Crisis en la zona euro
ROSALINDA TREJO *
La actual crisis financiera y económica por la que atraviesa la Unión Europea (UE) es, sin duda, uno de los acontecimientos que más interés despierta entre analistas de todo el mundo. La complejidad del problema, los recientes cambios políticos que vive la región, así como su repercusión y contagio hacia otras economías del planeta son cada día más evidentes, por lo que más de uno se encuentra a la expectativa de su evolución. De igual modo, diversos expertos en el tema coinciden en que esta crisis, derivada de otra de 2008, es de una magnitud que pocas veces se había visto.
La multiplicidad de variables, su escala y lo poco convencional de la crisis han provocado que las medidas para contenerla hayan surtido poco efecto hasta ahora, lo que se ha visto reflejado en los mercados y la percepción de que los esfuerzos de algunos países europeos no han sido suficientes. Esto plantea la cuestión de hacia dónde y en qué sentido deberán ser dirigidas las nuevas medidas que se tomen, ahora con la participación ya no sólo de los actores directamente involucrados, sino de toda la comunidad internacional.
Si bien algunos estudios y análisis económicos sobre la situación han evidenciado la incapacidad de algunas economías europeas para administrar responsablemente sus sistemas financieros, también reflejan la existencia de externalidades como causales directas o indirectas del problema. Se destaca que la situación se debe, en parte, a ajustes internos derivados de la compleja integración de la Unión Europea que, surgida después de la Segunda Guerra Mundial con sólo siete países y acuerdos de un mercado común del carbón y el acero, ahora cuenta con veintisiete miembros, de los cuales diecisiete comparten el euro como su moneda común.
Hablar de la crisis que atraviesa la Unión Europea, especialmente la zona euro, equivale a decir que el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo está al borde del colapso financiero y económico. Dicho de otro modo, una cuarta parte de la economía mundial está en problemas. Más grave aún es la posibilidad de su contagio periférico, por los efectos de un descontrol y falta de regulación en la movilidad de los flujos de capital, que puede afectar al total de la economía global. La interconexión tecnológica, promotora de nuevas formas de revolución social y cultural, propiciaría con mayor facilidad la globalización de este descontrol. Adicionalmente, se sumaría la repercusión que pudieran tener las operaciones realizadas bajo los diversos tratados económicos internacionales suscritos por la Unión Europea con otras regiones del mundo.
Los casos de Grecia y España, incluso Italia, representan los principales factores de riesgo. La falta de transparencia y consolidación fiscal ha ocasionado un incremento insostenible de su deuda pública soberana. Tanto Grecia como España han solicitado intervención del Consejo Europeo y de los Organismos Financieros Internacionales, para recibir rescates financieros. En respuesta, la Comunidad Europea, liderada por Alemania, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han manifestado su intención de apoyo.
No obstante, este apoyo viene supeditado a condiciones y compromisos de austeridad y de consolidación fiscal por parte de los países solicitantes. Cabe mencionar que, aunado a lo anterior, estos países buscan acordar algunas reformas en el proceso de integración como, por ejemplo, mutualización de riesgos. Sin embargo, pese al apoyo expresado por la canciller alemana Ángela Merkel, algunos partidos alemanes expresan resistencia a toda intención de compartir el riesgo de deudas soberanas.
Estos gobiernos están consientes de los compromisos de austeridad que deben adoptar, pero al interior de sus países enfrentan una difícil situación de gobernabilidad para instaurarlos. El apoyo externo que reciban estos países, así como las medidas de recorte y ajuste que realicen, serán fundamentales para contener, al menos, un agravamiento y posible quiebra de sus economías. En este sentido, los datos muestran que la situación es adversa para la región.
Tan sólo de 2007 a 2011, la caída acumulada del PIB ha sido significativa en algunos miembros de la Unión Europea. Irlanda cayó un 10 por ciento y Grecia 14 puntos porcentuales. Como respuesta, Europa comenzó a tomar medidas de control a finales de 2011. Para el caso de Grecia, el Banco Central Europeo (BCE) ha ministrado recursos en dos tramos (diciembre de 2011 y febrero de 2012) por un total de 1,024 mil millones de euros. (€1,024bn). Además, en marzo de 2012 se reestructuró la deuda soberana por un monto de €130 bn, con la participación del sector privado, el FMI, el BCE, y la Comunidad Europea. Estas acciones, asociadas a un acuerdo de consolidación fiscal convenido por la zona euro en marzo de 2012, sólo redujeron de forma temporal las tensiones financieras de 2011.
