Eduardo Ruiz presunto culpable de quebranto al erario por casi 170 mdp

Zacatecas, Zac.- Después de casi 12 horas de alegatos entre el Ministerio Público y la defensa de Eduardo Ruiz Fierro, ex oficial mayor de Gobierno del Estado acusado de malversación de fondos y tráfico de influencias, la jueza María de Lourdes González determinó aplazar la sesión de la audiencia de vinculación para las 9:30 horas de hoy, a fin de definir la situación jurídica del inculpado.

En primer momento, la parte acusatoria presentó información detallada sobre las irregularidades encontradas en cada uno de los contratos que se le adjudican al imputado, así como pruebas de las anomalías en cada uno de los casos. Posteriormente, la defensa refutó tales argumentos y solicitó que su cliente no fuera vinculado a proceso, lo que significaría su libertad inmediata.

En ese sentido, la Contraloría Interna encontró que el ex funcionario de la administración gubernamental encabezada por Amalia García Medina, incurrió en un presunto quebranto por casi 170 millones de pesos y en sobrepago de casi 16 millones de pesos por la adquisición de bienes y servicios.

Durante la audiencia de vinculación iniciada ayer, el Ministerio Público expuso que se detectaron 86 contratos con anomalías e irregularidades tanto económicas como administrativas en cada uno de ellos, y se presentaron diversas pruebas, entre copias de facturas, contratos y declaraciones de los prestadores de servicios.

Se enfatizó entonces que el ex oficial mayor estaba obligado a emitir un dictamen de justificación y a formalizar la adquisición de bienes y servicios a través de un contrato y a llevar a cabo al menos tres cotizaciones a fin de garantizar las mejores condiciones de economía, imparcialidad y honradez.

Por el contrario, se encontraron anomalías en decenas de contratos, por ejemplo, en uno en el que se solicita la prestación de servicios en materia de asesoría en desarrollo cuyo monto fue de 648 mil pesos y otro más de 3 millones de pesos para cursos de entrenamiento de medios y apariciones públicas para funcionarios.

Asimismo, hubo otro contrato en el que se pagó poco más de 10 millones de pesos por concepto de publicidad y otro en el que se pagó un monto de 2 millones 134 mil pesos por concepto de estrategias de publicidad, en los cuales no se recabó dictamen de justificación.

Otros contratos irregulares que se encontraron fueron en relación a la renta, montaje de equipos audiovisuales, arrendamiento de servicios de sitios de anuncios publicitarios, traslado de valores, servicios de promoción publicitaria para eventos masivos, contrato del Festival del Globo y la Aventura, colocación de espectaculares en municipios del estado y asesoría e investigación especializada de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), este último con un costo de un millón 700 mil pesos.

También se detallaron irregularidades en contratos referentes a adquisición de bienes, entre ellos la compra de un circuito cerrado para seguridad pública, cuyo monto fue de más de 5 millones de pesos, así como compra de comunicación remota para patrullas, equipo de laboratorio y vehículos automotrices

Se detectó un contrato anómalo en la adquisición de frijol a través de un programa de asistencia alimentaria, cuyo monto supero la cantidad de 7 millones de pesos, mientras que otros contratos se refieren a adquisición de vehículos para la Policía Preventiva y cuyo costo fue de más de 2 millones de pesos.

Otros contratos en los que no se realizó ningún dictamen de justificación se refieren a la adquisición de equipo de cómputo cuyo gasto fue de 8 millones de pesos y otro para adquirir vacunas preventivas para el virus del Papiloma Humano cuyo costo superó los 7 millones de pesos.

Según expuso el Ministerio Público, todo ello fue resultado de la auditoría realizada en octubre de 2010 a Oficialía Mayor por parte de Contraloría Interna de Gobierno del Estado. La auditoría contiene seis puntos de observaciones en las cuales destacan 25 adjudicaciones directas sin ajustarse a la normatividad por contrato de servicios, en las cuales hay anomalías en el gasto de 47 millones 514 mil pesos.

En otra de las observaciones, se expone que no se recabaron cuando menos tres cotizaciones y no se formalizaron los contratos en 49 expedientes de contratación de servicios y adquisición de bienes, y cuyo excedente de pago fue de 49 millones 513 mil pesos.

También se encontraron 44 adjudicaciones directas sin seguir con el procedimiento establecido, pues en cada uno de los contratos se rebasó el monto máximo establecido para ese tipo de contratos, y en cuales hay irregularidades por más de 69 millones de pesos.

Según aseveró el Ministerio Público, se llevó a cabo una revisión para validar la veracidad de esa información, producto del cual se emitió un dictamen en materia contable con fecha de enero de 2012 y signada por un perito contable de la PGJE.

De acuerdo a ese dictamen, se validó parcialmente la existencia de irregularidades tales como ausencia de contrato a pesar de que estaba obligado a ello, tema en el cual el perito concluyó que de las 27 adjudicaciones directas, tres sí tuvieron contrato, pero en las demás se dejó de cumplir con la normatividad, además que no se presentaron cotizaciones.

En el dictamen también se validó parcialmente el punto sexto del dictamen de Contraloría Interna en lo referente a los contratos que superan los montos máximos establecidos para Gobierno del Estado en adjudicación directa, y establece que en 41 de los casos sí se realizaron bajo la modalidad de adjudicación directa y en 38 de ellos se rebasó el montos máximo de 500 mil pesos para ese tipo de contratos, en el resto no se presentaron dictámenes de justificación.

La defensa de Ruiz Fierro, por su parte, rebatió los argumentos presentados por parte del Ministerio Público y aseguró que el dictamen emitido por el perito contable de la PGJE, aunque validó la auditoría, no aporta elementos para demostrar las acusaciones, por lo que se trata de un documento no válido para este proceso.

Asimismo, la defensa informó que la Ley de Adquisiciones del estado no ha sido refrendada por funcionarios de alto nivel, lo que significaría que en este momento ya no tiene vigencia, mientras que las declaraciones de prestadores de servicios y empresarios tampoco demuestran las supuestas anomalías.

Con información de: La Jornada