En tribunales decidirán la Presidencia
LILIA ARELLANO *
La verdad, sino es entera, se convierte en aliada de lo falso: Javier Sábada
Dotar de legitimidad al próximo gobierno federal no es un problema aritmético y no se resolverá con el recuento de los votos el cual, visto esta, no modifica significativamente los resultados arrojados por el PREP del IFE. Es una cuestión de carácter jurídica y ética más compleja porque no hay ninguna duda de que el pasado proceso electoral no fue limpio, que estuvo plagado de irregularidades y de flagrantes violaciones a la legislación vigente en la materia, entre las que destacaron la compra y coacción del voto y el cínico despilfarro de recursos presupuestales por parte de los partidos políticos y, sin duda alguna, es ahí donde pueden ubicarse los votos de diferencia entre el presunto ganador Enrique Peña Nieto y el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Para muestra está el talón de compra de la tienda Soriana en el que pese a todo lo que han dicho tanto los del tricolor como la empresa se lee claramente: BENEFICIOS PRI. Según datos recabados, la suma pagada a esta cadena alcanzó los mil millones de pesos. En esto tendría que, incluso, investigar Hacienda tanto el pago, la procedencia de los recursos y lo que corresponde al pago de impuestos correspondiente entre los que se encuentra, como en todas las expediciones de estos documentos, el IVA de rigor.
No sólo el equipo de campaña del candidato de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano ha documentado las irregularidades y violaciones a la legislación electoral, sino también los dirigentes de Acción Nacional y su candidata Josefina Vázquez Mota han denunciado las circunstancias de “inequidad” que se dieron antes y durante la campaña electoral que tuvieron un “efecto determinante” en el resultado de la elección presidencial del domingo pasado y que obstaculizaron una competencia genuina y plenamente democrática. Tanto panistas como los partidos de izquierda han señalado una y otra vez y denunciado ante el IFE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el financiamiento extra legal público y privado en las campañas electorales y las violaciones a los topes de campaña, sin que hasta el momento haya sucedido nada.
La lucha legal apenas ha iniciado: el Movimiento Progresista ya anunció que presentará una “impugnación genérica” para pedir la nulidad del proceso de elección de Presidente de la República. El representante del PRD en el IFE, Camerino Márquez, detalló que la impugnación se presentará la semana próxima, con la documentación de todas las quejas e irregularidades que se fueron presentando antes y durante la campaña electoral, y el día de los comicios, entre los que destacan los contratos de propaganda de Enrique Peña Nieto, los recursos públicos y privados que tuvieron dudosa procedencia y las desviaciones de presupuestos estatales con la intervención de gobernadores. “Ese conjunto de irregularidades las tendrá que valorar la autoridad judicial, estamos juntando los elementos jurídicos para que proceda la causal de nulidad”, dijo. El equipo jurídico de López Obrador reúne los elementos para que proceda dicha causal, con lo que inicia la etapa de impugnación del proceso, luego de que el próximo domingo se den a conocer las cifras oficiales del cómputo distrital.
Andrés Manuel López Obrador y sus millones de simpatizantes y seguidores, sin duda alguna darán seguimiento a sus demandas y denuncias y es muy posible que se llegue hasta la resistencia civil ante la negligencia de los consejeros electorales del IFE y la parcialidad mostrada por los magistrados del TEPJF. De quien se duda que siga adelante con sus denuncias es de los panistas encabezados por Felipe Calderón y Gustavo Madero, ante la actitud disciplinada que ha adoptado Josefina Vázquez Mota quien ahora se dice dispuesta a encabezar un movimiento civil y a colaborar con el próximo gobierno federal para sacar adelante las reformas estructurales que no le dio tiempo aprobar al Congreso en el régimen calderonista.
Llama la atención la posición bipolar de la Vázquez Mota, pues por un lado manifiesta su disposición de colaborar con el nuevo gobierno federal que presuntamente encabezará Enrique Peña Nieto para sacar adelante en el Congreso las reformas estructurales, laboral y política, y por otro pone en tela de juicio la legitimidad del triunfo del priísta al demandar a la autoridad electoral que revise los gastos de campaña, que a su juicio evidentemente fueron rebasados en su tope y además se utilizaron para la compra del voto y la coacción de electores. La panista subraya que “aunque el resultado de las elecciones no se altere, debe sancionarse, porque no se debe permitir que el uso de recursos excesivo no sea castigado”.
