AMLO vs EPN, la verdadera contienda
LILIA ARELLANO *
Si no peleas por acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella: Joan Baez
Tras los dos últimos accidentes en carreteras federales que dejaron un saldo de 50 muertos y en la que estuvieron implicados trailers de transporte federal, salió una vez más a flote la corrupción que impera en dependencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la que reina en la Policía Federal, además de que se puso de manifiesto otra vez el nocivo efecto que tiene en la economía nacional en general y en la operación de las empresas mexicanas en particular los incrementos mensuales a los combustibles, autorizados por los legisladores federales a propuesta de la administración de Felipe Calderón.
Fueron precisamente la volcadura de un autobús que fue impactado por la caja de un camión que transportaba trigo, en la carretera México-Toluca, en la que seis universitarios murieron el pasado 12 de abril, y 8 días después la muerte de 44 personas por el choque de otro trailer contra un autobús de pasajeros sobre la carretera Alamo-Potrero, al norte de Veracruz, los que mostraron la punta del iceberg de la corrupción en las dependencias mencionadas y detonaron un paro nacional de transportistas, que inició este jueves en 28 estados del país, promovido por integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) para demandar que se prohíban las cajas dobles de trailer en las carreteras, que se frenen los aumentos mensuales a los combustibles y que cesen las “mordidas” en las carreteras federales.
Alrededor de 50 mil operadores y propietarios de transporte de carga iniciaron un paro indefinido en la mayoría de las entidades federativas (Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur y Oaxaca no se habían sumado al paro hasta el cierre de estas líneas) que busca también revertir la negativa de Comunicaciones y Transportes a reemplacar las unidades viejas y la norma de pesos y medidas que los obliga a circular por las carreteras de cuota. Rafael Ortiz Pacheco, dirigente de la Amotec, advirtió que en caso de no recibir respuesta de las autoridades federales, comenzarán a detener trailers de doble caja como una medida de presión. A primeras horas del jueves, los transportistas desplegaron sus unidades en 110 delegaciones de esos estados. Las primeras que se sumaron a la protesta fueron las delegaciones de Palenque, Azcapotzalco, Mérida, Guadalajara, Querétaro, Veracruz, Durango, San Luis Potosí, Tuxpan y Cuautitlán.
En todo el territorio nacional circulan 250 mil vehículos de doble remolque que presentan problemas de sobrepeso y fatiga de los conductores. El número representa una tercera parte del padrón vehicular de carga que asciende a 800 mil unidades. Ortiz Pacheco asegura que está irregular situación ha provocado 50 mil accidentes de carretera desde 2008, por lo que exigen a la SCT que retire la norma que permite el doble remolque, pues “es una norma criminal” y “ya basta que muera gente por la insensibilidad del gobierno”. El líder de transportistas también se quejó de que la Policía Federal “ha legalizado el robo” al cobrar sobornos a los transportistas.
La Cámara Nacional de la Industria del Transporte de Carga (Canacar) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) han solicitado a las autoridades acelerar la revisión o modificación de la Norma 12 de Pesos y Dimensiones para reducir la sobrecarga en los camiones y evitar con ello más accidentes. Sin embargo, integrantes de ambas cámaras sostienen que el retraso se debe a que la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) pugna porque no se realice modificación alguna.
Sobre el particular, el director de Autotransporte Federal de la SCT, Miguel Elizalde, sostiene que para la dependencia un vehículo que cuente con las características de seguridad y de operación puede circular por ciertas carreteras con las 80 toneladas que permite la Norma 12 de Pesos y Dimensiones. De acuerdo con este canon el vehículo debe garantizar las condiciones físico-mecánicas adecuadas, frenos ABS, con características específicas en los motores, con cadenas dobles en los remolques, además de circular a menos de 80 kilómetros por hora. Si se exceden en peso, únicamente se les aplica a las empresas transportistas una multa que va de 27 a 28 días de salario mínimo.
Este funcionario defendió que la revisión de la Norma “no está estancada”, sino que “se encuentra en análisis” y será hasta el segundo semestre de este año cuando se dé a conocer si habrá o no cambios en la normatividad. Elizalde argumentó que hay 19 temas para ser evaluados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre (CCNNTT), entre los que mencionó el peso bruto vehicular máximo, el costo-beneficio, disposiciones de seguridad y siniestralidad, entre otros.
A través de la agencia informativa oficial se intentó hacer una defensa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este conflicto al dar a conocer que de acuerdo con datos de la Dirección de Autotransporte Federal, de 30 mil accidentes que se registran cada año en las carreteras del país, en 15 mil se ven involucrados vehículos de autotransporte federal, de los cuales 900 son unidades de doble remolque. Según la dependencia, un 80 por ciento de los accidentes de unidades de carga son atribuibles a “un error” del conductor y al “exceso de velocidad”, y el resto a las “malas condiciones físico-mecánicas del vehículo” y el estado real del camino. No obstante, los datos estadísticos mencionados no pueden ocultar la adversa realidad que se vive en las carreteras federales y que ha enlutado a miles de familias.
