“Ante impunidad, indígenas tlapanecas exigen intervención de EU

Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca violada sexualmente por militares en 2002, pidió a representantes del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos, que presionen al gobierno mexicano a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que su caso se traslade a la jurisdicción civil.

La semana pasada Valentina viajó Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y con un grupo de asesores del Comité de Asignaciones y del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, a quienes presentó su testimonio y pidió la apoyaran para que la investigación de su caso, que permanece en la justicia militar, se traslade al ámbito civil.

En entrevista desde la capital estadounidense, Valentina –quien junto con Inés Fernández Ortega ha buscado justicia a la agresión sexual por parte de militares que vivió hace nueve años– relató que “aunque le avisaron del viaje a última hora”, no importó, porque haría todo lo necesario para que se castigue a los responsables de su agresión.

El 1 de octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas, sin embargo el reto que ahora enfrentan es vigilar que se cumplan estas resoluciones, que entre otras cosas, ordenan al Estado mexicano a conducir las investigaciones en el fuero civil.

Con la esperanza de que su visita tuviera algún resultado Valentina dijo: “Vine acá buscando justicia. He tenido reuniones con el Congreso y con el Departamento de Estado. La verdad me tomaron en cuenta y se sintieron sorprendidos por todo lo que he pasado y lo que pasa en México”.

Acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quien conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) litigó el caso ante el sistema interamericano, y por The Washington Office on Latin America (WOLA), organización que impulsa políticas de Derechos Humanos en Estados Unidos y en el extranjero, Valentina fue clara en su petición: “Que el gobierno pase mi caso a la justicia civil, por eso vine para acá, para que esto se logre”.

Por su parte, Maureen Meyer, representante para México y América Central de WOLA, en entrevista, afirmó que a cuatro meses de la publicación de ambas resoluciones de la Corte Interamericana “es un buen momento para evaluar qué está pasando con las sentencias”.

Explicó que el caso de Valentina es un claro ejemplo de la violencia contra las mujeres, por ello considera que el gobierno estadounidense debe pronunciarse, toda vez que el respeto a los Derechos Humanos es una de las condiciones de la Iniciativa Mérida. En 2007, en el contexto de “la lucha” contra la delincuencia organizada, México y Estados Unidos anunciaron la Iniciativa Mérida como un convenio de colaboración que consistiría en un paquete de medidas de asistencia en seguridad que incluía un fondo por mil 500 millones de dólares que el país vecino entregaría al gobierno mexicano.

De acuerdo con Maureen Meyer, desde el comienzo, el Congreso estadounidense reconoció la importancia de asegurar que las iniciativas de seguridad pública respetaran los Derechos Humanos, por lo cual retuvo el 15 por ciento de estos fondos hasta que México demostrará haber cumplido con cuatro requisitos.

Para que Estados Unidos entregue este 15 por ciento, es necesario que el gobierno mexicano garantice que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en tribunales civiles, así como no utilizar la tortura como medio para obtener confesiones, mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las policías y consultar a las organizaciones civiles sobre las acciones implementadas.

El objetivo de la visita de Valentina a Washington es que los asesores del Congreso y del Departamento de Estado conozcan un caso emblemático de violencia sexual ejercida por militares que ha implicado “la inacción del Estado mexicano; y riesgos y amenazas para ella”.

En opinión de Meyer, los casos de Inés y Valentina son importantes porque fueron juzgados por la Corte Interamericana, aunque lo que ahora está pendiente es el cumplimiento de las sentencias. “La presión debe ir más allá de la retensión de fondos, siempre ha existido la presión política y el pronunciamiento de los congresistas”, afirmó Meyer, quien apuesta a la acción política.

Lo que las organizaciones civiles quieren –asegura la representante de WOLA– es que el respeto a los Derechos Humanos en México y Estados Unidos se mantenga como una prioridad, y en el caso específico de Inés y Valentina, que a la brevedad, sus casos se turnen a la jurisdicción civil.

Pese a esta demanda Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, insistió en entrevista con Cimacnoticias, que las investigaciones de los casos de Inés y Valentina deben conducirse en el fuero militar y no en el civil.

Aunque el 1 de octubre del año pasado la Segob informó que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos, el 29 de diciembre de 2010 pidió a la Corte Interamericana una interpretación de la sentencia.

López Reyna explicó que no quedó claro si ambas investigaciones deberían se conducidas en el fuero ordinario y por la Procuraduría General de la República, por lo cual “México hizo la solicitud de decir ‘aclárame en qué sentido me estás sentenciando, en el término de las investigaciones o en el término del procedimiento judicial’”.

Ante este panorama, Agustín Martín, abogado de Cejil, dijo en entrevista desde Costa Rica, que en el fondo lo que cuestiona el Estado mexicano es la sentencia, no obstante ésta debe cumplirse.

Mientras esto sucedía en Estados Unidos, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” expuso a la Comisión Europea y a relatores especiales de la ONU las resoluciones de la Corte Interamericana de llevar a cabo una profunda reforma de la justicia militar y de adecuar la legislación en materia de jurisprudencia militar a los estándares internacionales.