CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La ciudad amaneció con paso de multitud. No era una marcha más: era un recordatorio. Cuando más de 25 mil docentes —otras cuentas hablan de 30 mil, entre activos y jubilados— deciden dejar el aula para ocupar la calle, no lo hacen por capricho ni consigna: lo hacen porque la dignidad ya no entra en los formularios oficiales.
Zacatecas lo vio el 13 de noviembre. Un río humano que nació en la Máquina 30-30 y desembocó en el Congreso. El Centro Histórico quedó inmóvil, como si la ciudad hubiera entendido, por fin, que la educación tiene un límite: la paciencia de quienes la sostienen.
Los maestros no piden milagros: exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, esa reforma que hace 18 años convirtió la jubilación en una carrera de resistencia imposible. Es su demanda histórica y, sin embargo, sigue tratándose como si fuera un entusiasmo pasajero.
También reclamaron claridad en la federalización de la nómina educativa, un proceso que la fallida nueva gobernanza maneja con la misma luminosidad con la que se revisa un expediente incómodo: a oscuras, en silencio y con prisas. La opacidad, en Zacatecas, dejó de ser un síntoma. Es una forma de gobierno.
Pero la Megamarcha fue más que un pliego laboral. Fue un gesto político. Un escudo extendido hacia otros frentes donde la autoridad ha decidido no mirar.
Los maestros aprovecharon además para levantar la voz por la Secundaria Técnica 1, donde el director y la trabajadora social fueron separados tras denuncias de pornografía creada con inteligencia artificial por estudiantes varones contra sus compañeras.
El caso está en manos de la Fiscalía y revela algo incómodo: mientras la violencia digital crece, el Estado camina detrás de la tecnología, no delante. La urgencia de tipificar estos delitos ya no es debate académico; es una obligación política.
El paro alcanzó el 95% de las escuelas. Se tomaron oficinas, la delegación del ISSSTE, regiones educativas. Unos 200 maestros viajaron a la Ciudad de México para insistir en reanudar las mesas nacionales. Y anunciaron la toma futura de casetas. No es amenaza: es advertencia.
Mientras tanto, el gobierno prefiere hablar de reformas electorales, ajustes administrativos y quema de estupefacientes.
La Megamarcha no fue un estallido. Fue el inicio de otra etapa. El magisterio dejó claro que la docilidad ya no forma parte del currículo. Y si alguien en el poder duerme tranquilo, debería revisar el parte del día: cuando los maestros marchan así, no caminan solos. Caminan con la historia. Y la historia, cuando decide moverse, no pregunta permiso.
Cuando la juventud hace el trabajo del Estado
Los normalistas de San Marcos recordaron algo que al poder le incomoda: cuando el Estado falla, la calle se convierte en aula. Bloquearon el bulevar López Portillo, siete días después de haber tomado casetas, porque comer alimentos con hongos y esperar becas que nunca llegan no es una “inconformidad juvenil”; es sobrevivencia. Tienen bitácoras con fechas, fotos, intoxicaciones. Datos, no eslóganes.
La mesa de diálogo duró lo que tarda una autoridad en incomodarse. Un funcionario les advirtió que incurrían en delito federal y que podían enviar fuerzas de represión. Después, según los estudiantes, les hablaron de la movilización de la FRIZ. La intimidación como método, otra vez.
Cuando los alumnos pidieron consultar a su base, las autoridades se levantaron y se fueron. La Seduzac, a cago de Gabriela Pinedo Morales –la fallida exsecretaria general de gobierno y hoy también fallida secretaria de Educación–, dice lo contrario, que ellos rompieron el diálogo. Dos versiones, un solo hecho: el gobierno llegó tarde y se fue temprano.
Sí, porque Gabriela Pinedo apareció siempre detrás del conflicto, nunca delante de él. Llegó tarde a la crisis alimentaria, minimizó las intoxicaciones, negó claridad sobre becas que los alumnos consideran vitales y rompió —o permitió romper— una mesa de diálogo que necesitaba conducción política, no amenazas veladas.
Su postura pública, limitada a lamentar el rompimiento y culpar a los estudiantes, retrata a una funcionaria más preocupada por salvar el expediente que por resolver un problema que ella misma dejó crecer. En vez de encabezar una solución, administró el silencio; en vez de proteger a los futuros docentes del estado, permitió que fueran tratados como adversarios. En un conflicto donde se necesitaba firmeza, transparencia y liderazgo, ofreció lo contrario.
Además, la contradicción legal sobre las becas resume el desorden: las necesitan para estudiar, pero “no pueden recibir doble apoyo” por reglas federales. Entonces, ¿por qué dejaron de entregarlas? ¿La Federación sigue depositando? El silencio administrativo responde más que cualquier boletín.
El conflicto terminó por desgaste. Hubo acuerdos: acompañamiento legal para vigilar al proveedor de alimentos, una reclasificación de la beca PRE y una cláusula de no represalias. Nada menor, pero tampoco suficiente. Fue la presión social —no la estrategia institucional— la que destrabó el problema.
San Marcos es el termómetro de Zacatecas: cuando los jóvenes tienen que enfermarse, bloquear bulevares y enfrentar denuncias federales para ser escuchados, lo que está en crisis no es la escuela. Es el Estado.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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