Se fue Alfredo Castillo sin resolver feminicidio en Edomex
México, DF.- En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo Cervantes deja grandes pendientes con las mujeres víctimas de violencia y feminicidio, ya que la mayoría de los casos siguen impunes al negar incluso que hubiera un patrón feminicida en la entidad, acusaron defensoras de Derechos Humanos (DH).
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció ayer que aceptó la renuncia de Alfredo Castillo, quien asumió como procurador de Justicia el 24 de junio de 2010 tras la renuncia de Alberto Bazbaz todavía durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, ante el polémico asesinato de la niña Paulette Gebara.
En septiembre de 2011, Castillo informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que en el 56 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres de los últimos cinco años en la entidad “se desconocía al responsable”.
Además el ahora ex procurador se comprometió a resolverlos en un año, recordó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien agregó que “lo más grave” es que justo un año después Alfredo Castillo afirmó a la prensa que los crímenes se habían resuelto, cuando sabemos que no es así.
Según el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gestión de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.
Estrada insistió en que en la entidad existe un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, el cual no está siendo atendido por las autoridades judiciales. Observó que las graves deficiencias en las investigaciones son consecuencia de un patrón de discriminación contra las mujeres.
Luz Estrada dijo que Castillo Cervantes no contribuyó a mejorar el sistema de justicia de su estado, a pesar de que se creó una subprocuraduría Especializada en Delitos Contra Mujeres. Subrayó que el índice de asesinatos y violencia están a la orden del día, lo cual es reflejo de una procuración de justicia sin medidas contundentes a favor de las mexiquenses.
Durante la gestión de Castillo, y todavía en el sexenio de Peña Nieto, se tipificó el delito de feminicidio el 17 de marzo de 2011, pero para la coordinadora del OCNF la tipificación es “tramposa”, ya que resulta imposible acreditar el delito porque se debe comprobar que la víctima sufrió discriminación.
En la época del ex procurador salieron a la luz pública asesinatos, y violaciones sexuales de mujeres y adolescentes, que pusieron en entredicho su trabajo. Fue en su periodo cuando se dio la fuga del asesino confeso de siete mujeres –tres de ellas menores de edad–, César Librado Legorreta, alias “El Coqueto”.
Por este hecho, madres de las víctimas lo acusaron de “incompetencia e ineptitud” para resolver los casos de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas y asesinadas en la entidad, y exigieron su renuncia.
Asimismo, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus siglas en inglés), encabezada por Teresa Ulloa, solicitó en varias ocasiones la renuncia del funcionario.
Durante junio y julio de este año nuevamente el escándalo y la impunidad llegaron a la PGJEM. El pasado 12 de junio Jessica Lucero, de 14 años, denunció ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, haber sido víctima de violación, identificando como su agresor a Carlos García Sanjuán, de 22 años, y conocido como “El Quico”.
Sin embargo las autoridades no lo detuvieron, ni tomaron medidas de protección para la niña, pero sí le exigieron 2 mil pesos para “agilizar los trámites”. El pasado 14 de julio Jessica fue asesinada a pedradas y su cuerpo hallado en un terreno baldío en la colonia El Parque.
Para Teresa Ulloa, Castillo es una persona “insensible, patriarcal e ineficiente” al que nunca le han importado los delitos contra las mujeres, y el que nunca reestructuró la procuraduría para que las mujeres pudieran acceder a la justicia.
Con información de: Gladis Torres Ruiz /CIMAC
