Fracasó la guerra contra los cárteles
LILIA ARELLANO *
Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría: Albert Camus
La renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Coahuila por “motivos personales”, luego de las acusaciones del ex gobernador Humberto Moreira en el sentido de que hay narcoempresarios de la industria minera ligados a la muerte de su hijo José Eduardo, hechos que constatan el grado de penetración de las organizaciones criminales en los círculos político y económico del país, así como el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el incremento de los homicidios dolosos en prácticamente todo el territorio nacional, desmienten anticipadamente las declaraciones de la procuradora general de la República, Marisela Morales, en el sentido de que “juntos hemos acotado los márgenes de maniobra de las organizaciones delictivas a través de una mejor coordinación en los tres órdenes de Gobierno”.
Las afirmaciones de la funcionaria -que protagoniza una violenta purga el interior de la propia PGR por la penetración de los cárteles en sus propias filas, al grado de que presuntamente utilizan incluso la flota aérea de la dependencia para el trasiego de drogas- carecen del mínimo fundamento cuando destacan los avances en el combate al narcomenudeo, tráfico de personas y bases de datos de perfiles genéticos de personas desaparecidas. En la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente, en la ciudad de Guanajuato, a la que asistieron los procuradores de Justicia y delegados de la PGR de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, Morales no hizo más que tratar de justificar la fallida estrategia seguida a lo largo del sexenio de Felipe Calderón que tan nefastas consecuencias ha traído para el país.
El caso de Coahuila es el último ejemplo de ese fracaso. Este viernes el secretario de Gobierno de esa entidad, Heriberto Fuentes Canales, informó sobre la renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la Secretaría de Seguridad Pública. El anunció se hizo una semana después, ya que el ahora ex funcionario tomó la decisión el 19 de octubre, pero al día siguiente de la denuncia del ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, de que hay narcoempresarios ligados al crimen de su hijo y su exigencia de que sean identificados, perseguidos, exhibidos y castigados por todo México. La renuncia de Morán Delgado no se trató de una destitución, sino de una “decisión personal”, insistió Fuentes Canales, quien no obstante no descartó la posibilidad de que el ex funcionario no haya acreditado los exámenes de control de confianza que aplica el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La renuncia de ese funcionario se da en medio de una severa crisis en materia de seguridad en Coahuila luego de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras, el pasado 17 de septiembre, así como el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez.
El ex gobernador Humberto Moreira no quita el dedo del renglón y ahora dijo temer por su seguridad y la de su familia ante la presunta venganza del narcotráfico por la muerte de un sobrino del llamado “Z-40”. Durante una entrevista radiofónica, destacó que en el caso de la muerte de su hijo sólo han sido aprehendido los policías vinculados con su asesinato, quienes no habían acreditado su examen de confianza, pero no se ha detenido a los asesinos materiales ni al autor intelectual. Moreira pidió ampliar las investigaciones a la incursión de la delincuencia organizada en la extracción de carbón en Progreso, Coahuila, para que se indague quién está comprando el mineral, porque Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, quien pasaba como minero en el lugar, no podía vendérselo directamente a la Comisión Federal de Electricidad.
El ex mandatario manifestó que desconoce quienes son los empresarios mineros que están relacionados con el crimen organizado, pero advirtió que cuando tenga más pruebas dará a conocer los nombres, y pidió a las autoridades federales que realicen las investigaciones necesarias. Humberto Moreira también criticó la estrategia diferente que ha seguido su hermano Rubén en el combate a la delincuencia organizada. Dijo que hace dos año, cuando dejó el gobierno, entregó el mando de la seguridad a los militares, quienes daban “tiros certeros, no a lo loco”, mientras que ahora son policías estatales los que se encargan de la seguridad, en coordinación con la policía federal, la Marina y el Ejército.
A pesar de las pruebas, las evidencias y los hechos ocurridos todos los días en el país, la procuradora Marisela Morales, al igual que los integrantes del gabinete de seguridad de Felipe Calderón, mantendrán hasta el final el discurso de que se ha golpeado a los cárteles del narcotráfico y que ha dado resultados la estrategia seguida a lo largo del calderonato. Ni por equivocación pretenden discutir un cambio en dicha estrategia que les es dictada desde los Estados Unidos, quienes rechazan tajantemente propuestas de los gobiernos latinoamericanos para encontrar un nuevo enfoque para combatir el tráfico de drogas en el mundo, con consideración a “medidas regulatorias y de mercado”.
FALLIDA GUERRA A CARTELES
La guerra de las drogas de Felipe Calderón ha fracasado. Hasta el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha señalado que “cuando uno mira los resultados de la estrategia de Calderón, la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”, por lo que pide un cambio de estrategia basado en la despenalización, tal y como lo recomendó la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigida por el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien recomendó regular el consumo de marihuana y despenalizar el uso de otras sustancias. Annan dijo que los gobiernos “se enfocan demasiado a menudo en el lado del suministro y olvidan el de la demanda, y estos dos aspectos tienen que trabajar juntos”. Añadió que “hay que trabajar esto a través de la educación y la salud, en lugar de con acciones brutales”.
