La COPECOL, por un desarrollo sustentable
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
En pocos días, se llevará a cabo la primera Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) en la ciudad de Veracruz del 29 al 31 del presente mes. Cabe recordar que con anterioridad, en reunión realizada en el Patio Central del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se firmó el acta constitutiva por medio de la cual, se le dio vida oficial a la COPECOL como una Asociación Civil que agrupa a los legisladores locales de los 31 estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los objetivos generales de la firma son 17; entre los que destacan: impulsar un “federalismo legislativo” renovado mediante el intercambio de experiencias de sus integrantes mediante actos que impacten la esfera local; perfeccionar y armonizar el proceso legislativo mediante la coordinación y homologación de leyes, facilitando la concertación política, lograr un acercamiento más estrecho y una mejor comunicación entre las legislaturas locales del país y establecer enlaces con el Congreso de la Unión para delinear una agenda de trabajo a nivel nacional e impulsar un nuevo modelo de legislador local a través de la capacitación parlamentaria y la profesionalización permanente.
Así mismo, esta Asociación dará continuidad al trabajo que a nivel internacional han desarrollado organismos como la Confederación Parlamentaria de las Américas, en Brasil; el Consejo Federal de Legisladores Comunales, en Argentina; y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en Estados Unidos.
Esta Conferencia, que sesionará cada año a nivel nacional, con reuniones regionales previas, cuenta con diferentes comisiones que abordarán asuntos como: justicia y seguridad pública, fiscalización, gobierno y administración interna de las legislaturas, medio ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, equidad y género, asuntos indígenas, deuda pública en las entidades federativas, asuntos agropecuarios, minería, entre otros.
De ahí que en la COPECOL estamos trabajando por establecer nuevas acciones de cooperación estratégicas entre los Congresos de los estados en todos los asuntos de interés para la ciudadanía y en pro del desarrollo de cada región del país. En particular, en materia ambiental y en el tema de la minería; estamos trabajando y centrando esfuerzos en rubros prioritarios, tales como: la promoción de derechos humanos en el marco de una economía sustentable, competitiva y socialmente equitativa, así como en el abordaje de los grandes retos que nos ha traído el cambio climático.
Actualmente, el debate sobre la protección y conservación del entorno natural, ha generado diversas propuestas de gestión a partir de algunos conceptos como la Gobernanza, Responsabilidad compartida, Manejo integrado, Transversalidad, así como concepciones del desarrollo de gran amplitud como la Sustentabilidad o el Desarrollo Sustentable; que dan una nueva dimensión al quehacer legislativo en cuanto a la posibilidad de generar pautas de desarrollo.
Desde los estados, tenemos que coadyuvar en la búsqueda de soluciones a partir de la creación legislativa, concibiendo el ámbito económico, social y ambiental como un solo eje, complejo y correlativo, en el cual integrar los procesos de toma de decisiones en todos los escenarios institucionales y en cada orden de gobierno. Las legisladoras y los legisladores estatales, tenemos la gran responsabilidad de elaborar y depurar nuestros marcos jurídicos para impulsar esquemas de desarrollo desde los espacios locales; pero dentro del marco de un nuevo federalismo y con la participación activa y directa de la sociedad civil en esta gran encomienda.
Por supuesto, el Estado debe reafirmar su papel de gestor protagónico de la política ambiental y de la minería en particular; por lo que desde los estados y las regiones tenemos que diseñar y establecer marcos jurídicos que funcionen como una plataforma para el desarrollo sustentable y el uso eficiente de los recursos naturales. Esto lo podremos concretar a través de la regulación sobre diversos ámbitos como el manejo de impactos ambientales, la gestión integral de los recursos hídricos, la emisión de ruidos, la administración y manejo de las áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal, así como el control de residuos, el otorgamiento de permisos y la educación en temas ambientales etc.; siendo éstos, temas que definen el esquema de nuevas relaciones de las sociedades con su entorno y esta realidad necesita una expresión jurídica acorde a ello y, además, tengamos la capacidad de cumplir con los Tratados Internacionales en la materia firmados por nuestro país. La ley debe ser una herramienta de progreso, de responsabilidad social y un eje determinante para mejorar la situación de deterioro ambiental y de procuración de un desarrollo definido por esquemas de sustentabilidad.
Por lo que toca a la minería, a menudo ésta actividad genera serios problemas de contaminación y nuestras legislaciones no están exentas de ciertas inconsistencias; como una deficiente aplicación de la norma y también en la existencia de algunos vacíos legales. En ese contexto, tenemos el gran reto de integrar la amplitud de propuestas legislativas en la materia para erradicar los problemas que genera esta actividad y, paralelamente, potenciar sus beneficios (económicos, hacendarios, sociales etc.) para beneficio de las comunidades que albergan a poblaciones mineras de nuestro país.
No sólo el Estado nacional, sino también y de manera preponderante, las administraciones locales son responsables de actuar en defensa del medio ambiente y por el equilibrio social; dada su cercanía a los sitios de conflicto o intervención. De ahí debemos partir para obligar al cumplimiento de nuestro marco jurídico ambiental, fomentar la actividad económica pero también la responsabilidad social corporativa de las empresas mineras en beneficio de las comunidades y de la población; con respeto al equilibrio de nuestro entorno natural y a los derechos de los trabajadores mineros.
Finalmente, como ya he señalado con anterioridad, hoy en día parte esencial de la fortaleza del federalismo, depende en gran medida del reparto equilibrado de competencias constitucionales entre las autoridades federales y los estados, a la par de afianzar los postulados del Municipio Libre, como base de la división territorial en el país. Bajo esta perspectiva, la modernización del país requiere de la descentralización de la vida nacional; tenemos que comenzar por lo fundamental, es decir, por mejorar nuestras condiciones democráticas: Democracia y Federalismo van de la mano y guardan un vínculo indisoluble. Nuestra viabilidad como nación depende en buena medida de la capacidad de revertir las inercias y tradiciones centralistas todavía muy arraigadas en nuestra sociedad. De ahí que no tenemos otro camino que impulsar la participación ciudadana desde las instancias locales, fortalecer el estado de derecho y “ciudadanizar” nuestra vida pública y el conjunto de procesos institucionales. Hoy en día, es indispensable ahondar en los procesos orientados al Desarrollo Sustentable y el avance social a partir del empoderamiento municipal y de la transversalidad de las políticas públicas.
En nuestro caso, desde las legislaciones locales podemos enriquecer la serie de procesos que conforman el rumbo de la vida nacional, teniendo como eje el fortalecimiento de los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, el combate a la pobreza, la ampliación de las oportunidades de empleo, en la cobertura educativa y de salud en los sectores más vulnerables.
