados y municipios agobiados por su deuda, al considerar que el rescate financiero a cargo de la Federación es el único camino para resolver un problema multifactorial que podría derivar en un escenario negativo para las finanzas del país. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, tan solo la deuda de los municipios durante este sexenio pasó de 14 mil 600 millones de pesos a 44 mil 800 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 176 por ciento.
Felipe Calderón fue incapaz de reducir la pobreza en el país. El alza de precios de productos básicos por encima de la inflación y el estancamiento de los salarios contribuyeron a esa situación. El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, que presentó el presidente del organismo, Gonzalo Hernández Licona, reportó que la pobreza en el país aumentó en 3.2 millones de personas entre 2008 y 2010. En términos globales, informó que en el país hay 52 millones de personas en pobreza, y 11.7 millones en pobreza extrema.
Para sustituir a los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, que concluyen sus periodos el próximo 30 de noviembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el inquilino de Los Pinos envió dos nuevas ternas al Senado de la República: la primera, para reemplazar a Ortiz Mayagoitia, la constituyen los magistrados Alberto Pérez Dayán y Rosa Elena González Tirado, así como Julio César Vázquez Mellado García, magistrado del séptimo tribunal en material civil; la segunda para sustituir a Aguirre Anguiano, la integran el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortíz; Norma Leticia Hernández, magistrada del tribunal colegiado en materia administrativa, y Ricardo Romero Vázquez, magistrado de primer tribunal colegiado en materia civil.
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* Periodista