Sostuvo que “dadas las condiciones en las que esta campaña se desarrolló, el nuevo gobierno sólo adquirirá plena legitimidad si muestra disposición a hacer una reforma política profunda”. Planteó la necesidad de una nueva reforma electoral que considere la forma de interactuación de la política con los medios informativos, así como el financiamiento extralegal público y privado de las campañas. Puso énfasis en poner “sanciones severas” a quienes violen los gastos de campaña y aseguró que la legitimidad que deriva de las urnas se pierde cuando se ha violado la ley para alcanzar un propósito electoral.
Pero no sólo los partidos políticos opositores al PRI manifiestan esa posición, sino también diversas organizaciones civiles. Tan sólo la Comisión de Vigilancia Ciudadana del movimiento #YoSoy132 reportó que hasta el pasado 3 de julio se habían sistematizado mil cien casos de irregularidades y presuntos delitos electorales cometidos durante el proceso electoral del domingo pasado. Los estudiantes universitarios aseguraron que cuentan con sustento jurídico, fotográfico y de videos en los que se puede constatar la compra de votos y credenciales electorales, pero también la intimidación y hostigamiento contra observadores y ciudadanos que denunciaron actos presuntamente ilícitos para la cooptación y coacción del sufragio. Sostienen que cuentan con un expediente en el que se integran 635 casos de reportes ciudadanos, de los cuales más de la mitad están relacionados con la compra de votos y credenciales, 131 con irregularidades en casillas, 123 por violación a la veda electoral y 56 más entre diversas acciones ilícitas.
A pesar del recuento del IFE en los consejos distritales, la actividad política del movimiento juvenil seguirá incrementándose y ya anunciaron que los días 14 y 15 de julio realizarán una convención nacional en San Salvador Atenco. Antes, los días 6, 7 y 8 de julio realizarán reuniones en Yecapixtla, Morelos, y una asamblea general el día 12 del mismo mes. Los estudiantes informaron que han recibido más de mil 100 reportes ciudadanos de irregularidades en la elección, pero hasta el momento sólo han podido procesar los que les llegaron hasta el martes que son 635.
Las quejas recabadas y sistematizadas que en su mayoría señalan como responsables de las irregularidades al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus operadores electorales serán entregadas a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Federal Electoral (IFE). Las denuncias de #YoSoy132 no sólo se han hecho en territorio nacional sino también en Europa. En Madrid, unos 30 integrantes de este movimiento estudiantil denunciaron frente a la Embajada de México la “serie de irregularidades” que se cometieron durante las elecciones del domingo pasado y que, sostienen, “favorecieron” al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Ahí su portavoz, Erik Guerrero, señaló que “nuestro movimiento estima que no existen las condiciones para que el triunfo del candidato del PRI tenga carácter de legitimidad. Creemos que es importante que estas condiciones democráticas estén dadas y no lo estaban, ni antes ni ahora”.
También del exterior se espera una ofensiva contra los resultados del proceso electoral en México. El colectivo Anonymous anunció en un video que realizará una operación en protesta por dicha elección denominado #OPAFPN (Anti Fraude Peña Nieto), a través de la cual estos hackers amenazan con revelar nombres de funcionarios que gastaron cantidades multimillonarias en promover la candidatura del candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto. En forma directa, acusó a Carlos Armando Biebrich, diputado priísta y representante en el IFE, de dar grandes cantidades de dinero a la campaña del mexiquense. También se acusa al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, de hacer caso omiso de los reportes de anomalías y fraudes, antes, durante y después de las elecciones, por lo que, según el colectivo, habría recibido cerca de cien millones de peso por parte del PRI.
De ser cierta la acusación y de comprobarse fehacientemente podría explicar las declaraciones de Valdés Zurita en el sentido de que “no hay razón” para desconocer el resultado de la votación que arrojen los cómputos distritales, y que hacer esto sería asumir una actitud fuera del marco legal. Agregó que no validar el resultado del proceso electoral sería desconocer el esfuerzo de los casi 50 millones de votantes y de las miles de personas que colaboraron para que los comicios se desarrollaran con normalidad.
