Presentan Iniciativa de Reforma Integral al Código Penal
Zacatecas, Zac.- El gobernador Miguel Alonso Reyes presentó la iniciativa de reforma integral al Código Penal del Estado de Zacatecas, que envió a la LX Legislatura local y adecua la ley a la realidad social actual, para responder más efectivamente a las necesidades de la población.
“Necesitamos reformar las leyes del Estado para avanzar en la construcción del Zacatecas Seguro y Justo que nos hemos propuesto”, aseguró ante representantes de medios de comunicación y funcionarios estatales, integrantes del sistema de justicia en la entidad.
El jefe del Poder Ejecutivo Estatal argumentó que la realidad de Zacatecas y de México ha sufrido una transformación que obliga a tomar medidas, tanto administrativas como legislativas, en materia de impartición de justicia.
Cabe destacar que el Código Penal que está vigente en la entidad fue publicado el 16 de julio 1986, de ahí que se propongan reformas a más de 150 artículos.
Dicha actualización es producto del esfuerzo conjunto de análisis en que participaron representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la Procuraduría General de la República (PGR), la Coordinación General Jurídica, el Instituto de las Mujeres Zacatecanas (Inmuza).
Asimismo, el Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas (IEMAZ), la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de colegios y asociaciones de abogados y doctores en Derecho, así como de organismos defensores de derechos humanos y de las mujeres.
Tiene cuatro propósitos fundamentales: homologar la terminología con el contexto que utiliza el nuevo Sistema de Justicia Penal; incrementar penalidades en delitos recurrentes, alineándolas con las que se contemplan en la legislación del resto del país.
Además, adicionar tipos penales no contemplados actualmente en la entidad; y derogar tipos penales cuyo bien jurídico está protegido en la legislación civil, familiar o por leyes generales recientemente aprobadas.
Una prioridad de mi Gobierno –agregó Alonso Reyes- es contribuir a la armonía, justicia y paz de todas las familias zacatecanas; por ello, a la par de los esfuerzos que en materia de prevención, educación, empleo y seguridad pública emprendemos para hacer frente al fenómeno delictivo, la presente iniciativa propone incrementar sanciones penales en ciertos delitos.
Algunos son: asociación delictuosa, corrupción de menores, ejercicio indebido de funciones públicas, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, atentados contra la integridad de las personas, violación equiparada, asalto, homicidio, fraude, delitos en materia electoral, entre otros.
Asimismo, la iniciativa propone duplicar el monto de la reparación del daño cuando se produzca la muerte del ofendido y se trate de una culpa grave, y aumentar en una cuarta parte las sanciones previstas para los delitos culposos.
Tipifica además delitos como el que se denomina facilitación del delito, o los comúnmente llamados halcones; contra la seguridad en medios informáticos y magnéticos; usurpación de identidad; feminicidio; operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero; y contra el medio ambiente.
Dicha iniciativa también propone derogar artículos que: exentan de responsabilidad penal a los parientes que propicien la fuga de personas legalmente detenidas, así como a los encubridores ligados con delincuentes por amor, respeto, gratitud, amistad, entre otras.
Además de derogar el adulterio que está considerado como causal de divorcio, respecto al delito de violencia familiar, se propone que para que proceda no sea requisito que sean reiterados, ni que ocurra en el domicilio familiar. Incluso se tipifica aun cuando los conyugues estén separados por mandato judicial.
Finalmente, se busca que los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, se destinen al pago de la reparación de los daños causados, y a un fondo para la procuración de Justicia.
A la presentación acudieron José Marco Antonio Olvera Acevedo, diputado local; Juan Antonio Castañeda Ruiz, presidente del TSJEZ; Arnulfo Joel Correa Chacón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Secretario General de Gobierno, Esaú Hernández Herrera; Estela Cadena Azcona, delegada estatal de la PGR.
Asimismo, Óscar Rodríguez Aguirre, presidente del Colegio de Doctores en Derecho; Federico Soto Acosta, directo del Instituto de Defensoría Pública; Uriel Márquez Cristerna, titular de la CGJ; y el Procurador Arturo Nahle García.
