Van por la invalidez
LILIA ARELLANO *
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo: Albert Einstein
Andrés Manuel López Obrador presentó la noche del jueves ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la solicitud de juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial del pasado 1 de julio, sustentada en graves violaciones al Artículo 41 de la Constitución, que garantiza la equidad y libertad en las elecciones. El candidato de las izquierdas denunció la coordinada operación para imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de México, a través de una estrategia mediática, como un producto introducido al mercado para hacerlo figura nacional. También manifestó su indignación por el uso de las necesidades de la población y sostuvo tener pruebas de la compra de cinco millones de votos. Detalló que tan sólo en el Estado de México, Chiapas y Veracruz, se registró la compra de 2 millones de sufragios. El tabasqueño llamó a todos los mexicanos a no permitir que se violente impunemente la Constitución y se cancele, en los hechos, la vía democrática.
El abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) detalló la confabulación en su contra: el 6 de mayo el primer debate no se transmitió por los canales de mayor audiencia, aún así millones de mexicanos se percataron que Peña Nieto perdió el debate. El 11 de mayo, el candidato priísta asistió a la Universidad Iberoamericana, en donde los estudiantes lo encararon y su autoritaria respuesta dio lugar al movimiento “#YoSoy132”. El 31 de mayo se dio a conocer una encuesta en la que la diferencia entre el priísta y AMLO era apenas de 4 puntos. El 4 de junio, un sondeo del Movimiento Progresista daba como resultado dos puntos de ventaja para López Obrador. Ante la caída de Peña Nieto, inició la “guerra sucia”. Vicente Fox apoyó su postulación y llamó a votar a los panistas por el mexiquense. El 12 de junio los gobernadores priístas se reunieron con su candidato y se comprometieron a conseguir votos a su favor, utilizando los recursos de los presupuestos públicos. El voto se compró con dinero en efectivo de procedencia ilícita, tarjetas para obtención de mercancías, despensas, materiales para construcción, fertilizantes y otras dádivas.
Millones de pesos se gastaron en publicidad, en encuestas a modo, en el pago a quienes apoyaron directa e indirectamente este plan. El operativo se llevo antes y durante la elección. Por eso, López Obrador recalcó que el sesgo que significa la compra y manipulación de millones de sufragios no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto.
A su vez, Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de AMLO, confirmó que presentan el juicio de inconformidad ante el IFE “bajo protesta” por las irregularidades suscitadas durante los comicios y que el propio instituto electoral y la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) no han podido resolver. También anunció que dicho recurso puede ser firmado por todo aquel ciudadano que lo desee, para lo cual se abrirán opciones para que la gente se exprese a través de Internet y se recorrerán plazas para que puedan sumar su inconformidad.
El político zacatecano subrayó que en el 50 por ciento de las casillas no hubo inconsistencias, en un 19 por ciento hubo irregularidades pero fueron recontados los votos y en un 31 por ciento aún se mantienen las anomalías, más de las que señala la ley para la anulación de los comicios. Al cierre de estas líneas, en el Instituto Federal Electoral (IFE), los consejeros recibían de la coalición Movimiento Progresista un expediente de más de 600 cuartillas, decenas de videos, miles de tarjetas de recompensas y monederos electrónicos, que sustentan su juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio por violaciones graves a los principios constitucionales en materia electoral.
En dicho expediente se documenta múltiples irregularidades vinculadas a la compra y coacción del voto; rebase de gastos de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos; erogaciones ilegales de gobiernos estatales emanados del PRI; inequidad en los medios de comunicación y proliferación de encuestas manipuladas, entre otros causales. La función de los consejeros electorales será sólo recibir los documentos, integrar un informe circunstanciado y remitirlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que calificará la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre próximo, y cuyas decisiones son definitivas e inapelables.
La coalición PRD-PT-MC interpone impugnaciones en prácticamente los 300 distritos electorales para lograr la anulación del mayor número posible de casillas, a fin de apuntalar su demanda de anulación de los comicios. Para eso, deberán demostrar irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas. El Movimiento Progresista presentará también carpetas por cada entidad federativa en la que intervinieron mandatarios del PRI para favorecer a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. Un punto clave de su alegato se centra en el rebase del límite de gastos para la contienda presidencial que fue de 336 millones de pesos. Según la documentación de la coalición de izquierda, en tan sólo un rubro, publicidad, Peña Nieto gastó 409 millones de pesos por espectaculares, vallas, anuncios en el Metro, bardas, eventos deportivos y pantallas fijas; en transporte aéreo gastó casi 100 millones de pesos, en el pago con tarjetas Monex, 36 millones de pesos para 300 delegados distritales, 19 mil 490 representantes generales y 143 mil 151 representantes de casillas. Sobresale también la entrega de despensas de la cadena Soriana y la distribución de 4 millones de tarjetas telefónicas prepagadas con montos de 50, 100 y 200 pesos, entre otros.