Los transportistas afiliados a la Amotac mantendrán sus protestas hasta el sábado próximo 28 de abril, según Carlos García Álvarez, vicepresidente de esa organización en el Estado de México, quien insistió en las demandas de sus agremiados: freno al incremento mensual de los combustibles (gasolinas y diesel), emplacamiento de los autobuses de turismo y sacar de la carretera a los tráilers de doble remolque. El dirigente amenazó con realizar bloques a vías de comunicación en caso de no ser escuchados por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). García Álvarez acusó que la aplicación de la norma y las regulaciones no es pareja porque “vemos empresas grandes que son privilegiadas y tienen muchos dobles remolques y circulan por carreteras en donde esta prohibido ese tipo de vehículos”. Agregó que en cambio los transportistas pequeños se ven obligados a dar “pagos” que van desde 200 hasta 500 pesos a elementos de la Policía Federal de Caminos para poder circular en carreteras de la entidad como la México-Naucalpan y Palmillas-Atlacomulco, que son caminos tipo C, donde están permitidos solamente 18.5 metros de dimensiones de los camiones y “lamentablemente ninguno de los camiones da esa medida”.
Este jueves los transportistas de carga realizaron bloqueos parciales sobre las autopistas México-Querétaro, a la altura del kilómetro 27, y México-Pachuca, a la altura del entronque con la Vía José López Portillo y la caseta a San Cristóbal, en Ecatepec, para demandar un alto a los actos de corrupción y frenar los aumentos a los precios de los combustibles.
En el Estado de Veracruz, los transportistas que se sumaron a la protesta se congregaron a la salida de la autopista Veracruz-Xalapa por el Puerto Seco; en la autopista Veracruz-México, en el tramo Córdoba-Orizaba; en la carretera federal Veracruz-México, en el tramo Xalapa, en la cuenca del Papaloapan y en la Autopista Tuxpan-México, en el norte del estado. El delegado de la Amotac en la entidad, Juan Antonio Treviño, acusó a la SCT de omisión al no aplicar la norma de pesos y dimensiones, especialmente con doble remolque. Insistió en que están pidiendo que se reduzca el “full” y que la autoridad permite que sea mayor a lo permitido.
Los transportistas realizan también marchas lentas para exigir que se frene el aumento a los combustibles y que el mismo se haga una vez por año “no a cada rato” porque les impide planear sus negocios adecuadamente. La delegada de Amotac en Orizaba, María Luisa Juárez, demandó también a la SCT aplique y haga respetar la Ley de peso y volumen porque al permitir que sigan circulando unidades doble remolque con sobrecarga, provocan accidentes lamentables.
PEÑA CONTRA AMLO
La verdadera contienda por la Presidencia de la República se perfila entre Enrique Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM, y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la Coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano). A estas alturas de la contienda presidencial en que la caída en las preferencias electorales de la aspirante panista Josefina Vázquez Mota parece irreversible a pesar de la guerra sucia implementada por sus estrategas electorales, para el tabasqueño el hecho de que el ex gobernador del Estado de México critique sus propuestas, como la de proponer bajar el precio de las tarifas eléctricas, “es un buen síntoma”.
Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador se lanzó a su vez contra la estrategia de campaña de Peña Nieto y calificó como “un acto de burla y cinismo a la sociedad mexicana” el acuerdo suscrito entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Coalición Compromiso por México para supervisar los gastos de campaña del abanderado priísta. Consideró que eso no permitirá a los ciudadanos saber si el marido de “La Gaviota” ha rebasado los topes de campaña antes de los comicios de primero de julio. Ya encarrerado, el tabasqueño también atacó a Televisa, precisamente en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López Dóriga, en donde precisó que no acudió al primer debate presidencial del 2006 porque tras el post debate, la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean había preparado un “complot” para que popularidad cayera en los sondeos de opinión.
Por el lado de la dirigencia perredista, ésta también tiene enfilada sus baterías contra Peña Nieto: Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, calificó al candidato priísta de “delincuente” por violar la ley electoral al gastar en lo que va de su campaña, según sus cálculos, alrededor de 400 millones de pesos. La coalición Movimiento Progresista, que respalda a López Obrador, presentó ante el IFE una queja electoral por la presunta violación al artículo 344 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y demandó al arbitro electoral cancelar la candidatura presidencial de Peña Nieto.
DE LOS PASILLOS
Finalmente, tras la presión mediática, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una acta circunstanciada para investigar los presuntos actos de corrupción que permitieron la expansión de Walmart en México. Esto permitirá a la dependencia a cargo de Marisela Morales solicitar informes al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la presunta red de sobornos que fue revelada en el vecino país del norte. También la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se vio obligada a solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que, a través de su órgano de control interno, revise los trámites y solicitudes atendidas por la dependencia con el propósito de detectar si existe alguna irregularidad en los permisos otorgados a la empresa minorista estadounidense. Cabe destacar que durante su periodo de expansión en los últimos ocho años, Walmart de México ha enfrentado denuncias de organizaciones civiles, de comerciantes y del medio ambiente de diversas entidades del país como el Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Baja California Sur, Veracruz y Quintana Roo.
El valor de los bienes incautados en Colombia por la Policía Nacional al jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “el chapo” Guzmán, fue estimado en 15 millones de dólares, que es el valor calculado de los 58 inmuebles asegurados al narcotraficante en ese país… En Tijuana, dos sobrinos de Ismael “el mayo” Zambada fueron detenidos con droga en un operativo de la policía municipal y el Ejército… Otros dos jóvenes hombres fueron ejecutados en el Estado de Morelos…Dos más perdieron la vida en las mismas circunstancias en la capital de la República, en las delegaciones Venustiano Carranza e Iztapalapa… Mientras las armas siguen fluyendo a todo el territorio nacional procedentes de Estados Unidos. En los últimos cinco años se han decomisado “sólo” 68 mil armas largas, 42 mil cortas, 10 millones de cartuchos y 266 cargadores.
* Periodista
