Calderón ataca otra vez la libertad de expresión
JOSÉ NARRO CÉSPEDES *
El gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón ha dado un nuevo golpe al derecho a la información y a la libertad de expresión, basado en las herramientas represivas de una relación perversa entre los medios de comunicación y el poder político.
Esta relación se da a partir de la mutua dependencia de la clase política y los medios de comunicación. Por una parte, la televisión comercial con sus señales abiertas, tiene presencia en cerca del 92 por ciento de los hogares en México, con lo que crea la ilusión de una penetración constante las 24 horas, convirtiéndose en el gran espacio legitimador de personajes políticos.
Así, su presencia casi total en la vida de los espectadores permite que la exposición de mercancías y personas sea altamente redituable, convirtiéndose en el negocio perfecto.
Por su parte, el gobierno federal cumple dos funciones: administrar el espacio radioeléctrico a partir de concesiones (aquí la gran arma coercitiva del gobierno) de este bien público cedidas a particulares, al tiempo que es el gran contratista; invierte grandes cantidades de dinero en los medios de comunicación tradicionales, con lo cual tiene un gran poder de influencia en el diseño de las líneas editoriales y de contenidos.
Lo anterior tiene a gobierno y medios de comunicación íntimamente ligados toda vez que la clase política a desarrollado su accionar a partir de lo que podríamos llamar la telepolítica o política de la televisión, al tiempo que los medios necesitan estar bien con los administradores de las concesionarias.
Hoy día el gobierno federal intenta quitar la concesión a MVS Comunicaciones de la banda 2.5 GHz, a partir de las críticas hechas al Presidente Felipe Calderón en la primera emisión conducida por la periodista Carmen Aristegui, por aquella manta que el legislador Gerardo Fernández Noroña desplegó en la sala de plenos de la cámara de diputados, y que se leía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿y porque lo dejas conducir al país?
Felipe Calderón ataca nuevamente el derecho a la información al buscar acallar a Carmen Aristegui y su noticiero por haberse convertido en la voz de la nueva cultura democrática en México.
En ese momento, el gobierno de la República exigía una disculpa pública por parte de la periodista de lo contrario se pedía su renuncia; ante la negativa, ahora están tomando venganza a partir de quitarle la concesión de la banda ancha.
Esta historia no comienza con Enrique Peña Nieto, Julio Scherer García afirma en su libro “Calderón de cuerpo entero”, que en mayo de 2006 se reunió la cúpula de PAN, publicistas y asesores extranjeros como Toño Solá para buscar herramientas que hicieran remontar a Calderón en las encuestas.
“El equipo planteaba como lograr que las televisoras ayudaran al candidato, pues en ese momento no estaban con él”
Para ello se pensó en impulsar la ‘Ley Televisa’ que estaba pendiente en la Cámara de Senadores.
Según Manuel Espino Presidente del PAN durante el sexenio de Vicente Fox, “la ley causaría un grave daño al país, dado que fortalecería a las televisoras. Corríamos el riesgo de vivir en un Estado donde su poder rebasara incluso al propio poder ejecutivo. Felipe Calderón era consciente del riesgo, pero afirmaba que se trataba del único camino para que las televisoras apoyaran al candidato”.
El gobierno panista busca castigar a un medio de comunicación que se atreve a decir que no está de acuerdo con él, mientras fortalece económica y políticamente a medios que permanentemente están de su lado.
Se ha convertido en un hecho que el derecho a la información depende de la relación que se tenga entre los poderes de los medios económicos y políticos del país, cosa que afecta terriblemente a la democracia y a la equidad.
Es indudable que Televisa influyó en el reciente proceso electoral y que el PRI y el PAN se han enlazado con intereses de la empresa para obtener prevendas de apoyos a los intereses televisivos. Televisa se convierte así en un legitimador mediático del fraude electoral a través de encuestas, entrevistas y opiniones a favor del candidato del priista.
A partir del fortalecimiento simbiótico de figuras políticas y de los intereses de los medios se ha hecho caso omiso sobre la regulación de los contenidos televisivos, dejando el camino libre para que los concesionarios afines al gobierno haga uso de un bien público a su voluntad, con la única obligación de legitimar los intereses de los grupos políticos que lo apoyan.
Asimismo el IFE se ha convertido en legitimador legal de estas acciones, dejando de cumplir la tarea de objetividad, transparencia y parcialidad electoral.
En este contexto, es pertinente nuevamente llamar la atención en el hecho de que sigue en riesgo la construcción de un modelo democrático que permita la libertad de expresión y que no se dé a partir de votos de corrupción, compra del voto e inducción de poderes mediáticos.
Exigimos el respeto a la libertad de expresión; manifestamos nuestro total respaldo a la periodista Carmen Aristegui, ya que es una comunicadora invaluable en la nueva cultura democrática y convocamos a una gran reforma democrática donde se acote el papel de los medios de comunicación.