De comprobarse estas irregularidades, la sanción es la pérdida del registro del candidato y de los partidos que lo postularon, según Camerino Márquez, representante jurídico de la coalición. Ricardo Monreal, por su parte, señaló que sería muy grave que los magistrados del TEPJF se conformaran con ordenar una sanción económica, porque entonces “serían responsables de lo que suceda en el país”.
PEDRO JOAQUIN ARREMETE CONTRA AMLO
El presidente del CEN del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, se lanzó de inmediato contra la postura manifestada por Andrés Manuel López Obrador de solicitar la invalidez de la elección presidencial a los órganos electorales, al señalar que falta a un principio fundamental de la democracia, que es reconocer los resultados electorales, aún en la adversidad. También confirmó que su partido acudirá al TEPJF a defender la legalidad del proceso, el triunfo “legitimo” de su candidato, y el valor del voto de los 50 millones de mexicanos que ejercieron el sufragio. Argumentó que el tabasqueño “pasa por alto el monitoreo del IFE respecto a la cobertura de los candidatos en radio y televisión”, así como la reforma electoral del 2007 y 2008, impulsada por los propios legisladores perredistas.
Así, la elección presidencial se definirá nuevamente en los tribunales y no en las urnas. Cero avance democrático en México.
MISMA ESTRATEGIA, MISMOS RESULTADOS
Los ciudadanos estadounidense decidirán en noviembre próximo si reeligen al presidente Barack Obama o si en cambio escogen a su rival republicano Mitt Romney. La decisión que tomen poco o nada habrá de afectar la posición del gobierno estadounidense en relación con la guerra al narcotráfico en territorio mexicano que ha dejado al menos 60 mil muertos en lo que va de la administración de Felipe Calderón. La estrategia seguida por el actual inquilino de Los Pinos privilegió la eliminación de capos y apostó por el despliegue del Ejército y la Marina, para combatir y enfrentar a los cárteles de la droga, lo cual ha sido “ineficaz”, al mismo tiempo que se descuidaba la protección de la sociedad mexicana y aumentaban los niveles de violencia, detonada por las propias tácticas de las fuerzas armadas oficiales. Este mismo camino habrá de seguirse en los próximo cuatro años del nuevo gobierno de Estados Unidos, independientemente de quien ocupe la Casa Blanca o quien llegue finalmente a la residencia oficial de Los Pinos.
Lo cierto es que el enfoque en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en México, que apuesta por la represión y la aplicación de leyes cada vez más duras para desaparecer las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, se seguirá manteniendo en los próximos años, a pesar de que durante más de 40 años este enfoque y las estrategia seguidas no han logrado reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y Centroamérica, la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representa una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad económica. Sin importar si un demócrata o un republicano ocupa la Casa Blanca, Washington se ha opuesto desde al menos hace cuatro décadas a cambiar de paradigma en el combate a los grupos del narcotráfico. De nada han servido los esfuerzos de ex presidentes latinoamericanos como Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia o Ernesto Zedillo de México, o de actuales mandatarios como el colombiano Juan Manuel Santos, el guatemalteco Otto Pérez Molina o la costarricense Laura Chinchilla, quienes en los últimos años han empujado la opción de regular la droga, creando las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y limites a la comercialización, propaganda y consumo de estupefacientes, sin legalizarlo.
A pesar de lo anterior, la misma estrategia seguirá en México y Centroamérica y América del Sur. No importa que haya una creciente consciencia de que este modelo no funciona. De que cada vez menos gente lo acepta, y de que los ciudadanos latinoamericanos están conscientes de que cualquier alternativa sí implica algún tipo de despenalización o regulación. Nada de eso es tomado en cuenta en las conclusiones de un informe elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que recomienda robustecer la cooperación y alianza con el próximo gobierno mexicano “para reducir los altos niveles de violencia”. El reporte producto de una extensa serie de entrevistas con ciudadanos y organizaciones no gubernamentales en México, destaca el hartazgo de la población mexicana con los actuales índices de violencia, las decenas de miles de muertos y los desaparecidos, y advierte que la próxima administración federal mexicana enfrentará “una inmensa presión pública” para resolver de forma inmediata los problemas de violencia e inseguridad que dejará el gobierno de Felipe Calderón a su sucesor.
