La expropiación petrolera y el futuro energético de México
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
Como una de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917 se estableció en su Artículo 27, el dominio de la Nación de los recursos naturales; entre ellos, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos”. Este precepto constitucional y principio rector del Estado mexicano se hizo valer en 1938, cuando el Gral. Lázaro Cárdenas Del Río tomó en una acción intrépida, valiente e ideada a partir de una visión de Estado, tomó la decisión de expropiar el petróleo –como recurso estratégico para el desarrollo nacional- en beneficio del pueblo y del país.
Ayer que festejamos el 74 Aniversario de la Expropiación Petrolera, representa un buen momento para reflexionar colectivamente sobre nuestro futuro energético; a la vez de reivindicar la entrega total, anímica y material que el pueblo mexicano brindó al presidente Lázaro Cárdenas, en su desafío a las potencias extranjeras, al anunciar su decisión de expropiar la industria petrolera. México dio entonces un gran paso en afirmación de su soberanía y, desde entonces, la industria petrolera ha sido la columna vertebral del desarrollo nacional.
Sin embargo, después de este hecho histórico se ha mantenido latente, en mayor o menor medida, la pretensión de privatizar los recursos energéticos. Justamente, en días pasados, poco antes del Aniversario de la Expropiación Petrolera, el hijo del general, Cuauhtémoc Cárdenas, se pronunció contra el Acuerdo sobre el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos, firmado por México y Estados Unidos el 20 de febrero en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur. Cárdenas denunció que dicho convenio es desventajoso para el país y que parece el resultado de la presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan del lado norteamericano. Nuestro compañero argumentó además que bajo los términos en que se firmó, quedan en desventaja los nuevos yacimientos que se descubran, “pues México no tendrá la capacidad de explotarlos conforme las necesidades del país sino como lo marque el ritmo del mercado”. Cabe recordar que el año pasado, también durante el Aniversario de la Expropiación Petrolera, Cárdenas denunció la inconstitucionalidad de los contratos incentivados que estaba por adjudicar Petróleos mexicanos (PEMEX) para la explotación de sus campos Magallanes, Carrizo y Santuario.
Cabe mencionar que este acuerdo fue firmado tras 4 años de presiones del Departamento de Estado del vecino país del norte; el problema es que conlleva grandes riesgos para los intereses nacionales ya que compromete el 50% de las reservas del país, según señalan los propios cálculos de Pemex. En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó “reservas a nivel 3P por 822 millones de barriles”. Nuestro país tiene plenamente ubicado el potencial del conjunto de reservas existentes en las cuatro regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Los recursos prospectivos en aguas profundas del Golfo de México, giran por el orden de 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (pce). Cabe recordar que a mediados del año pasado, el director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, afirmó que en la zona conocida como Perdido, frente al litoral de Tamaulipas, en el lado mexicano hay un mayor potencial de reservas que las encontradas hasta ahora por empresas petroleras en el territorio marítimo estadounidense.
En el Acuerdo, los mapas exploratorios de ambos países serían entregados a su contraparte, según se indica en los artículos 4 y 5, donde se estipula que en caso de que cualquiera de los dos países tenga conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de una manifestación de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, el país en cuestión deberá de notificarlo por escrito a su homólogo en un lapso de hasta dos meses después del hallazgo. A partir de esta notificación y en el mes siguiente deberán de proporcionar la totalidad de la información geológica relevante, así como entregar toda la información disponible que posean.
El problema es que con el Acuerdo, México abre este tipo de información a los Estados Unidos, lo que podría acarrear desventajas para México dado su potencial; pero por otro lado, a nivel nacional, en el Acuerdo se establecen cláusulas de confidencialidad que permitiría ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información estratégica para la Nación. Respecto a ello, Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera “inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos; situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados”.
Con la próxima entrada en vigor del Acuerdo, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. En este sentido, Sergio Suárez, también investigador del Iiec, afirma que “el denominado tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. [Con éste] se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantener la de gas, al abrir indebidamente paso a las trasnacionales en una actividad exclusiva de Pemex”.
La presente coyuntura de PEMEX está marcada por las permanentes pretensiones privatizadoras del gobierno de federal, así como por algunos escándalos de corrupción interna en la paraestatal. Ante este escenario, Cuauhtémoc Cárdenas propone estimular y fomentar los campos de la iniciativa privada que ya operan en PEMEX, afirmando que dichas ventanas de oportunidad deberán estimularse para obtener desarrollos regionales y una mayor generación de empleos: “lo que hace falta es darle lo que se ha sostenido desde 2008: autonomía de gestión y financiera a Pemex, separarla del mando que existe por parte de la SCHP, una que opere como entidad productiva en todos los sentidos”. Cuauhtémoc también insistió en que se debe contar con una política de reservas de petróleo para más tiempo del que tenemos actualmente, a la vez que demandó fortalecer los presupuestos de exploración para que sea más productiva y dar un manejo racional a esa reserva.
En este orden de ideas, es fundamental hacer de PEMEX una empresa pública transparente y eficaz como pilar de la economía y el desarrollo nacional, por lo que la explotación del petróleo no se debe dejar a merced de la oferta y la demanda del mercado mundial, donde inevitablemente México es un actor marginal, sino que debe ligarse al proyecto nacional, con el petróleo -un recurso estratégico- como puntal. La renta de un recurso natural corresponde al conjunto de la nación y ese patrimonio se debe siempre maximizar en función no sólo de un tipo de desarrollo económico equitativo -imperativo al que es ajena la lógica del mercado-, sino también de un futuro en donde los hidrocarburos ya se hayan agotado y sea necesaria una fuente alternativa de energía al petróleo, como recurso natural no renovable.
Hoy en día ya contamos con una serie de tecnologías muy avanzadas para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. No hay que perder de vista, que en algunas décadas, el fin del petróleo barato, está obligando desde ahora al conjunto de naciones a buscar nuevas alternativas para el desarrollo a partir de una transición energética. En este sentido, las fuentes renovables ofrecen una excelente opción para ello, razón por la que debemos promoverlas en nuestro país como una política de Estado; sobre todo, en función de que no solamente nos proporcionan energía limpia y no agotable, sino también son muy adaptables a las necesidades de desarrollo regional requeridas en México. Como atinadamente señala el ambientalista español Carlos Bravo: “la fiebre del petróleo, propia del siglo XIX, ya no es acorde con las necesidades del siglo XXI”.
* Diputado local
