Gobierno debe dejar sin efecto acción penal contra maestros: Gerardo Espinoza
Zacatecas, Zac.- El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su presidente estatal Gerardo Espinoza Solís, manifestó su rechazo en torno al conflicto del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria (SITTEZ), y repudió el acoso laboral y la represión de que están siendo objeto los maestros de telesecundaria por defender los derechos que la Ley les otorga.
“Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la penalización de la protesta social, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos asigna el derecho a la libre organización y a la libre manifestación de las ideas como mecanismos para la defensa de todos nuestros derechos”, aseveró.
En conferencia de prensa, estuvo acompañado por Efraín Arteaga Domínguez, líder de los ex braceros quien actualmente se encuentra sujeto al proceso penal 364/2012, por el delito de pasar por una calle bloqueada y saludar a los maestros en resistencia, en lo que dijo el perredista, “es una evidente muestra de persecución política”.
El líder perredista refirió en torno a ello, que es obligación del gobierno estatal elaborar el Presupuesto de Egresos de cada año, así como gestionar en la Federación los recursos suficientes para cumplir los derechos de todo tipo a todas las personas.
“Les recordamos que es el gobierno el garante del cumplimiento de los ordenamientos legales, por lo tanto es insostenible que el mismo gobierno violente los derechos laborales de sus trabajadores”.
Espinoza Solís, flanqueado por miembros del Comité Ejecutivo Estatal, aseguró que en Zacatecas es práctica común la falta de oficio político para conducir a la sociedad, al tiempo que exigió desde el Sol Azteca, que “se dejen sin efecto las órdenes de aprehensión giradas por este hecho y exigimos cese el acoso laborar a los trabajadores de telesecundaria en Zacatecas”.
Asimismo, agregó que no es creíble la preocupación del Gobierno del Estado, por el cierre del bulevar y la afectación del resto de la población, cuando días después de ocurridos los hechos motivo de la persecución a los docentes, el mismo Gobierno del Estado cerró la misma arteria para realizar una carrera ciclista, afectando con este acto y por un número similar de horas a la población zacatecana y a los visitantes.
En ese tenor Espinoza Solís, exhortó a Godezac, a que se deje sin efecto el proceso penal, al que “en un hecho fraudulento se le ha vinculado, por tanto exigimos total y absoluto respeto para quienes a través de la lucha social y las diversas organizaciones no gubernamentales exigen y demandan el cumplimiento de los derechos a que son acreedores por el solo hecho de ser seres humanos, y que las ineficiencias o la cerrazón de los gobiernos nos impiden disfrutarlos, por ello decimos alto a la represión gubernamental, que en teoría quedó atrás hace más de medio siglo”.
En ese contexto, el PRD exigió al ejecutivo estatal Miguel Alonso Reyes, transparentar las finanzas del ramo educativo en Zacatecas, “pues derivado de la rabia con la que han respondido las autoridades educativas y de procuración de justicia existe una presunción fundada sobre el probable desvío de recursos públicos que envía la Federación, para la sustentación de las obligaciones laborales con los trabajadores de telesecundaria, en especial las derivadas del acuerdo 384 supra citado”.
En otro punto del posicionamiento dado conocer por el PRD este martes, solicitaron a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SITTEZ, deslinden al maestro Efraín Arteaga Domínguez, de cualquier responsabilidad que se derive de la convocatoria, organización y participación en las acciones correspondientes al cierre del bulevar de esta ciudad capital el 29 de junio del presente año”.
Finalmente, Espinoza Solís exigió a nombre del instituto político el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores de Telesecundaria y, por lo tanto, el pago íntegro de las 35 horas laborales, del retroactivo correspondiente y del incremento anual normal al salario establecido y a no criminalizar la protesta social, en un escenario que estatal y nacionalmente se configura como un estado represor como el vivido por más de siete décadas con el PRI- Gobierno.