En el caso de España, la solvencia de su sistema financiero ha puesto de manifiesto la debilidad de la quinta economía más importante de la región. El sector inmobiliario español registró un crecimiento de 2.17 veces en el periodo de 2002 a 2008 con respecto al observado en 1993 a 1998. Simultáneamente, en este mismo periodo, se registraron tasas reales de interés negativas, lo que significa que el costo real de financiamiento era menor al periodo anterior. Las personas podían acceder de manera más económica a créditos financieros, entre éstos los hipotecarios. Esto elevó la demanda en la construcción de casas y provocó un incremento en sus precios, contribuyendo de esta manera a la creación de una “burbuja inmobiliaria”: especulación y subida de precios irreales sobre los bienes inmuebles.
Para 2008 se registraba una caída en los precios en el sector inmobiliario, los cuales habían sido generados, en parte, por el deterioro que sufría la economía mundial. Aunado a la desaceleración económica de España y el deterioro del empleo, esto ocasionó que las personas que tenían créditos hipotecarios enfrentaran serias dificultades para seguir pagando, lo que provocó que una parte del sistema bancario español quedara expuesto a una fuerte insolvencia. Por mencionar algunos ejemplos, la moratoria para créditos de 90 días o más, creció de un 5 a un 20 por ciento en los últimos tres años. Asimismo, al cierre de 2011 y durante el primer trimestre de 2012, hubo una contracción en créditos para el sector privado de un 4.4 por ciento y los depósitos del mismo sector disminuyeron en 5.8 por ciento.
Por otro lado, España ha venido corrigiendo la cifra de su déficit programado para 2012, pasando de un 4.4 a 5.8 por ciento para el cierre del año. De igual manera, corrigió el déficit correspondiente de 2011 de un 8.5 a 8.9 por ciento. Ante la situación, el gobierno español ha buscado la manera de crear mecanismos para contener una situación en la que, si no se actúa de manera efectiva, podría provocar la quiebra de su sistema financiero en general.
A partir de 2009 creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como mecanismo de rescate bancario. El FROB tiene una capacidad de financiar €9bn y puede ampliarse hasta los €90bn. Entre otras cosas, requirió a los bancos aumentar la constitución de sus provisiones de capital, mismas que pasaron de €105bn (hasta antes de febrero de 2012), a €183bn, es decir, un 43 por ciento adicional. Las nueva constitución está asociada a los activos mobiliarios problemáticos y sanos, y deberá concretarse para diciembre de 2012.
Ante la desconfianza de los mercados de que España no pueda hacer frente a la crisis bancaria, se llevaron a cabo pruebas de estrés (Financial Sector Assessment Program) por parte del FMI y del Banco Mundial (BM). Estos organismos estimaron que el costo de sanear al sistema financiero sería de alrededor de €77bn (7.4% del PIB). De igual forma, el gobierno español, a través del Banco de España y del Ministerio de Economía, solicitó que se realizara una auditoría externa a su sistema bancario.
El objetivo era exponer una cifra real sobre las necesidades de capital del sistema bancario, que serviría de referencia para solicitar formalmente un rescate a la Unión Europea. En junio, las consultoras externas (Oliver Wyman y Roland Berger) emitieron el dictamen donde señalaban que la banca española requeriría de €51 a €62bn, un poco por debajo de lo señalado por el FMI y el BM. Una vez conocida la cifra, España solicitó formalmente el apoyo financiero por €100bn para recapitalizar a las entidades financieras españolas. La eurozona acordó apoyar a España con esta cantidad, mediante el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el FROB, misma que será entregada en cuatro partes (€30bn, €45bn, €15bn y €10bn).
Finalmente, en la pasada Cumbre de Líderes del G-20 en México (junio de 2012), el presidente español, Mariano Rajoy, expresó su compromiso por asumir compromisos que restauren la estabilidad de la economía española: “Vamos a mantenernos para no gastar lo que no tenemos” y, de igual modo, manifestó que su gobierno se empeñará en conseguir sus objetivos. La apuesta será por un programa a largo plazo, más que enfocarse en la cuestión de tasas y primas de riesgo. Rajoy explicó que España no tiene deuda externa, que pagará su deuda interna y que será bajo los fundamentos de la economía española como el país podrá salir adelante. “Europa sale unida con objetivos comunes para recuperar el crecimiento y el empleo; recuperación de la economía mundial”, externó el mandatario. “La reunión de los Cabos nunca la olvidaré porque es una de las reuniones más constructivas para la Unión Europea”, dijo.
Ahora, éste es apenas el inicio del largo camino que deberá enfrentar España, pero también aquellos países que, dadas las actuales condiciones económicas de la región, seguramente estarán bajo la lupa en los siguientes meses. La principal preocupación, además de evitar que aumente aún más su deuda pública, será la de resistir la desaceleración económica, la creciente tasa de desempleo y, más grave todavía, enfrentarse a la posibilidad de abandonar el euro.
