En Zacatecas se hace uso político de la justicia: PRD
México, DF.- El Consejo Nacional del PRD aprobó por unanimidad un llamado al gobierno del estado, “para que cese de inmediato la persecución política emprendida por conducto de sus instituciones en contra de compañeros perredistas, así como para que deje de utilizar asuntos de carácter jurídico como instrumentos de denostación política y vuelva a restaurarse el estado de derecho en Zacatecas”.
Durante el pleno del VIII Consejo, los perredistas leyeron lo que denominaron el “Resolutivo Zacatecas”, en el que se exigió que el respeto de las garantías constitucionales de Eduardo Ruiz Fierro, ex oficial mayor del Gobierno durante la administración de Amalia García Medina.
Y además exhortaron al Poder Judicial de Zacatecas, “para que aplique la ley sin distingo de orientación política o de cualquier otra especie, y que no permita que los procedimientos jurisdiccionales sometido a su potestad se politicen y se usen para generar ventaja de partidos o grupos de interés”.
A nombre de los perredistas, Vladimir Aguilar García Secretario de Planeación del PRD aseguró que el gobierno priísta en la entidad, ha hecho un uso político de la justicia, y refirió que la detención de Ruiz Fierro “fue totalmente irregular, pues fue detenido en el Distrito Federal, por supuestos policías ministeriales fuera de su jurisdicción y sin utilizar en tiempo y forma el convenio de colaboración entre las procuradurías”.
Sostuvo que el sistema de justicia acusatorio vigente en Zacatecas tiene como principio rector la presunción de la inocencia, “y en el caso del compañero Eduardo Ruiz Fierro ha sido flagrantemente vulnerada, ya que desde el primer momento se ha hecho aparecer en la totalidad de los medios de comunicación locales y nacionales, como responsable de una serie de ilícitos que se encuentran como no decretados por autoridad alguna”.
Al tiempo, señaló que se trata solamente de una presunción, toda vez que “además no hay resolución emanada de un proceso legal justo donde sea oído y tenga la posibilidad de disfrutar de sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad y un debido proceso”.
