Sustituir el debate por las consignas
JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ *
Uno de los elementos fundamentales del discurso con el que el gobierno anterior intentó legitimarse fue el famoso “Modelo de Equidad de Género” (MEGGEZ).
Para todas las dependencias del gobierno estatal, era prácticamente una obligación tomar talleres sobre el tema, que incluían folletos, distintivos y materiales en los que se divulgaba un discurso rupestre (agotado y no actualizado) de equidad de género.
Las dependencias y algunos gobiernos municipales, como el de Guadalupe, peleaban por una certificación que les permitiera satisfacer los requisitos y complacer a la gobernadora. No importaba que para ello tuviera que haber una penosa simulación; se les uniformaba de manera temporal a las burócratas, se les asignaban tareas relevantes y se preparaban exclusivamente para las visitas de supervisión.
Pero la equidad de género nunca llegó a Zacatecas. Ni siquiera llegó a ser un concepto que se entendiera en los altos niveles de la administración pública estatal. Prueba de ello, son los datos que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) publicaron hace un año en el estudio México Estatal:
De los 2,690 empleados de confianza que el gobierno estatal tenía en el 2010, el 71.4% de ellos eran hombres y tan sólo el 28.6% mujeres.
A nivel social, los resultados no fueron diferentes. La tasa de mortalidad por homicidio de mujeres adolescentes (feminicidio) de 12 a 17 años se triplicó en Zacatecas entre 2007 y 2009.
En el aspecto legislativo, nuestro marco legal es una vergüenza. La ley prevé una reducción de las penas a los homicidios pasionales y nuestro Código Penal es uno de los poquísimos que no contemplan la malformación congénita como causal de la interrupción legal del embarazo.
Además de ello, no existe una ley que combata la trata de personas en la entidad, ni una que procure la llamada “paternidad responsable” y ni siquiera se encuentra tipificado el feminicidio como delito.
Antes de seguir, aclaro que he presentado iniciativas en cada uno de los temas que he enumerado, y paso a preguntar: ¿Por qué durante un sexenio que en el discurso se obsesionaba con la “equidad de género” se avaló un rezago de tal magnitud?
¿Por qué mientras se mandaban cientos de boletines con discursos en defensa de los derechos de la mujer, desde Palacio de Gobierno se les llamaba a las legisladoras y a los legisladores para que no presentaran iniciativas “controvertidas”, arguyendo que tenían un alto costo político porque “los zacatecanos éramos conservadores”?
Y peor aún, ¿Por qué quienes legitimaron ese rezago en materia de equidad de género e instrumentaron esa simulación, ahora nos quieren vender la idea de que la transformación del Instituto de la Mujer Zacatecana en una Secretaría, es un atentado contra la equidad de género?
Lo mismo sucede en el tema de las personas con discapacidad.
Hace unos meses, mi amiga Claudia Anaya me honró con su compañía en la Comunidad de San Jerónimo, en la que entregamos conjuntamente paquetes de útiles escolares a todos los estudiantes de primaria de la localidad.
Ante los niños, Claudia lanzó: “Que se acerquen aquellos niños que tengan una discapacidad”. Ningún niño respondió al llamado. La propia Claudia me dio la respuesta minutos después: “Lo triste es que, o sus padres se cansan de mandarlos, o los maestros los regresan”.
Zacatecas es el primer estado en presencia de personas con discapacidad (en términos relativos) ¿Por qué no vemos a ese 5.4% de la población pasear por el centro, asistir a las escuelas, abordar el transporte público, trabajar en los comercios o en el gobierno? Al menos, en la proporción que la lógica dictaría.
Lo cierto es que no existe una política transversal que los atienda.
Lo que se ha generado, con lo que algunos se empeñan en llamar “descentralización” (la CEISD depende de la Secretaría de Gobierno), es una especie de “balcanización” de la antigua política social que se hacía (y se hace) en el DIF: entregar sillas de ruedas, lentes, aparatos auditivos.
No está mal la entrega, en sí misma, de esos apoyos. Si está mal que se haga sin padrón, sin una visión sistémica y sin transparencia. Pero peor aún es que el presupuesto asignado a esas instituciones (incluyendo al Injuzac y el Inmuza) no esté claramente ligado a indicadores relevantes.
¿Qué importa si se dan “100 créditos más” a mujeres o a jóvenes que el año anterior, mientras el desempleo juvenil y femenil no decrecen? ¿Qué importa si se dan 100 becas más, mientras los índices de escolaridad no avancen de manera significativa?
En vez de defender o satanizar burocracias, lo que los zacatecanos deberíamos de hacer, en estos momentos, es reflexionar en serio sobre nuestros objetivos en materia de política social, el presupuesto que debemos destinar a ellos y los indicadores con los que los vamos a evaluar.
No es con burocracia, ni con consignas como vamos a lograr que ser mujer, tener alguna discapacidad o ser joven, deje de ser una pesadilla en Zacatecas.
*Diputado local
