Van 79 periodistas ejecutados; desaparecidos: 14 reporteros
LILIA ARELLANO *
La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos: Enrique Múgica
A lo largo del presente sexenio Felipe Calderón logró posicionar a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Su administración alejó a la Nación del ideal clásico de un régimen democrático, no sólo por su ilegal y absurda guerra contra los cárteles de la droga y la instauración de facto de un régimen policíaco-militar, sino por la instauración de leyes que limitan y cancelan derechos humanos fundamentales, lo que lo ha sumido en una grave crisis. Un elemento esencial de una democracia real y estable es, sin duda alguna, una prensa libre que informa, sin interferencias ni censura, sobre la realidad y los acontecimientos que enmarcan y definen la vida de los mexicanos. Esta condición no está presente en nuestro país y, por el contrario, los periodistas y los medios de comunicación resienten una agresión crónica no solo de parte de grupos delincuenciales sino también de representantes de los poderes federales y estatales. Sin la protección del Estado los periodistas mexicanos están inermes.
Este jueves, la Policía Naval localizó, en las inmediaciones de la unidad habitacional Las Vegas II del Puerto de Boca del Río, Veracruz, cuatro bolsas con restos de cuatro personas, identificadas dos de ellas como los fotoreporteros Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge. Los cuerpos estaban desmembrados y con señales de tortura. Con estas dos víctimas suman siete los integrantes del gremio periodístico asesinados durante la administración del actual gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa. Entre los ejecutados se encuentra la reportera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, cuyo asesinato ocurrió el 28 de abril pasado. También Miguel Ángel López Velasco, su hijo el fotógrafo Miguel López Solana, Yolanda Ordaz, Noel López Olguín, además de Luna Varela y Gabriel Huge.
El Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ), con sede en Nueva York, sostuvo que el reciente asesinato de periodistas pone de relieve la grave crisis que hay en México. A través de un comunicado, condenó el asesinato de los fotógrafos mexicanos Gabriel Huge y Guillermo Luna Varela, al señalar que “estamos profundamente preocupados por los informes sobre estos asesinatos que, registrados en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ponen en relieve la grave crisis en México”, indicó Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. Lauri agregó que “Veracruz ha experimentado una ola letal de violencia contra la prensa que está generando un temor generalizado y una autocensura creciente. Las autoridades mexicanas deben actuar de inmediato para poner fin al ciclo letal de impunidad en los crímenes contra la prensa”.
Periodistas del sur de Veracruz exigieron, con una marcha de protesta, un alto a la escalada de asesinatos de comunicadores en la entidad. Alrededor de un centenar de comunicadores adheridos a la “Federación de Asociaciones de Periodistas del Sur de Veracruz”, que aglutinan a integrantes de este gremio de Minatitlán, Jáltipan, Acayucan, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, realizaron un recorrido del parque Hidalgo a la independencia portando pancartas de condena y colocaron velas encendidas frente al palacio municipal de Minatitlán. Víctor Hugo Gómez Leonardo y Guillermo Gutiérrez Arias, presidente y secretario de esa agrupación, respectivamente, exigieron al gobierno estatal y federal garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y frenar la escalada de asesinatos en Veracruz, “provenga de dónde provenga”.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exigieron también el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas señalados arriba. Frente a la presión de la opinión pública estatal, las autoridades del Estado de Veracruz anunciaron que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la investigación del crimen de los dos fotoreporteros. Fundamentaron esta acción por el hecho de que “por las características del crimen, se presume la participación de la delincuencia organizada en la comisión de estos homicidios”.
Laura Borbolla, titular de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, informó que ya abrieron una averiguación previa para investigar el asesinato de los dos fotoperiodistas en Veracruz. Cabe destacar que el informe “Libertad de Prensa 2012” publicado por Freedom House clasificó a México como un país sin libertad de prensa y señala que la fiscalía especializada para investigar delitos contra los periodistas es ineficaz.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados 79 asesinatos y 14 desapariciones de comunicadores y trabajadores de medios del 2000 a la fecha, así como 26 atentados a instalaciones de medios, lo que confirma México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre las ejecuciones destacan en este rubro las indígenas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, asesinadas en Oaxaca el 7 de abril de 2008; María Elvira Hernández Galeana, el 28 de junio de 2010; y Yolanda Ordaz de la Cruz el 26 de julio de 2011; el caso más reciente el de Regina Martínez, el 29 de abril pasado. Elvira García, periodista y autora del libro “Ellas, tecleando su historia” (Grijalbo, 2012), denuncia que las mujeres periodistas son cada vez más víctimas de la violencia asociada con la delincuencia organizada y la corrupción en México, misma que desde el 2005 ha dejado al menos nueve asesinatos y una desaparición entre las comunicadoras.
La CNDH inició de oficio la investigación en materia de derechos humanos por la muerte de los fotoperiodistas Luna y Huge. Expuso que “en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este organismo nacional deplora que se sigan registrando hechos en contra de los comunicadores, considera necesario refrendar su compromiso en su defensa y hace propicia la ocasión para rendir homenaje a los periodistas que ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber”. El organismo subrayó que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión.
¿DEBATIR O NO DEBATIR…?
Los consejeros electorales del IFE exhibieron el miércoles pasado a qué intereses responden, al negarse a solicitar a la Secretaria de Gobernación ordenar la transmisión en cadena nacional del debate entre los cuatro candidatos presidenciales, a realizarse el próximo domingo 6 de mayo a las 20:00 horas, y rechazar así la petición formal que hizo para ese efecto la Coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano, que postula a Andrés Manuel López Obrador, y que incluso fue respaldada por el PAN.