Frente al alud de denuncias por las irregularidades antes y durante el proceso electoral, los priístas y verde ecologistas ya pusieron en marcha un operativo para hacerles frente. Así, cinco organizaciones que participaron como observadores electorales salieron al paso para señalar que pese a que detectaron irregularidades como la compra de votos, “no ameritan la nulidad de la elección”. Representantes de las organizaciones Fundación Movimiento por la Certidumbre (Moce), la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana, la Asociación Nacional Cívica Femenina y el Movimiento Ciudadanía del Futuro, tuvieron el cinismo de sostener en un comunicado que casos como el de las tarjetas de Soriana que se entregaron a cambio de votos por el PRI “no fueron determinantes” en el resultado electoral. Con desfachatez justificaron que “esas son prácticas que se hacen en todas las elecciones y por todos los partidos. Son incidentes que consideramos menores, pero de ninguna manera consideramos que puedan cambiar la elección”. Mantener esta defensa con los datos que van acumulándose en otras tiendas como Aurrera, resultará una ofensa.
Sobre esa denuncia, también cabe subrayar la justificación que no llegó a explicación que dio el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien señaló que desde marzo a la fecha, su administración ha entregado más de 170 mil monederos electrónicos de la tienda Soriana a estudiantes mexiquenses, mediante el programa 10 Acciones por la Educación, con la finalidad “de reconocer y estimular” a los alumnos de primaria y secundaria que forman parte de las escoltas o bandas de guerra”. Rechazó que estas tarjetas tengan algún vínculo con cualquier partido. Esta información habrá de ser investigada por la Fepade a fin de establecer el mecanismo que se utilizó para desviar los recursos de un programa de carácter educativo a una campaña electoral federal, a fin de dar con los responsables y sancionarlos. Sobre todo porque no hay registro de los tumultos en fechas anteriores al dos de julio.
Con todo, el Movimiento Progresista presentó este jueves alrededor de 3 mil 500 tarjetas de pago de la tienda Soriana con las que presuntamente compró el voto a favor del PRI. Ricardo Monreal, coordinador de campaña de AMLO, aseguró que dichas tarjetas fueron entregadas por personas que se arrepintieron de su uso por el daño que le causaban al proceso electoral.
RECUENTO TOTAL
Al cierre de estas líneas el cómputo de la elección presidencial continuaba. Los últimos datos reportados con el 98.19 por ciento de las casillas computadas, señalaban que Enrique Peña Nieto tenía una diferencia de 147 mil 882 votos con respecto a lo otorgado por el PREP, con 98.95 de las actas capturadas. El priísta registraba, de acuerdo con el Sistema de Cómputos Distritales del IFE, a su favor 18 millones 875 mil 280 votos contra los 18 millones 727 mil 398 que señalaba el PREP antes del recuento. Andrés Manuel López Obrador sumaba 18 mil 357 votos con respecto a la cifra que marcaba el PREP y la panista Josefina Vázquez Mota sumaba 88 mil 65 votos a su favor, faltando por computar el 1.81 por ciento de la votación. O sea que la diferencia en relación a los votos para la izquierda es mínima y la del mayor daño en el conteo fue la Vázquez Mota.
Por eso no extraña que con absoluta seguridad Pedro Joaquín Coldwell, el dirigente nacional del PRI, se manifestó dispuesto a ir a un recuento total de la elección presidencial, pero sólo si quienes están inconformes –Andrés Manuel López Obrador, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, y organizaciones civiles- lo solicitan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que de presentarse el caso, el PRI “allanará” para que se realice, porque su partido es el más interesado para darle certeza y transparencia al resultado de la elección.
Por su parte, Enrique Peña Nieto negó las acusaciones de que se pagaron votos con tarjetas prepagadas de una tienda de autoservicio en México y dijo que los videos que circulan en las redes sociales con testimonios que afirman haber recibido ese monedero electrónico pudieran haber sido prefabricados por sus adversarios políticos. Durante una entrevista con la BBC Mundo, el priísta dijo que su triunfo fue legitimo, que se dio en las urnas y lamentó que Andrés Manuel López Obrador se niegue a aceptar su victoria.
