Ciudad Administrativa ya es de los zacatecanos
Zacatecas, Zac.- Hoy, Ciudad Administrativa es de los zacatecanos, afirmó Miguel Alonso Reyes, al rendir su segundo informe de gobierno, en el Palacio de las Convenciones.
Acompañado de gobernadores, legisladores federales y los representantes de Felipe Calderón y Enrique Peña, el mandatario hizo saber que su promesa de salvar la situación financiera de la antes llamada Ciudad Gobierno, hoy está cumplida.
Explicó que la mayor presión a las finanzas públicas del Estado la constituye el enorme déficit que existe y que tan sólo en el sector educativo supera los mil 800 millones de pesos al año.
Y agregó: «También son significativas las pesadas obligaciones heredadas de la administración anterior», siendo la más relevante está constituida por los Contratos de Prestación de Servicios, conocidos como PPS».
Alonso Reyes explicó: «A esta compleja situación le hicimos frente con una estrategia financiera que convierte las deudas de corto plazo y alto costo en vencimientos más largos y más baratos, haciendo viable la actividad del estado y mejorando su perfil de deuda. Por eso puse fin al PPS de Ciudad Gobierno, ahora Ciudad Administrativa, que comprometía el presupuesto estatal durante 21 años y ordené su rescate».
Dijo que la negociación para concluir este contrato lesivo a los intereses del estado permitirá ahorrar más de dos mil millones de pesos en los próximos 20 años, y más de 13 millones mensuales por concepto de rentas y mantenimiento.
«Hace exactamente un año, y en este mismo lugar, me comprometí a resolver el problema de Ciudad Gobierno y hoy… ¡está resuelto!, la nueva Ciudad Administrativa es propiedad de los zacatecanos y todo el personal del Gobierno del Estado está laborando en ella».
El gobernador mencionó que la situación financiera heredada de la pasada administración encabezada por la perredista Amalia García, motivó investigaciones y acciones administrativas y penales en contra de quienes resultaron responsables de desvíos.
Finalmente, Miguel Alonso señaló que la investigación emprendida por la Contraloría,a cargo del ex petista y ex perredista, Guillermo Hizar, enfrentó la dificultad de contar con una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que no tuvo en el 2001 el refrendo del secretario del ramo que la Constitución exige, «lo que sirvió para que algunas personas evadieran la acción de la justicia».
