¿A qué le llamamos justicia?
JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ *
La sociedad contemporánea ha alcanzado el consenso de que los gobiernos son necesarios. El debate, sin embargo, está en qué tan grande debe ser el gobierno; es decir: qué tantos impuestos deben pagar los ciudadanos y en qué deben gastarse dichos impuestos.
Todos sentimos que el gobierno debería ayudarnos. Desde quien pide ayuda del gobierno para un pie de casa de 26 metros cuadrados, hasta el propietario de un vehículo de 300,000 pesos que no está dispuesto a pagar tenencia.
En el servicio público uno conoce las necesidades de quien pide apoyo para cubrir la cuota de inscripción (supuestamente “voluntaria”) o para comprar útiles escolares, con el riesgo de abandonar la escuela, hasta quien solicita que se le ayude a estudiar un semestre en el extranjero.
¿Qué cosas debe financiar el gobierno? ¿Por qué actividades y a quiénes se le deben de cobrar impuestos? ¿Hay necesidades prioritarias?
Desde mi punto de vista, el tamaño del gobierno debe de ser tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Parece haber una contradicción, pero no necesariamente es así cuando se definen prioridades.
En estos días me ha conmocionado leer un Documento de Trabajo que Andy Sumner ha publicado (disponible en Internet) que lleva por título “¿Dónde vivirán los pobres del mundo?”
La primer pregunta que surge es si ahora hay más pobreza en el mundo que antes. Un primer enfoque del documento nos señala que mientras en 1990 más de la mitad de la población (alrededor del 60%) vivía con menos de 2 dólares al día, para el 2008 esta cifra era de alrededor del 40%.
En números brutos, alrededor de 3,000 millones de seres humanos vivían con menos de 2 dólares al día (menos de 800 pesos mexicanos al mes) en 1990 y en el 2008 la cifra se redujo a alrededor de 2,500 millones.
Sin embargo, la proporción de personas que viven con menos de 10 dólares (4,000 pesos al mes) al día no se ha modificado en estas últimas dos décadas. Era de aproximadamente 80% en 1990 y seguía siendo de aproximadamente 80% en el 2008.
Es decir: hubo una cierta movilidad social (impulsada sobre todo por programas focalizados como Oportunidades en México, que fueron planteados desde organismos internacionales), pero esa movilidad social no se tradujo en un ensanchamiento de la clase media.
Aquí vuelve otra pregunta a la mesa. ¿Qué porcentaje del presupuesto debería atender a quienes viven con menos de 2 dólares al día? ¿Qué porcentaje del presupuesto debería atender a quienes viven con menos de 10 dólares diarios? ¿Qué porcentaje debería destinarse a quienes viven con más de eso?
Solo contestando a ese tipo de preguntas, se puede ir formulando una idea de la justicia que esté asentada en la realidad.
En México, por ejemplo, el 90% de los impuestos los paga el 20% más rico de la población, lo cual parece un esquema justo.
Sin embargo, el gasto social se divide por partes iguales: solo el 50% de ese gasto se concentra en el 50% de los más pobres. Hay casos, como la educación superior, los programas agrícolas como Procampo y los subsidios a las gasolinas (todos defendidos por la supuesta izquierda mexicana) en los que la mitad del presupuesto se concentra en el 20% de los mexicanos con mayores ingresos.
Además, otro problema fundamental está en el tamaño del gobierno: no basta que se cobre a los más ricos. Eso no resuelve el problema de la justicia. El problema de la evasión fiscal en México (y en todos los países en vías de desarrollo) también es resultado de la desigualdad económica, que propicia que no haya capacidad política para revertirla.
Es decir: los privilegiados aseguran una representación política que cuida de sus intereses.
De esta manera, mientras en los países de ingreso bajo y medio-bajo, los impuestos son de entre 13 y 17.7% del Producto Interno Bruto, en los países de ingreso medio y alto van de 20.7% a 35.4%. (En México, son de apenas 12%).
Por cierto, vale la pena destacar que mientras en 1990 más del 90% de las personas que vivían con menos de 2 dólares estaban en países en extrema pobreza (fundamentalmente africanos), ahora el 70% de esas personas vive en países denominados como de ingreso medio-bajo (como India, China, Nigeria, Indonesia y Pakistán).
¿Conclusiones? Yo sigo sosteniendo que para que haya más justicia en México los esfuerzos de una nueva clase política deben centrarse en dos áreas: elevar la recaudación y vigilar que el gasto sea aún más redistributivo, aunque eso moleste a los que lucran discursivamente con la pobreza, pero defienden los subsidios a la gasolina, la eliminación de la tenencia y programas como Procampo, que son el origen de la injusticia.
*Diputado local
