Congreso de la Unión debe promover canales de participación democrática en estados
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
La reforma política federal que se aprobó en el Congreso de la Unión y cuyo decreto se publicó el 9 de agosto del 2012en el Diario Oficial de la Federación, representa un paso adelante en el proceso de consolidación democrática en el país. Pese a ello, el debate sigue abierto porque todavía quedaron pendientes de incluir diversas figuras como: el plebiscito, el referéndum, la reelección legislativa y de los alcaldes, la reducción de los integrantes del Congreso, la ratificación del gabinete, la segunda vuelta presidencial, el veto presupuestal, así como un sistema de rendición de cuentas más sólido y efectivo, entre otras.
Entre los aspectos destacados de la mencionada reforma podemos mencionar que modifica el contenido del artículo 35 constitucional para integrar la iniciativa popular, la consulta popular y las candidaturas independientes. Respecto a estas últimas, vale destacar que el hecho de que por fin, el Congreso reconozca las candidaturas independientes como una figura al alcance de las y los ciudadanos. De esta forma, el artículo 35, fracción II, fundamenta constitucionalmente este derecho humano de carácter político; al señalar textualmente que poder ser votado para todos los cargos de elección popular es una garantía del ciudadano y que “el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.
De entrada, resulta muy positivo que el Congreso de la Unión haya refrendado este derecho ciudadano. Más aún, estando inmersos en un escenario político en el que por desgracia, existe un alejamiento palpable de los partidos con respecto a la sociedad, lo que en buena medida ha generado que sean percibidos como organizaciones cerradas y sujetas al control vertical de sus cúpulas dirigentes.
Sin embargo, la reforma política está inacabada y no sólo porque estime que se deban incluir otras formas de participación ciudadana, sino porque adicionalmente a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, es necesario realizar algunas otras modificaciones legales para que la reforma quede completa y tenga viabilidad práctica. Me refiero al hecho de que aunque se reafirmó el derecho de los ciudadanos a ser candidatos independientes, la Constitución Mexicana en su artículo 116 (que regula las elecciones en las entidades federativas), aún señala expresamente que los partidos políticos siguen teniendo la facultad exclusiva de registrar candidatos: “las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los partidos políticos tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, señala dicho artículo. Esta situación tiene su origen en la omisión de armonizar la reforma del artículo 41 al artículo 116 constitucional, al mantener la redacción original en las modificaciones efectuadas al artículo 116 en el año 2007 y que tampoco se corrigió en la reforma actual.
De esta forma, pese a que el artículo 35 establece las candidaturas independientes, siguen ausentes las leyes que regulen su operación. Razón por la cual, el día de hoy no contamos con una base normativa para la existencia y regulación en la ley secundaria de las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales.
Debido a ello, el propio dictamen del Senado y la Cámara de Diputados entró en controversia porque los senadores planteaban que se les otorgara la potestad a los estados de decidir si establecen las candidaturas independientes; mientras que los diputados asentaron que ello se determinara desde el ámbito federal. Al no llegar a un acuerdo, únicamente se reformó el artículo 14 y a los ciudadanos se les reconoce ese derecho pero sin haber concluido la reforma. Como señala Arturo Espinosa Silis, secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “al final de cuentas, la base del éxito de las candidaturas independientes, y en general de las formas de participación ciudadana previstas en la reforma constitucional, dependerá en gran medida de la regulación legal que se contemple, la cual deberá ser objeto de debate en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1º de septiembre. De lo contrario, serán figuras que podrían llegar a ser inaplicables ante la falta de la legislación secundaria que las regule, y de los mecanismos operativos necesarios para su ejercicio”.
Esto trae como consecuencia que cualquier candidato independiente que llegara a registrarse, pueda ser sujeto de una impugnación por parte de un ciudadano o un partido político. De esta manera, si en Zacatecas se diera cauce a las candidaturas independientes para el 2013, se correría el riesgo de poner en crisis al Instituto de Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) por no tener la capacidad jurídica, técnica y financiera de atenderlas.
Otro asunto que se desprende de esta reforma constitucional en lo que se refiere a las candidaturas independientes, radica en la necesidad de ajustarlas con el actual sistema electoral; es decir, que se establezcan los requisitos, condiciones y términos para ser candidato independiente en igualdad con los candidatos partidistas. Así mismo, para la implementación de las candidaturas independientes, es preciso regular primero el tema de las prerrogativas económicas y el acceso a los medios de comunicación en las campañas electorales, a efecto de que quien contienda al amparo de esta figura tenga posibilidades reales de triunfo en una elección; paralelamente, tienen que plantearse esquemas de seguridad en el marco jurídico para evitar que en las campañas puedan filtrarse recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, como he venido insistiendo: no se trata por supuesto de “congelar” el tema de las candidaturas independientes en Zacatecas; todo lo contrario, pero debemos discutirlo con mucha responsabilidad y con total apego a la legalidad. Hasta ahora, los términos en que se aprobó la reforma política a nivel federal, impiden que técnica y financieramente puedan aplicarse en nuestra entidad las candidaturas independientes en los comicios del 2013.
Sin embargo, ello no cancela de ninguna manera que para el año 2016 podamos haber revertido los obstáculos jurídicos que ahora se nos presentan. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en la lista de las 21 naciones que -en la práctica- no permiten la participación de candidatos independientes para un puesto de elección popular. Es evidente que los partidos políticos no pueden seguir monopolizando la actividad política y, desde mi punto de vista, empobreciendo nuestra vida pública y social. Por ello, esperamos que el Congreso de la Unión actúe con celeridad para concluir la obra emprendida y se amplíen los canales de participación ciudadana para avanzar en el difícil pero irrenunciable camino de la democracia.
* Diputado perredista
