Tenemos una gran deuda con los adultos mayores
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
El día de hoy dio inicio en la Ciudad de México el “Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores”, en el que participan el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde más de 150 especialistas de 24 países analizarán la situación de la vejez en la región de América Latina y el Caribe.
Cabe recordar que fue en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1982, donde se comenzaron a utilizar los términos de “vejez”, “tercera edad”, “ancianos”, “senectud” y “adultos mayores” entre otros, para distinguir a este grupo social como depositario de derechos específicos. Actualmente, la denominación más utilizada es la de “adultos mayores”, que se refiere en particular a las personas de 60 años y más, según lo establece en México el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), como la institución rectora de las políticas públicas que atiende a este sector en México.
A nivel nacional, en los años setenta experimentamos una reducción gradual en la tasa de crecimiento poblacional que marcó un viraje la evolución demográfica; ahora sabemos que la tasa global de fecundidad, pasará de un 2.20% en 2005 a un 1.87% en el año 2030. Al mismo tiempo, en el mismo periodo, la tasa de mortalidad disminuirá de 16.8 por cada mil a 7.0. Por lo que toca al grupo de 65 años y más, que en el 2010 representaba un porcentaje del 5.9% de la población, se incrementará al 7.9% para el 2020. Contrariamente, en 20 años el grupo de población de 0 a 14 años ha venido disminuyendo, al pasar del 33.1% en el 2000 al 24.6% en el año 2020.
Este proceso de cambio en la estructura poblacional implica una mayor dependencia demográfica de los adultos mayores con relación al resto de la población en edad de trabajar, de manera que el porcentaje de dependencia ha crecido del 7.1% en 1995 al 9.0% en el 2010. A ello le sumamos que la esperanza de vida aumentará de manera constante hasta llegar a los 78.8 años promedio en el 2030; e incluso, en el caso de las mujeres, se calcula que llegará a los 81 años.
El problema es que de los casi 10 millones de adultos mayores que tenemos en México, únicamente una cuarta parte (25.6%) se encuentra pensionado; sin embargo, este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones (34.7%) que en las mujeres (17.7%). En los primeros, más de la mitad de los pensionados (55.4%) son por jubilación, poco más de la tercera parte (33.6%) es por retiro o vejez y sólo 5.7% es pensionado por accidente o enfermedad de trabajo. En las mujeres esta configuración cambia radicalmente, ya que solamente el 47.9% está pensionada por viudez, 31% por jubilación y el 14.1% por retiro o vejez. Así mismo, tres cuartas partes (76%) de las pensiones que se le otorgan a los adultos mayores provienen del IMSS, mientras que una sexta parte (16.3%) las otorga el ISSSTE y 7.7% otras instituciones, conforme a la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social levantada en 2009 por el INEGI.
Dada esta tendencia, a mediados del presente siglo, sólo un 25% del total de personas de más de 60 años en México, gozarán de algún tipo de pensión y el 75% restante carecerá de algún plan de retiro, por lo que los adultos mayores se verán obligados a buscar sus propios medios de subsistencia, según han advertido especialistas por las firmas Lockton, Ernst & Young (EY) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). De hecho, desde ahora sucede que -por lo insuficiente de las prestaciones que recibe este sector-, los adultos mayores se ven obligados a emplearse para obtener mayores recursos; desafortunadamente, más de la mitad de los que trabajan en el país, tienen un horario laboral de siete a 10 horas al día. Sumado a ello, los adultos mayores que continúan en actividades productivas, se enfrentan a que la mayoría de las instituciones de crédito prácticamente les niegan cualquier el acceso a los créditos, pese a que puedan demostrar su nivel de solvencia e ingresos suficientes e, incluso, si cuentan con una pensión. Lo anterior, sin duda, representa un tipo de discriminación y resulta contraria a los propósitos que motivaron la publicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De esta forma, el contexto general en que se desarrolla el “Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores”, encuentra a los adultos mayores en una condición de desigualdad y franca vulnerabilidad en México. Esta situación obliga al Estado mexicano a fortalecer las políticas públicas y mejorar la calidad de vida de éste que es un de los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, es notable el esfuerzo que el Gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo en este empeño: la pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años, es el programa social más importante de América Latina, al contar con un padrón de 480 mil personas, que reciben 934.95 de pesos al mes.
Precisamente, el día de ayer, la CEPAL afirmó que en el presente año, el otorgamiento de una pensión universal para las personas mayores de 65 años en países de Latinoamérica como México, Perú y República Dominicana es viable, debido a que costaría el 1.3% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio en la región sería de 1.7%, advierte la CEPAL. Por su parte, el director del CELADE, Dirk Jaspers-Faijer y Sandra Huenchuan, especialista en el tema de envejecimiento, afirmaron que “sí podría aplicarse la pensión universal en México”.
Finalmente, a nivel gubernamental, además de ampliar los programas sociales para los adultos mayores a lo largo de todo territorio nacional, necesitamos abrir espacios públicos adecuados para su recreación; que les sean accesibles y seguros. Es indispensable también hacer valer un compromiso mayor del Estado para lograr la plena integración de este grupo a nivel social, económico y cultural, y en el margen de sus verdaderas potencialidades. Como sociedad, necesitamos desterrar los prejuicios contra la vejez que permanecen, al igual que todas las formas de discriminación. Tal y como señaló Sir George Alleyne, director emérito de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “necesitamos cambiar nuestra percepción del papel y de las responsabilidades de los adultos mayores”.