Peña Nieto también reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y confirmó que el ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, “se desempeñará como asesor en una serie de iniciativas para combatir la delincuencia, para reforzar la estrategia de seguridad de México y mejorar la cooperación internacional”. Dijo que ante la muerte de 60 mil mexicanos en los últimos seis años, las críticas considerables de defensores de derechos humanaos y los cuestionables avances en la detención del flujo de drogas, “reexaminaremos todas nuestras políticas”.
DE OTROS PROCESOS
En otros procesos, el que se vivió en Quintana Roo es revelador del apoyo que se brinda tanto al partido como a sus candidatos cuando la buena selección se impone. También dejó en claro que no pueden seguirse utilizando las estructuras que durante años han llevado al tricolor a la derrota como es el caso de Benito Juárez, Cancún. Se impuso, y no parece que habrá ningún cambio en el reconteo de las boletas para el Senado, la cantidad de sufragios emitidos a favor del ex gobernador Félix Arturo González Canto, que no de Jorge Emilio González quien encabezaba la fórmula y al que por lo tanto le atribuyen en el centro del país un inmerecido triunfo.
Sin duda que la presencia de Quintana Roo en el Congreso de la Unión por primera vez va a sentirse, estará presente y actuante porque González Canto no sabe estar quieto, no conoce la inmovilidad. Es muy claro que la Entidad recibirá mayores beneficios económicos en el momento de los presupuestos y ello redundará en el cumplimiento de muchas de las promesas de campaña no solo realizadas por los nuevos legisladores sino por el gobierno estatal. Roberto Borge ha mostrado su satisfacción por el resultado electoral y la madurez para caminar al lado de quienes, con el mando o con la posición legislativa no militan en su mismo partido.
Aunque habrá que estar muy atentos a que toda esta conveniencia no se venga abajo. Será necesario que la representante de la primera minoría cambie no solo su aspecto sino la forma de conducción de su vida personal. Ya en el edificio senatorial no es bien visto el vestido con profundos escotes, ni transparente, ni con la falda cortada mostrando más de media pierna. Tampoco el exceso en el maquillaje. Eso pertenece a los tiempos de la “tigresa” a quien, por cierto, se le disculpaban sus excesos dada su extracción. Habrá que aprovechar hasta lo último esta oportunidad que tiene Quintana Roo de resaltar con su representación que alcanza un número no visto desde su conversión a Estado libre y soberano. Por lo que respecta a las diputaciones, este día concluye el conteo y no queda duda de que recibirán su constancia de mayoría: Roman Quian, Raymundo King y Graciela Saldaña.
DE LOS PASILLOS
Con el veto a la Ley General de Víctimas, “el presidente Felipe Calderón está faltando a su palabra y un hombre que falta a su palabra no vale nada”, sostuvo el poeta Javier Sicilia. En una conferencia de prensa aseguró que el inquilino de Los Pinos no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral para no afectar los intereses políticos del Partido Acción Nacional… En Saltillo, Coahuila, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y militares dejó un saldo de cuatro criminales muertos y tres militares heridos. Los hechos ocurrieron en el cruce de Luis Echeverría y Bulevar Miguel Hidalgo, cuando los sujetos atacaron a los soldados quienes realizaban labores de patrullaje en la zona… En una excesiva operación policiaca, la conocida periodista Sanjuana Martínez fue detenida en su domicilio por elementos de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, sin que hasta el cierre de estas líneas se conozca su paradero. El arresto se produjo luego de una orden de aprehensión girada por la juez Luz María Guerrero Delgado, del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro Garza García, producto de un “juicio de convivencia” con su ex marido, quien interpuso una demanda ante el juez español Carlos Castresana Fernández para obtener la custodia de sus hijos luego de un proceso de divorcio… Un juez federal ordenó el arraigo por 40 días más del empresario Napoleón Rodríguez de la Garza y Zonia de Pau García, quienes son investigados por la PGR por presuntamente “lavar” dinero para los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.
* Periodista
