Democracia y Derechos Humanos: nuestra única salida
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Hoy en día es evidente que al no haberse consolidado una verdadera transición democrática en México, tenemos muchas asignaturas pendientes. Hasta la fecha, no hemos conseguido abatir la desigualdad y la pobreza; tampoco reactivar la economía, ni detener la violencia desatada y la corrupción e impunidad que la generan. Por esta razón, aunque sea un camino largo y lleno de dificultades, debemos seguir luchando por la construcción de una nación integradora, donde exista un entorno social en el cual impere la legalidad, la justicia social y la libertad.
Asimismo, tenemos que insistir en el fortalecimiento de los procesos institucionales que doten al Estado de un carácter firmemente democrático, como fuente de respeto a los derechos individuales y eje de cohesión para una sociedad incluyente. Es evidente que necesitamos vincular de manera efectiva a la política con la sociedad y convertirla en su instrumento; con la base de la soberanía popular como garantía de la autonomía pública de las ciudadanas y los ciudadanos. El desarrollo democrático forzosamente tiene que sustentarse en una amplia participación ciudadana, pero no sólo en los procesos electorales; sino a partir de una efectiva rendición de cuentas, de la transparencia institucional, la legalidad y la justicia social. Razón por la que no podemos permitir que prosperen las inercias regresivas y autoritarias que permanecen vivas y amenazan a nuestro sistema político.
Uno de los pasos a seguir para lograr estos objetivos, radica en el enriquecimiento de nuestros marcos jurídicos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas; sólo así podremos hacer válidos los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, ambientales y culturales de la población. Tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos”.
Desgraciadamente, hasta ahora, la cultura y la práctica de los derechos humanos coexisten con prácticas formales que permiten la explotación, la arbitrariedad, la violencia y la intolerancia, a pesar de que los derechos humanos representan un patrimonio universal. No obstante, en nuestro país no abarcan a todas las personas: su naturaleza cultural y política es todavía débil frente a los grupos de poder (legales e ilegales), porque las instituciones que los defienden no cuentan con la fuerza para llevar a cuentas a quienes los socavan.
De ahí que resulte fundamental dar continuidad al proceso legislativo en materia de derechos humanos; en particular, la serie de reformas que representan una herramienta para fortalecerlos. Entre ellas, podemos mencionar las más recientes; en abril pasado el Senado de la República aprobó dos ordenamientos de suma importancia: la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos y la Ley General de Víctimas. Ambas leyes se suman a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ésta última también aprobada el presente año.
Estos avances forman parte de un mismo paquete jurídico dirigido a fortalecer las garantías constitucionales de los individuos, conforme lo establecido en Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en materia de Derechos Humanos. En esta misma línea, pero a nivel estatal, los legisladores locales aprobamos en el mes de marzo la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, también ratificamos la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Zacatecas. Así mismo, la semana pasada un servidor presentó la Ley de Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada para el Estado de Zacatecas.
Desafortunadamente, la crisis económica, la pobreza y la violencia rampante han propiciado la extensión de una lógica de mano dura, el incremento de violaciones a los derechos humanos y la aparición de tentaciones autoritarias en México. Ante ello, debemos seguir trabajando en Zacatecas, de la mano con el pueblo, para no dar marcha atrás a las conquistas cívicas y democráticas que tantos sacrificios han costado.
Para concluir, lamentamos el sentido del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de declarar la constitucionalidad de diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que le impide tener acceso a las averiguaciones previas en curso que lleva la Procuraduría General de la República (PGR). Según el Ombudsman nacional, los artículos que avaló la Suprema Corte “limitan el derecho a la información y el acceso a la información pública e impactan negativamente en la labor de la CNDH para proteger los derechos humanos”. Ojalá se revise…