El informe considera que “el despliegue de militares ordenado por el Presidente Felipe Calderón hace más de cinco años ha tenido un éxito limitado y es acusado de violaciones a derechos humanos, el acento debe estar en mejorar las policías para que retomen el control de la seguridad interna”. El documento elaborado bajo la supervisión del presidente del Comité de Relaciones Exteriores , el demócrata John Kerry, resalta que los mexicanos desconfían de los medios empleados por las autoridades federales y estatales, y por sus cuerpos policiales y judiciales, para combatir el crimen organizado, dado el alto nivel de ineficiencia y de corrupción que subsiste. Señala que “hay una percepción generalizada entre los mexicanos de que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos debería concentrar sus esfuerzos no sólo en confrontar al crimen organizado, sino también en abatir los altos e inaceptables índices de violencia”.
Tras hacer severos señalamientos contra la ineficacia de la actual estrategia, advierte que el gobierno de Estados Unidos debería concentrar sus esfuerzos en apoyar la “continuidad de la cooperación” con el próximo gobierno federal. También recomienda sacar adelante las reformas pendientes en los ámbitos de la justicia y la policía, entre ellas la continuidad del apoyo al esquema de cooperación de la Iniciativa Mérida con un inversión anual de 250 millones de dólares en los próximos cuatro años. La mayoría demócrata del Senado propuso entregar a México esos mil millones de dólares para colaborar con la reforma judicial y la depuración de los policías, temas clave, a su juicio, en al lucha contra los cárteles de la droga.
De acuerdo con los datos con los que cuentan los senadores estadounidenses, el Congreso de ese país ha asignado en 2008 mil 900 millones de dólares para la Iniciativa Mérida de lucha contra el crimen organizado en México, de los cuales hasta el momento se han entregado mil millones. Dentro de las recomendaciones que hace el reporte destacan el apoyo de Estados Unidos en las labores de entrenamiento y profesionalización de las fuerzas policiales, con un énfasis particular en el tema de los derechos humanos y en la rendición de cuentas por temas vinculados a la corrupción y a la violación de los derechos humanos. Es decir, más de lo mismo.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, reiteró la disposición de Estados Unidos a cooperar con el próximo gobierno federal de México y se mostró abierta a revisar la orientación de la Iniciativa Mérida. “La idea de que alguien quiera revisar la estrategia no solamente es predecible sino saludable”, dijo la funcionaria. No obstante dicha revisión no habrá de pasar de ajustar la estrategia a las nuevas circunstancias que se derivarán de los cambios de gobierno en México y posiblemente también en Estados Unidos, pero que mantendrán en el fondo el mismo modelo aplicado en América contra el tráfico y producción de estupefacientes que no ha dado resultados y a detonado la violencia en México y Centroamérica, pero que ha mantenido el abasto y el mercado controlado para los millones de adictos estadounidenses.
DE LOS PASILLOS
En el Senado de la República, legisladores del PRI, PAN y PRD reprobaron la decisión de la administración de Felipe Calderón de suscribir el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA), y advirtieron que es un error gravísimo porque contradice las garantías individuales de los ciudadanos, razón por la que no debería ser ratificada por la próximo legislatura. El priísta Manlio Fabio Beltrones lamentó que hayan sido desoídas las conclusiones del grupo plural de la Cámara Alta, que se oponían a la firma del tratado. Su compañero de bancada, Eloy Cantú, reiteró que el ACTA es un acuerdo que violenta las garantías individuales establecidas en la Constitución y recordó que el Parlamento Europeo rechazó la suscripción de dicho acuerdo con argumentos similares. El perredista Alejandro Encinas resaltó que “será nuestra responsabilidad el no permitir que se apruebe un tratado como ACTA, que no es la vía para la innovación y la libertad”.
Parte de guerra: son siete los cadáveres encontrados decapitados al interior de un vehículo abandonado en el municipio de Jojutla, Morelos, confirmó la Procuraduría de Justicia de Morelos… Tras participar en una riña, un interno del penal del Topo Chico murió, informaron autoridades del centro penitenciario… Un comando armado baleó las instalaciones de la Vicefiscalía Región Laguna Uno de Durango, en el municipio de Lerdo. No se reportaron personas lesionadas o muertas, sólo crisis nerviosas… En un establecimiento ubicado en el interior del centro comercial Plaza del Ángel, en la Zona Rosa de la ciudad de México, varios sujetos se enfrentaron con armas de fuego. Al menos dos personas resultaron lesionadas… En Tijuana, Baja California, un túnel incompleto, de al menos 200 metros, para traficar drogas a Estados Unidos, fue localizado por personal de Inmigración y Aduanas… Al menos tres personas relacionadas con la construcción de un sofisticado túnel transfronterizo construido para el contrabando de drogas entre Sonora y Arizona, fueron detenidas por autoridades estadounidenses…. Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República, informó que desecharon la acusación en contra del general de división en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, que lo responsabilizaba de haber promovido acciones de venta de drogas en el Colegio Militar cuando fue director del instituto. No obstante, la funcionaria aclaró que las pesquisas contra el militar continúan en lo referente a la indagatoria en la que se le imputa haber recibido dinero del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
* Periodista
