Sin poder democrático no hay equidad ni bienestar social

LUIS GERARDO ROMO FONSECA *

A nivel internacional, la crisis financiera del año 2008 puso de manifiesto lo insostenible que resulta el paradigma neoliberal como modelo de desarrollo; pero no sólo para los países situados en la periferia del mundo, sino para los propios países históricamente desarrollados que ahora también están padeciendo las contradicciones de este modelo. En el caso de España, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil cuadruplica la media mundial; evidentemente, ya se trata de un problema estructural de la economía que está golpeando severamente a Europa y a los Estados Unidos; donde los servicios de salud, educación, bienestar social y recreación se han deteriorado significativamente.

La explicación de ello radica en que el 10% más rico de la población mundial detenta el 85% de la riqueza; en tanto, la mitad de toda la población del planeta únicamente posee el 1%. Como señala el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: “si hablamos de riqueza en vez de renta, el 1 por ciento de la población detenta el 40 por ciento de la riqueza. Hace veinticinco años, las cifras correspondientes fueron del 12 por ciento y el 33 por ciento”. Clara evolución. Bajo este escenario, es evidente que el alcance de los Objetivos del Milenio, planteados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, ahora se encuentran seriamente amenazados por los efectos de la crisis de la economía mundial.

Por nuestra parte, en México, desde hace tres décadas el neoliberalismo fue impuesto como la ideología hegemónica, en un proceso iniciado por el presidente Miguel de la Madrid y que, a nivel general, podemos caracterizarlo a partir de las siguientes acciones: privatización de empresas públicas, liberalización y desregulación de la economía, apertura al exterior y una disminución de la participación del Estado en el proceso económico; reducción del gasto público en materia social y la contención salarial.

Sin embargo, la aplicación de las políticas públicas bajo esta orientación, han propiciado que los mecanismos del mercado profundicen los rezagos históricos de México,  obstaculizando la justicia distributiva, acentuando la pobreza y la desigualdad al polarizar a la sociedad y encumbrar a una pequeña minoría como dueña y señora de la riqueza nacional. En consecuencia, aprovechando un entorno de corrupción y debilidad institucional, los poderes fácticos y monopólicos han logrado imponerse sobre el conjunto de los ciudadanos y por encima de toda lógica de equidad.

Desde principios de los años ochenta, el Estado y sus instituciones no han sido capaces de cumplir con las más elementales formas de justicia social; perdiendo su esencia democrática, al alejarse del interés colectivo. En este sentido, el Doctor Arturo Guillén Romo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha hecho un análisis de “la tragedia económica nacional” en tres décadas perdidas, en un ensayo titulado “México. Alternancia política, estancamiento económico y proyecto nacional de desarrollo”. El autor señala que “los promotores del neoliberalismo han destruido las fuerzas internas de crecimiento y desarrollo, han desnacionalizado a México, han malbaratado su patrimonio y lo han convertido en una enorme fábrica de pobres”.

Evidentemente, desde su irrupción en México, la voraz irracionalidad del neoliberalismo ha profundizado la concentración del ingreso y la desigualdad, lo que constituye el indicador más claro de su agotamiento. Además de que esta crisis abarca todos los ámbitos: económico, social, institucional, cultural, ambiental, energético y alimentario.

En particular, resulta ofensivo que el 20% de las mexicanas y mexicanos con mayor ingreso consumen el 56.7% de los bienes nacionales; mientras los pobres apenas el 3.8%, según reveló un informe del Banco Mundial difundido en abril pasado. Desde el año 2008, el propio Banco Mundial ubicaba a México como la onceava economía del planeta, pero también ocupando el lugar 76 en cuanto al poder adquisitivo de sus habitantes. Cabe mencionar, que los salarios mínimos han perdido el 70% de su poder adquisitivo a lo largo de casi tres décadas de predominio del neoliberalismo, lo que ha representado un retroceso respecto al valor real que tenían en 1946.

Por otra parte, en este periodo el Producto Interno Bruto (PIB) sólo se incrementó 0.78 veces (78.1%), al crecer a una tasa media de 2.4% anual durante el periodo 1983-2006, lo que implicó un incremento acumulado de apenas 18.5% en el PIB per cápita, que creció a una tasa media de 0.7% anual. Así mismo, la inversión fija bruta per cápita solamente se incrementó a una tasa media de 0.5% anual.

Por lo que concierne al empleo, la OCDE en la edición 2011 de sus Perspectivas del empleo, revela que el trabajo formal en México ha experimentado un “fuerte descenso”, al grado de que la informalidad cubre ya 63% del total de los empleos. En este mismo rubro, por su parte, el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, afirma que la precarización del mercado laboral mexicano y el bajo crecimiento económico del país arrojarán a 60 millones de personas en condición de pobreza al cerrar el presente año, contra 45 millones que se contabilizaron al finalizar el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A nivel social, el costo que hemos tenido que pagar es muy alto; más de 7 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos durante este periodo y los ciudadanos no encuentran alternativas reales para acceder a una vida digna. Desgraciadamente, en quienes repercute más la pobreza es en el grupo más vulnerable de nuestra sociedad, es decir, los indígenas. Un estudio muy reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que uno de cada cinco niños indígenas de América Latina es mexicano, que en total suman 2.7 millones, de los cuales el 22.8% carece de educación formal y enfrenta rezagos “extremadamente altos”, cifra que está por encima del promedio general de los países latinoamericanos que cuentan con una numerosa población indígena.

De ahí que resulta irrisorio el pregón del gobierno federal, cuando presume la estabilidad macroeconómica y el (ínfimo) crecimiento del PIB. Sin embargo, ante las cifras que dibujan nuestra realidad, bien cabe preguntarse: ¿dónde están los beneficios para la población?

Definitivamente, lo único que ha aumentado es la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Finalmente, la gran transferencia de recursos de la mayoría de pobres del mundo hacía la minoría conformada por los grandes ricos y especuladores, ha sido posible porque la llamada “globalización económica” está desgobernada; esto significa que las instituciones democráticas que rigen a los países desarrollados de Occidente, no tienen aplicación y vigencia en el espectro global. Las grandes masas de hombres y mujeres a quienes afectan las decisiones de carácter especulativo que se toman en la esfera financiera global, no tienen ni voz, ni voto, ni representación alguna en la toma de dichas  decisiones.

En países como el nuestro, la situación es más grave aún porque ni siquiera en el plano interno, hemos construido sistemas totalmente democráticos. Si se falsea y se secuestra la voluntad popular expresada en las urnas, que es el fundamento último de toda democracia, lo que prevalece es la apropiación de las instituciones y del Estado mismo por los factores reales de poder; grupos monopólicos y beneficiarios del persistente régimen de exclusión e inequidad social.

Razón por la cual, es de suma importancia hacer valer la voluntad ciudadana, libremente expresada en las urnas. Existe un nexo entre la debilidad de nuestra democracia y la gran concentración de la riqueza. México requiere un Estado con fundamento social y ético, que corrija los graves desequilibrios del mercado que benefician a unos cuantos; un Estado que promueva al mismo tiempo el empleo y la recuperación del salario, el acceso a una educación de calidad para todos, a la salud, a la información y a la cultura. Requerimos un país de legalidad sin simulaciones ni trampas; un país donde la fuente del poder no provenga del dinero y de la manipulación informativa, sino lisa y llanamente de la libre voluntad de los ciudadanos y de sus reivindicaciones más legítimas.

* Diputado local