También la Unión Europea ha señalado que la seguridad en México debe ser manejada en modo ”mas tradicional”, no con militares como ha ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. El representante especial de la UE para los derechos humanos, el griego Stavros Lambrinidis, destacó que la estrategia seguida permitió capturar importantes lideres criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la violencia en el país, “donde más de 50 mil personas murieron en enfrentamientos entre narcotraficantes y de éstos con las fuerzas de seguridad”. En una reciente visita a nuestro país, Lambrinidis confió en que políticas como la utilización de militares en labores de seguridad “puedan ser temporales” y “no durar mucho tiempo”.
Los datos del fracaso en la estrategia están empapados de sangre. El año pasado, el número de muertes por homicidio en México se incrementó al registrarse 27 mil 199 homicidios, de acuerdo con información del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fueron casi 1,500 muertes más que el año anterior. A pesar de la opacidad en que se ha manejado la administración de Felipe Calderón en la materia, para este 2012 el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en 12 entidades de la República –Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora- se ha superado la media nacional de homicidios dolosos, que entre enero y agosto fue de 12.52 crímenes por cada 100 mil habitantes. En términos globales se habían reportado hasta el octavo mes de este año 14 mil 79 homicidios dolosos, de los que más de la mitad se perpetraron con armas de fuego. Las bajas globales por la guerra contra el narco en lo que va del sexenio calderonista llega a 90 mil víctimas, según cifras no oficiales, pues la administración federal se ha negado a informarlas.
A pesar de todo, el cambio de estrategia no se llevará a cabo, al menos al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón: el gobierno de Estados Unidos se opone a ello. El director de Políticas sobre Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, descartó hace unos días la despenalización de estupefacientes y negó que hacerlo pudiera poner fin a la violencia de los cárteles. Al citar un estudio de la Corporación RAND en 2010, destacó que las organizaciones criminales mexicanas obtienen sólo menos de un cuarto de sus ingresos de la venta de mariguana en Estados Unidos, por lo que argumentó que si dejan de obtener recursos del narcotráfico se dedicarían a otras actividades criminales como el secuestro, la piratería, el contrabando, la extorsión y la prostitución, negocios ilícitos que de hecho llevan a cabo. También dijo que existen testimonios que sugieren que la actividad más lucrativa de los cárteles de la droga en México es la extorsión a los negocios locales de las ciudades donde operan.
Esos son argumentos que han manejado una y otra vez los funcionarios de la administración de Barack Obama para ocultar lo evidente: que utilizan regularmente la “guerra contra las drogas” como un pretexto para intervenir en los asuntos internos de naciones soberanas. Esta guerra le ha permitido avanzar en los objetivos de la política exterior estadounidense, en un país tras otro -desde que Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en 1971 y desde entonces cada presidente de EU ha repetido el mismo planteamiento, para justificar su intervencionismo en América Latina- teniendo como punta de lanza una fuerza de élite de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), que están formados por socios y con cada rama de los militares de EU.
MILITARISMO DE EU
No hay que olvidar ni pasar por alto los datos históricos: la CIA y el Pentágono intervinieron en Bolivia en 1964, Brasil en 1961, Chile en 1973, Costa Rica y República Dominicana en 1963, Ecuador en 1960, El Salvador en 1980, Granada en 1983, Guatemala en 1954, Guyana en 1953, 1959 y 1987; Haití, Honduras y Nicaragua en la década de 1980; México y Colombia desde 1980 hasta el presente; Panamá en 1989, Perú en 1965, Uruguay en 1969, Venezuela en 2002 y Honduras en 2009. El éxito de estas intervenciones se basó en “alianzas” internacionales e interinstitucionales que camuflaron la interferencia militar de EU en naciones soberanas con pretextos de búsqueda de “intereses comunes”, “protección de las fronteras” y “lucha contra la delincuencia organizada trasnacional”.
Para inducir la cooperación de las élites gubernamentales de América Latina, el Pentágono promueve sus especialidades en ciber seguridad, capacidad de transporte aéreo, logística, asistencia humanitaria, fusión de inteligencia, entre otras. Ofrece plataformas militares, personal, sistemas y capacidades que soportan las agencias federales de aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad extranjeras que participan en misiones contra el narcotráfico, presencia que se ve reforzada por grupos de tareas, ejercicios, actividades, acuerdos internacionales y formación en general.
