La justicia poblana
LUCÍA LAGUNES HUERTA*
¿De qué está hecha la justicia en Puebla? la respuesta que me viene de inmediato es abuso de poder, corrupción e impunidad.
Y digo esto porque hemos sido testigo de ello, no sólo la población mexicana sino más allá de las fronteras que delimitan nuestra República Mexicana.
¿Cómo puede un gobernador violar la ley, conspirar contra una ciudadana, ser descubierto y continuar su mandato como si nada? Nos preguntamos entonces y lo seguimos meditando hoy, al recordar las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, cometidas en 2006.
Hoy nuevamente las corporaciones policiacas muestran de lo que están hechas al torturar durante 36 horas (según narran las víctimas) a tres jóvenes a las que quieren inculpar del asesinato de la activista Agnes Torres, cuyo cuerpo apareció el pasado 10 de marzo en una barranca del municipio de Atlixco, en Puebla.
Yanira Avendaño Loyola y Ali Noyola Rodríguez –ambas de 19 años–, y Anahí Margarita Noyola Baltasar, de 24 años, son tres jóvenes que hoy dudan de la justicia y la legalidad, y no lo hacen de oídas sino porque viven en carne propia lo que significa el abuso de poder, la corrupción y la impunidad que ocurre en el sistema de procuración de justicia poblano.
Así como escuchamos de viva voz de un mandatario coludirse con un empresario para violentar los derechos humanos de una periodista, las tres jóvenes narran lo que fue estar 36 horas en la Dirección General de Delitos de Alto Impacto de Puebla, donde fueron privadas de su libertad, incomunicadas, sometidas a baños de agua fría, descargas eléctricas en los senos y los genitales, sus rostros sumergidos en agua con jabón para intentar ahogarlas, sometidas a violencia verbal y amenazas, y además, obligadas a firmar documentos en blanco.
¿Quién pondrá un alto a estos abusos? sería muy grave que el gobernador Rafael Moreno Valle dejara pasar el hecho y con voltear la cara para otro lado, avale estas prácticas.
La tortura de Yanira, Ali y Anahí no puede quedar en la impunidad, las autoridades que cometieron este delito deben ser castigadas. Las víctimas deben ser protegidas, nada les puede pasar, ni a ellas ni a sus familias. Lo que ocurra sin duda confirmará de qué está hecha la justicia poblana.
Por lo pronto tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen ya las denuncias por tortura contra la Policía Ministerial. ¿Cuál será el actuar de ambas? Suponemos, porque ese es su mandato, que protegerán a las víctimas y les brindarán las medidas cautelares que el caso amerita.
Puebla es hoy una entidad que se conoce por su mole, sus iglesias, su “gober precioso” y la impunidad que impera. Para transformar esta fama no basta con promover el turismo, es necesario desterrar la impunidad, el abuso de poder y la corrupción. De esto mucho tiene que decir el gobernador en turno.
Twitter @lagunes28
* Directora general de CIMAC.