El PRD interpuso una apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se revoque la determinación del IFE. El recurso fue presentado por Camerino Márquez, representante de la coalición Movimiento Progresista, quien solicitó a los magistrados que resuelvan de manera urgente el asunto. La coalición que respalda a López Obrador pidió al Tribunal Electoral que ordene al Consejo General del IFE de cabal cumplimiento al párrafo tres del artículo 70 del Cofipe y realice las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones de radio y canales de televisión, de mayor cobertura y mayor audiencia, a efecto de garantizar el derecho a la información y asegurar la emisión del voto libre e informado de los electores mexicanos.
Tras la negativa del IFE, hasta el propio sector privado exhortó a los medios de comunicación a generar espacios necesarios y suficientes para transmitir el debate del próximo domingo. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que es de suma importancia que la población en general sea cada vez más participativa y esté bien informada para la toma de decisiones en el momento de emitir su voto. También pidió a los candidatos a la Presidencia de la República propuestas firmes para atender los problemas nacionales.
Andrés Manuel López Obrador dijo en Los Cabos, Baja California Sur, que seguirá insistiendo para que el debate sea transmitido en cadena nacional. Lamentó la decisión de los consejeros del IFE, porque, dijo, “es fundamental para la democracia el que haya información, que la gente este bien informada, que tengan todos los elementos para elegir adecuadamente”. Argumentó que esa decisión no es responsabilidad de un IFE “débil” sino de los “machuchones” que gobiernan al país a través de las televisoras y lo hacen, insistió, con el propósito de proteger y cuidar al abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto.
El tabasqueño sostuvo que las televisoras están por encima del IFE. Dijo que no son el cuarto poder sino el primer poder que utilizan “los que mandan” para imponer sus reglas en beneficio de una minoría y sufrimiento de la mayoría de la gente. López Obrador también criticó a Pedro Joaquín Coldwell, dirigente priísta, por señalar que las fuerzas de izquierda preparan un conflicto postelectoral. El candidato del movimiento progresista rechazó esa aseveración y estimó que lo dicho por el dirigente tricolor es síntoma de que está nervioso, por lo que le recomendó tomarse un té de tila. “No sé qué información tenga; ojala y la presente; es interés nada más para confundir, atacar. Que se serene, que se tome un té de flor de tila. No va a pasar nada, lo único que va a suceder es que les vamos a volver a ganar la Presidencia de la República y digo que les vamos a volver a ganar, porque es el PRIAN”, explicó López Obrador.
Por cierto que el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, despertó el entusiasmo de cientos de jóvenes en el auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey, quienes tras su participación en el foro “Candidatos a la Presidencia de la República”, lo despidieron con gritos de “!!!Presidente, presidente!!!”.
También el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó este jueves que las televisoras en México, Televisa y TV Azteca, han estado tradicionalmente entre los principales intermediarios en el poder en México, “a menudo cambiando acceso a la televisión por la protección te sus intereses comerciales”. El influyente diario destacó en sus páginas internacionales la discusión que se ha desatado en México por el tema del debate y la decisión de TV Azteca de privilegiar en su programación un juego de la liguilla del fútbol mexicano en lugar del debate entre los cuatro candidatos presidenciales.
Dentro de toda esta polémica, el IFE, quien rechazó solicitar a la Secretaría de Gobernación la transmisión del debate presidencial en cadena nacional, garantizó el jueves que habrá una difusión masiva de este encuentro político, a través de 319 estaciones de radio permisionarias y 258 televisoras en 27 entidades y el Distrito Federal. Para el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, la cobertura del debate programada por el IFE es “suficiente” para que quienes deseen presenciarlo lo hagan. El quintanarroense se manifestó respetuoso del derecho de los ciudadanos a elegir qué quieren ver en la televisión y por tanto no censuró la negativa de TV Azteca de transmitir el debate de los candidatos el domingo próximo.
DE LOS PASILLOS
Tras librar once ordenes de aprehensión por el presunto desvío de 55 millones de dólares, Napoleón Gómez Urrutia tiene “un pie en México y maleta en mano”, aseguraron los abogados Marco Del Toro y Carlos De Buen. Previo a la XXXVII Convención General Ordinaria del Sindicato Nacional Minero, señalaron que en breve “Napito” estará dirigiendo en México y no en Canadá al Sindicato Minero, cuya toma de nota la recibiría la próxima semana. También dieron a conocer que demandaron al gobierno federal y funcionarios públicos por el “aseguramiento ilegal” de las cuentas bancarias ante un Tribunal Administrativo de México. La denuncia por el congelamiento es por 80 millones de dólares, más intereses, y lo que resulte, dado que ganaron la demanda.
La Comisión Federal de Competencia (CFC) justificó que los compromisos que asumió la empresa de telefonía Telcel, subsidiaria de América Móvil, para lograr la revocación de una multa por casi 12 mil millones de pesos que el organismo impuso a la empresa en abril de 2011, equivalen a beneficios económicos anuales de 6 mil millones de dólares para los consumidores. La CFC explicó que los cinco compromisos asumidos por Telcel resuelven uno de los principales problemas de competencia que ha aquejado al mercado de las telecomunicaciones en México por mucho años: las altas tarifas de interconexión móvil. La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), ha calculado que los problemas de competencia asociados a las altas tarifas de interconexión en México han generado daños por 6 mil millones de dólares cada año (alrededor de 78 mil millones de pesos) a los consumidores. Dijo que “con la reducción de 62% en la tarifa de interconexión derivada de los compromisos asumidos por Telcel, ésta distorsión desaparece”.
* Periodista