Tampoco hay que pasar por alto que el Comando Sur del Ejército de EU (USSOUTHCOM) ha controlado el tráfico de drogas en América Latina durante más de 20 años. No es extraño que esto se haya logrado luego de la aplicación de programas ejecutivos, legislativos y acuerdos internacionales que permiten la expansión internacional del Pentágono. Entre dichos programas podemos destacar la Iniciativa Andina contra las Drogas (ACI), la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), el Plan Colombia –país que se convirtió en un ejemplo excelente de cómo el Pentágono opera en América Latina, plan que se adaptó a México-, la Iniciativa Mérida o Plan México firmado por Felipe Calderón y George W. Bush, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), el diálogo Estados Unidos-Brasil de Cooperación de Defensa, la Iniciativa de Seguridad Cooperativa de África Occidental, entre oros.
Detrás de la guerra contra las drogas, al igual que de la guerra contra el terrorismo, se encuentran también los intereses de la industria armamentista estadounidense. Cuando los funcionarios del Pentágono hablan de “transferencia de tecnología” con los gobiernos latinoamericanos, como uno de los “intereses comunes” que unen a América Latina con Estados Unidos, simplemente significa “comprarnos a nosotros”. Los fabricantes de armas se benefician excesivamente de la producción de aviones, armas y municiones con los que “combaten” a los cárteles de las drogas, a quienes también proveen. Con Obama la industria de las armas ha vivido un auge, sus ventas aumentan, las acciones de las principales empresas de armas han subido de precio. Asimismo, la industria de prisiones privadas está a favor de este estado de guerra que les permite mantener sus cárceles llenas. También los intereses de las trasnacionales estadounidenses alientan esta guerra. Empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Locekheed Martín, Raytheon, Grupo GEO, CCA, MTC, hacen presión diaria a las leyes locales sobre drogas para mantener sólidas sus ganancias. Particularmente, las empresas farmacéuticas favorecen el actual estado de cosas.
Con la administración de Barack Obama, EU aumentó su injerencia militar en América Latina, Asia Sudoccidental, África y otros lugares. Con este presidente “demócrata” la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas son prácticamente indistinguibles. La primera pretende matar a los terroristas, la segunda aplastar la oferta de drogas. Las dos han fracasado en sus objetivos expresos, pero han generado enormes costos y resultados perversos. En todo el mundo se ha fallado en detener el cultivo, la producción y el consumo de drogas. El comercio mundial de drogas está valorado en 325 mil millones de dólares al año, la mayoría de los cuales se “lavan” en el sistema financiero anglosajón. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor consumidor de drogas ilegales a pesar de su propia guerra fallida de más de 40 años.
En México, los resultados están a la vista con la guerra calderonista contra los cárteles de la droga: decenas de miles de muertos, cárteles fortalecidos con capos cada vez más sanguinarios, incremento extraordinario en el consumo local de estupefacientes, policías de los tres niveles de gobierno cooptadas por el narcotráfico, un Ejército desgastado y cada vez más vulnerable, gobernantes corrompidos hasta la médula, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cárceles saturadas, en suma, un país con condiciones características de un “Estado fallido”, con una población empobrecida y con peores perspectivas para los años venideros. La impunidad y la violencia rebasan al Estado mexicano que exhibe una gran incapacidad para impartir justicia.
DE LOS PASILLOS
Tras las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones de “congelar la reforma laboral”, el panista Ernesto Cordero, presidente del Senado, acusó al PRI de interponer sus intereses como partido a los del país y exigió no postergar la discusión sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. En tanto, el priísta Emilio Gamboa Patrón aseguró que los diputados actuarán de acuerdo con los tiempos estipulados por la ley y que verán con detenimiento los artículos que se modificaron.
Luego de las negociaciones con normalistas de Michoacán, donde se acordó levantar el paro y regresar a clases la próxima semana, el titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, sostuvo que nadie le “dobló las manos” a esa dependencia. El funcionario destacó que las clases de inglés para los maestros de zonas urbanas serán obligatorias, mientras que para las rurales se privilegiará la enseñanza de su lengua nativa y tendrán como optativa la materia de inglés.
El Banco de México reportó que la inflación general anual alcanzó su nivel más alto del año en septiembre pasado. No obstante, consideró que cerrará el año en alrededor de 4 por ciento. Además, confió que en 2013 la inflación retrocederá hasta el 3 por ciento. Banxico determinó mantener sin cambios la tasa de interbancaria a un día en 4.5 por ciento.
Parte de guerra: policías ministeriales se enfrentaron con hombres armados en la colonia Cumbres Colonial, en Monterrey, Nuevo León, con saldo de dos presuntos delincuentes muertos… Los cadáveres de dos hombres fueron abandonados en un vehículo compacto de reciente modelo en las inmediaciones de la colonia El Orito, en la zona conurbada de la ciudad de Zacatecas… Un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) disparó desde un helicóptero contra un vehículo en el que viajaban indocumentados y mató a dos de ellos en la comunidad de La Joya, en la frontera de Texas con México… La Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León presentó a cuatro presuntos delincuentes que confesaron 43 ejecuciones cometidas en los municipios de Juárez y Guadalupe… Y la cuenta sigue… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1
* Periodista
