Alternativa progresista y social: Condición para abatir la pobreza

En México, como producto de las políticas neoliberales impuestas desde hace tres décadas, la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado notablemente; un mayor número de mexicanos no sólo viven en la miseria, sino que ahora sufren de pobreza alimentaria.

El desmantelamiento del Estado social en México con la privatización de empresas públicas, una apertura comercial indiscriminada y desventajosa, una competencia desleal a productores nacionales, la eliminación de subsidios, la contención salarial y la desregulación de mercados, ha determinado cambios en la estructura productiva del país que han tenido profundas repercusiones en los niveles de vida y de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población.

Hasta el año 2003, según el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), éramos la nación 53 en desarrollo humano, la 54 en calidad de vida, la 83 en mortalidad infantil, la 72 en escolaridad, la 58 en ingreso personal y la 121 en equidad de la distribución de esos ingresos; y esos indicadores no han mejorado a la fecha.

Resulta sintomático y ofensivo que nuestro país tenga al hombre más rico del mundo y al mismo tiempo a 52 millones de ciudadanos pobres, según las cifras oficiales del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Sin embargo, ese número podría ser aún mayor, tal como lo afirma el especialista en el estudio de la pobreza, Julio Boltvinik, quien asegura que el 75% de la población mexicana, es decir, 80 millones de personas viven en estado de pobreza y en medio de una inseguridad rampante.

Sumado a lo anterior, las políticas en materia social y de combate a la pobreza han resultado insuficientes para mitigar los efectos negativos sobre las personas que no cuentan con los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Entre 2008 y 2010 3.2 millones más de habitantes se sumaron a esta dramática condición y “la pobreza alimentaria seguirá en aumento”, debido a que la “volatilidad» en los precios continuará, afirmó Nuria Urquia Fernández, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). No obstante que los programas asistenciales son un elemento fundamental para garantizar el bienestar de las familias marginadas, su aplicación sin el apoyo de programas productivos podría eternizar el círculo de pobreza: “es necesario que la gente consiga su propio ingreso y no dependa sólo de un ingreso adicional”, enfatizó Urquia.

Además, existe una marcada diferencia en el índice de desarrollo humano entre mujeres y hombres; inequidad que se acentúa en las zonas de mayor marginación, donde las mujeres enfrentan dificultades extras para acceder a la educación, la salud y a las oportunidades de impulso a los proyectos productivos.

Al concluir el quinto año de administración federal panista, en su mayoría son negativos los saldos respecto a los derechos de las mujeres en áreas prioritarias como la salud, la educación, el empleo y las garantías humanitarias: en el año 2007 la tasa de desempleo femenino fue del 7.7 por ciento; en el 2011 se disparó a 10.49%. En función de ello, la economista especializada en estudios de género, Carmen Ponce, afirma que “el problema de la desocupación se está feminizando” y que el número de mujeres con empleos informales también va a la alza; en los últimos cuatro años la cifra pasó de 1.9 millones a 7.6 millones de trabajadoras en esa situación.

En este sentido, la representante de la FAO en nuestro país, aseguró que si los sectores femeninos en los cinco continentes contaran con las mismas oportunidades para acceder a los activos de desarrollo, “aumentaría la productividad a nivel mundial en un 30 por ciento. Estamos hablando de 100 a 150 millones de personas que dejarían de tener hambre al año”.

En este punto, cabe recordar el programa brasileño Fome Zero (Hambre Cero), establecido durante el gobierno del presidente Lula da Silva y que tuvo gran éxito: en cinco años la desnutrición en Brasil se redujo un 25% y cerca de 24 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Este programa fue implementado por el ministro extraordinario de seguridad alimentaria, José Graziano da Silva, ahora nuevo director de la FAO. En México, vale la pena atender este ejemplo en el contexto actual de una economía nacional endeble y con un campo en el abandono y casi agónico: los pequeños productores no pueden competir con los precios de importación; desde hace varios años, el agro mexicano ha dejado de ser rentable: se estima que más de 26 millones de mexicanos se encuentran en pobreza alimentaria, patrimonial y económica. Sin duda, un verdadero fracaso del proyecto nacional prevaleciente.

Sumado a lo anterior, las necesidades alimentarias se han agravado también a causa de la sequía y las bajas temperaturas que han afectado y persisten en una parte importante del territorio nacional, destruyendo las cosechas de productos de consumo diario. En consecuencia, las zonas marginadas son las que padecen en mayor medida la crisis alimentaria, debido a que disminuye su capacidad de compra; pero lo más alarmante, es que ya existen brotes de hambruna en Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Guerrero por la pobreza del campo.

A final de cuentas, los elevados índices de desempleo y de pobreza no cambiarán mientras persista el actual modelo económico; justamente, ese es el gran reto de la sociedad mexicana y de los distintos órdenes de gobierno para poder abatir la marginación, remontar nuestra economía y ofrecer una alternativa digna de vida a las mexicanas y mexicanos que hoy no la tienen.

Por último, la estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza tiene que partir del fortalecimiento de la economía; crear empleos bien remunerados, impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda.

Debemos desarraigar el esquema de política social centrado en la aplicación de programas asistenciales de carácter electorero; que lejos de ayudar a las personas sólo restan su capacidad creativa. Ante las limitaciones y el fracaso del modelo neoliberal, el sector social de la economía tiene que ser el eje de desarrollo nacional, por lo que es necesario darle rango de ley y destinar recursos suficientes para apoyarlo y hacerlo parte de los programas de gobierno. En la capital del país, el gobierno perredista y sus representantes populares, dieron ya inicio a este proceso y el Distrito Federal cuenta con políticas de Estado en materia social; como es el caso del apoyo a los adultos mayores, que privilegia el bienestar a partir de leyes obligatorias por parte de quien gobierne. Es un buen ejemplo a seguir.